Acerca del Plan General de Santa Cruz de Tenerife
Juan Julio
Fernández
No es fácil escribir sobre urbanismo y,
menos aún, cuando el ambiente está caldeado con la aprobación de uno de los
instrumentos legales que la ley establece -en este caso la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife- para regular la
actividad urbanística y edificatoria, que se ha aprovechado, se está
aprovechando o, acaso, se pretende seguir haciéndolo, más para la confrontación
política que para un acercamiento racional a la realidad, cada vez más
conflictiva, de unos núcleos urbanos que hace ya tiempo (con el invento de la
grúa y la aplicación generalizada del hormigón armado) dejaron de crecer lógica
y mesuradamente para hacerlo a impulsos del negocio especulativo.
El núcleo urbano surge o nace de la inclinación social del ser humano, de su
necesidad de vivir con los demás, de aprovechar sinergias de la comunicación y
el entendimiento y aquellos que, por una razón u otra, respondieron mejor a
estímulos internos o externos, fueron adquiriendo mayor relevancia y
significación en el proceso de civilización. Y si en la Edad Oscura o Media, el
conocimiento se acumuló, conservó e impulsó en los monasterios, a partir del
Renacimiento, fueron las ciudades las que asumieron estas funciones y
contribuyeron, con su progreso, a la cultura y a la calidad de vida del ámbito
occidental en que queremos movernos. Y algunas de ellas, con el tiempo,
empezaron a consolidarse como metrópolis o megalópolis, puede que acumulando
más inconvenientes que ventajas.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife, y sin perdernos en detalles, la
construcción de la ciudad empezó en el siglo XV en la
desembocadura del barranco de Santos y en el primer plano -el de Torriani, de 1588- las primeras calles conforman una malla
rudimentaria, con unas paralelas a la costa y otras al cauce del barranco, y
puede decirse que, en gran medida, para protegerse de ataques piráticos, el
desarrollo de la que podríamos llamar vida protourbana,
se organizó de espaldas al mar y que su crecimiento estuvo supeditado a la
superación de barreras naturales, como fue el citado barranco de Santos, por el
sur, lo que impulsó el crecimiento hacia norte y poniente, buscando el amparo
de la cordillera de Anaga. Hay que esperar al siglo XVIII para hablar de la primera expansión de la ciudad, al
empezar a primar, como principal actividad, el comercio ultramarino, cuando en
1706 desaparece el puerto de Garachico y al último
tercio del XIX para constatar que el empresariado
urbanístico, con sociedades de edificación, fue capaz de dar respuesta al
crecimiento demográfico y hacer crecer a la ciudad de forma ordenada.
Por encima de otras regularizaciones, planos o estudios, cabe decir que el
primer Plan General que se redacta es el de 1951, siguiendo el modelo del de
Madrid de 1944 para construir ciudad, que se aprueba en
Me salto otros incumplimientos y vulneraciones de la normativa y otras
revisiones y aprobaciones, para así llegar a 2009, en que tras siete años de
estudios, exposiciones al público, participación ciudadana y otras
intervenciones políticas y sociales, acaso con una información incompleta, no
muy bien explicada o no muy bien digerida, asistimos a una campaña en contra de
la revisión, apoyándose, básicamente, en los edificios que, sobrepasadas las
alturas, están fuera de ordenación y que ya lo estaban en el Plan de 1992,
dándose el espectáculo de plenos suspendidos con amenazas de bomba y manifestaciones
de apoyo y rechazo a una revisión en la que se arbitran medidas que dulcifican
el peso de la ley y que, al margen de enfrentamientos políticos, divergencias
legales o reclamaciones interesadas más o menos legítimas, en última instancia
ponen de manifiesto que la ciudad que, entre todos, hemos ido construyendo o
permitiendo que se construyera en los últimos años, es de calidad bastante
inferior a la que en otros tiempos se produjo. Y a eso, a tratar de recuperar
esa calidad perdida en determinados ámbitos de la ciudad, es a lo que atiende
el "fuera de ordenación" de las alturas excedidas que, además de la
menos traumática, resulta insoslayable por imperativo legal. Y es, cuando menos
discutible, que la pérdida de valor que algunos señalan por el fuera de
ordenación legal, no se haya producido antes al haber quedado muy devaluadas
para el uso residencial muchas calles, originariamente dimensionadas para casas
de una o dos alturas y reedificadas con cuatro o más, sin que, previamente, se
hayan previsto ensanches, espacios libres, aparcamientos o garajes, muchos
inviables sin una reagrupación previa de parcelas para conseguir dimensiones
adecuadas.
Personalmente opino que el planteamiento inicial de esta revisión debió ceñirse
más a los errores y aciertos del planeamiento anterior, sin caer en la
tentación de acometer un plan que puede ser tachado más de intervencionista que
de indicativo; criterio, el intervencionista, desaconsejable cuando se plantea
a largo plazo y sin arbitrar medios económicos y de gestión, pública o privada,
para financiarlo y, acaso, demasiado casuístico, cuando puede ser más eficaz y,
desde luego más pragmático, definir lo que no se puede hacer, para impedirlo,
que tratar de dirigir o imponer lo que se puede hacer, cuando, con la acelerada
dinámica actual, prever lo que puede resultar beneficioso es poco menos que
imposible.
Pero, aun así, el Plan revisado cuenta con aciertos -concretamente los
tratamientos del barrio de El Toscal y de la
Refinería, no vinculantes y remitidos a actuaciones posteriores-, recoge muchas
sugerencias y revela una intención de definir, si no un modelo de ciudad -a
estas alturas bastante difícil que pueda cambiar-, sí de controlar la ocupación
del territorio, que sigue siendo escaso y sigue tropezando con barreras de
distinto tipo. No aprobarlo sería disparatado y seguir en la situación actual,
peor, sobre todo cuando el principal obstáculo para su aprobación, según sus
detractores, son los edificios fuera de ordenación, que ya lo estaban, y,
además, sometidos a mayores restricciones que las que ahora se proponen.
Y, por supuesto, entiendo que hay que redoblar el control ciudadano para que la
burocracia se concentre en facilitar su desarrollo, agilizar los trámites e
impulsar actuaciones y no aplicarse a interpretaciones discrecionales,
restrictivas o estériles. De lo contrario, continuaremos en una situación de la
que podría decirse, sin reserva alguna, que es un urbanismo entendido como una
dictadura normativa y atenuada por su inobservancia.
Publicado en el periódico Diario de Avisos, 1-1-10