Agroisleña
en Venezuela socializada, empresa para el pueblo
José Tomás Bethencourt Benítez *
Nota
del autor: en el presente artículo la letra ñ de
Espana, espanol o espanola ha sido sustituida por la n, en un acto de rebeldía
lingüística contra ese estado europeo colonizador, que niega al pueblo canario
su derecho humano a la independencia y descolonización.
El lunes 4 de octubre de 2010, el
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías,
firmó el decreto ley de nacionalización de la empresa privada Agroisleña.
Desde que se produjo dicha noticia, los
medios de intoxicación de masas tanto en Canarias como en la metrópoli espanola
han aprovechado una vez más para atacar con mentiras, falsedades y
manipulaciones a la revolución socialista de Venezuela.
Esos medios que aplauden hasta con las
orejas las acciones de los gobiernos capitalistas de toda Europa, de socializar
las pérdidas de los Bancos y privatizar sus ganancias, se escandalizan y
vociferan por la decisión del gobierno venezolano de socializar las futuras
ganancias de una empresa ahora nacionalizada. Pero dicha reacción de los medios
capitalistas no debe extrañar, pues el cinismo, hipocresía y fariseísmo no
tiene límites en ellos. Muchos queremos saber cuánto dinero del pueblo, cuántos
recursos económicos públicos regaló el gobierno psoísta de ZP a las empresas
privadas del sector bancario, pero aún más, muchos deseamos que se exija a esa
banca privada que devuelva hasta el último céntimo de euro, del tremendo robo
que han perpetrado.
Le recuerdo a los lectores que el gobierno
psoísta de Felipe González y Miguel Boyer expropió a la empresa privada de Ruíz
Mateos RUMASA, y en aquel entonces, los delirantes y agresivos medios del
capitalismo espanol no reaccionaron como ahora. Las gallinas mediáticas que
tanto cacarean ahora contra la socialización de Agroisleña, son acérrimos
defensores del estado burgués y del capitalismo, nada dicen cuando el pueblo de
sus respectivos países es sometido a expropiación forzosa de casas, terrenos,
solares, o fincas, en estos casos lo ven normal, lo defienden y lo justifican
en base a un falso “bien de interés general”, cuando en la casi totalidad de
esas expropiaciones se esconden intereses particulares, privados y
minoritarios.
Pero
vayamos al tuétano del hueso, ¿qué es Agroisleña?, ¿de quién era propiedad esa
empresa?, ¿cuáles eran sus prácticas empresariales?, ¿por qué el gobierno de
Venezuela la socializa?
Agroisleña
empresa privada capitalista
fue fundada en el año 1955 por Enrique Fraga Alfonzo, propietaria de más de
La repercusión tan furibunda que en las
Islas Canarias ha tenido dicho acontecimiento obedece al hecho de que la
propiedad de la misma era de un presunto oriundo de las mismas, que se siente y
se considera más espanol que canario.
Agroisleña se
había terminado convirtiendo en un oligopolio que está terminantemente
prohibido en la constitución venezolana, desoyendo reiteradas veces los
múltiples requerimientos que desde el ministerio de agricultura y tierras que
dirige Juan Carlos Loyo se le ha venido haciendo.
Esa empresa privada venía practicando la
especulación, el acaparamiento, el desabastecimiento, el no respeto
medioambiental y la competencia desleal, delitos todos ellos contemplados en la
legislación venezolana. Muchos son los empresarios que en Venezuela han
entendido y aceptado la nueva situación socio-política que la mayoría del
pueblo ha elegido democráticamente, pero hay otros tantos entre los que se
encuentran los propietarios de Agroisleña que utilizan sus empresas como
organizaciones políticas que desestabilizan y subvierten al Estado Venezolano.
La soberanía alimentaria es una de las
tantas prioridades del gobierno revolucionario, los alimentos que aseguren la
eliminación del hambre del pueblo, no pueden estar en manos de grupos
minoritarios y oligárquicos. El sector agrícola es estratégico y no puede ser
utilizado como un arma contrarrevolucionaria y especulativa al más rancio y
criminal estilo capitalista. Una de las 8 metas del milenio fijadas por la ONU
es la de reducir el hambre y la pobreza en el mundo, en este punto Venezuela se
ha tomado muy en serio su tarea de contribuir al logro de la misma.
Esa empresa ahora socializada mantenía una
relación feudal con los pequeños productores venezolanos, tal como ha sido
denunciado por la diputada recién electa al Parlatino Ana Elisa Osorio, en
representación por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Agroisleña le daba semillas y fertilizantes a los campesinos para que
luego pagaran con la cosecha. Incluso cuando al campesino le quedaba un
excedente de producción, entonces Agroisleña le pagaba con más semillas y
fertilizantes.
Ese oligopolio transnacional utilizaba
mecanismos perversos en detrimento de los trabajadores del campo, acentuándolos
con más fuerza desde el triunfo de la Revolución Socialista Bolivariana en el
año 1999, lo cual demuestra que la paciencia tiene un límite y la última gota
ya rebosó el vaso. Agroisleña usaba
préstamos agrícolas que le concedía el Estado al 6%, para luego transferirlos
al campesinado en forma de créditos al 16%, convirtiéndose entonces de hecho en
una entidad bancaria especuladora sin estar legalizada para ello.
En otros muchos casos, Agroisleña vendía fertilizantes y pesticidas a precios
triplicados, cuando en su mayoría esos productos provenían de la Petroquímica
de Venezuela (Pequiven), la cual vendía a esa empresa
a precios regulados.
Otra de las prácticas empresariales
delictivas de Agroisleña era el uso y comercialización de agroquímicos tóxicos
prohibidos, esto es, contaminantes altamente peligrosos para el ambiente, la
naturaleza, el campesinado y la salud de los consumidores de alimentos. A modo
de ilustración en el Estado de Mérida, uno de los 23 que conforman Venezuela,
la empresa tenía 7 tiendas provocando precisamente allí el índice más alto de
intoxicación por pesticidas de todo el país. Dicha práctica delictiva ha venido
reiteradamente violando y contraviniendo el artículo 315 de la constitución
venezolana.
En cuanto a los pesticidas la empresa,
desde hace mucho tiempo, venía actuando como brazo ejecutor en Venezuela de las
políticas imperialistas de las transnacionales como Monsanto, Novartis, Basf, Bayer quienes fabrican y comercializan
algunos productos mundialmente prohibidos dada su toxicidad, tales como los
coloquialmente conocidos “los doce del patíbulo” o la “docena sucia” (dirty
dozen), 12 plaguicidas que desde el año 1985 la Red
Internacional de Acción en Plaguicidas había establecido la prescripción de su
no uso.
Los propietarios y directivos de esa
empresa se terminaron convirtiendo por tanto en el mayor obstáculo para los
avances de la Revolución Agrícola, un modelo alternativo ecológico, natural y
biológico de agricultura, que respeta la Tierra (Pachamama) y que no la agrede
o mata como en el modelo capitalista explotador.
Los propietarios de Agroisleña han cometido delitos y en
cualquier país se les llamaría delincuentes, por tanto, susceptibles de pagar
con cárcel o con multas los mismos. La Revolución Bolivariana, que avanza con
decidida vocación socialista y humanista, pagará lo que justamente corresponda
por la expropiación, no le quepa duda alguna a nadie, pues en el artículo 115
de su constitución dice literalmente “Se garantiza el derecho de propiedad.
Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes.
La propiedad estará sometida a las contribuciones,
restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad
pública o de interés general. Sólo por causa de
utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme y pago
oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de
cualquier clase de bienes”.
En Canarias, última colonia de Espana en
África, algunos voceros de CC (Coalición Colonial, Coalición Capitalista, Coalición Canalla, Coalición Cemento, Coalición
Colaboracionista, Con Cualquiera), han vociferado ante la socialización de esa
empresa, motivados por la presunta procedencia canaria de alguno de sus
propietarios, contando como de costumbre falsedades y silenciando o negando las
verdades. Hasta tal extremo han llegado, que han rogado a su amo en la
metrópoli, para que el Ministerio de Exteriores espanol intervenga en defensa
de los antiguos propietarios, tan espanoles ellos.
Yo invito amablemente a los propietarios
espanoles de la extinta Agroisleña, a que se instalen en Espana, por ejemplo en
Murcia, Almería, Alicante o cualquier otro sitio que elijan e intenten seguir
con sus prácticas empresariales, a ver si se lo permiten. En cualquier
caso, dejen ya en paz a los pueblos
americanos.
En esa línea demonizadora de Venezuela y su
revolución, como siempre ha estado también la agencia fabricante y difusora de
“noticias” EFE, cuya sigla bien pudiera corresponder a Empresa Falangista
Espanola.
Algunos plumillas
en Canarias han llegado a afirmar que el derecho internacional capitalista está
por encima del derecho nacional socialista de Venezuela. Algunos empresarios,
políticos y periodistas de la órbita capitalista tienen el reloj parado, porque
se niegan a darle cuerda o a cambiarle la pila, no aceptan ni quieren ver que
muchos pueblos en el mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, se
rebelan contra el criminal, antihumano e injusto sistema capitalista. Allá
ellos con esa ceguera crónica, más fuerte será el toletazo.
El planeta Tierra a pesar de los
desesperados esfuerzos del imperialismo capitalista de los Estados Unidos de Israel,
transita de un mundo unipolar hacia otro multipolar, en el cual emergen nuevas
fuerzas internacionales, entre las cuales se encuentra Latinoamérica. En ese
nuevo mundo, empresas como la antigua Agroisleña ya no tienen cabida.
La nueva empresa que ya ha sido parida en
Venezuela se llama Agropatria y ésta sí estará al servicio del pueblo y el
campesinado venezolano, demostración de ello ha sido el rotundo respaldo que
los trabajadores de la empresa han dado a la expropiación. La producción,
distribución y comercialización de alimentos, así como de insumos para la
agricultura, se verá muy mejorada.
* Profesor Titular de Psicología en la ULL