¿Cabras fuera de la ley?
Wladimiro Rodríguez Brito
Cada día, cuando salimos al campo los vecinos de la
Isla, nos preguntan por temas para los que no tenemos una fácil respuesta, ya
que se ha hecho un marco de leyes para las Islas alejado de nuestra realidad.
Por si fuera poco,
aplicado por cuatro o cinco administraciones; leyes sobre cada chapa, morra o
barranco tan alejadas de la realidad como limitar el pastoreo en amplios
espacios que no son forestales ni tampoco públicos; ni la Administración tiene
un euro para su gestión, con lo que establecemos por decreto un amplio espacio
sin actividad agraria, forestal o ganadera. Es más, en una zona en la que el
pastoreo tiene miles de años y la naturaleza que conocemos es el resultado de
dicha actividad, ahora -por decreto- prohibimos el pastoreo, sin ninguna
gestión alternativa, olvidando que las actuales condiciones de vegetación son
el resultado de un sabio manejo de pastoreo y agricultura, en el que la
vegetación actual se debe, más que a otra cosa, a una estabilidad antrópica -el pastor eliminaba las plantas que debilitaban
los pastos, incluso sembraban las más favorables, manteniendo un equilibrio que
ahora se rompe-, imponiéndose unos matorrales de gran capacidad de combustión:
zarzas, cañeros, magarzas, tojos, retamas, hinojos, granadillos, etc. En otros
casos, los tabaibales hacen intransitable los accesos al campo.
Hasta ahora, la
economía nos había permitido importar leche, carne y pienso para el ganado. Por
ello se habían fabricado unas leyes que declaraban protegido más del 50% del
territorio, proclamando una supuesta protección sin presupuesto, ignorando que
proteger no puede ser volver a un supuesto mundo preguanche.
Entre otras cosas porque vivimos aquí algo más de un millón de personas que no
podemos poner en la mesa tabaibas, cardones o retamas. Por lo tanto, eso que se
llama sostenibilidad tiene una gran complejidad, y la cabra y las personas son
parte de eso que llamamos naturaleza, así que hemos de convivir con la
naturaleza, haciendo el mejor uso posible.
No podemos excluir los
usos tradicionales; por decreto ya lo hemos hecho en el Parque Nacional del Teide. No tiene sentido el pastoreo en las zonas de la
Corona Forestal. Sin yerba debemos plantearlo en las zonas adehesadas o en los
cortafuegos, impidiendo el pastoreo en zonas de reforestación, activando la
ganadería en las tierras abandonadas de las medianías; no tiene sentido
prohibir el pastoreo en este o aquel morro, chapa, barranco, etc. porque tiene
esta o aquella categoría de protección. Es más, lo hacemos en fincas particulares
en las que tampoco reforestamos ni hacemos ninguna actividad de gestión
(retirando vegetación para evitar incendios).
La declaración de
protección se hace sin contrapartidas económicas por parte de los responsables
de los planeamientos del Gobierno de Canarias que supuestamente planifican.
Así, en Anaga o en la Corona Forestal se ha
suspendido casi todo tipo de actividad de pastoreo, prohibiendo la construcción
de establos o actividades complementarias para la ganadería en nombre de una
supuesta protección ambiental. Las cabras y los pastores las hacen
incompatibles con el medio ambiente.
Tal planeamiento
genera en la Isla dos problemas serios: uno es social, pues a miles de familias
que pueden vivir de la ganadería, proporcionando alimentos frescos a la población
local, las incorporamos ahora a las listas del paro. Pero, es más, el problema
ambiental es grave. Al retirar el pastoreo sobre un territorio que había
mantenido un equilibrio hombre-naturaleza, se dispara el crecimiento de la
vegetación que el hombre había controlado para proteger los pastos como
complemento a la actividad agraria, pasando al desarrollo de monoespecies que lo hacen impenetrable, en donde sólo
entran, en contadas ocasiones, los cazadores, creando un campo apropiado para
los incendios, dada la cantidad de maleza que cada verano cubre lo que antaño
habían sido zonas de pastos, incluso antiguos manchones.
Este año hemos
atendido para controlar incendios en zonas costeras, próximas a la Dársena
Pesquera, barranco de Jagua, cerrillos entre cardones y tabaibas. Antes era una
zona de pastoreo y, en consecuencia, quedaba libre de combustible en el verano.
Ante este panorama, es
urgente modificar el marco legal y competencial en el que los usos
tradicionales se mantengan, con excepción muy justificada de algún enclave de
protección; de lo contrario, los hechos dejarán las leyes en las gavetas de las
administraciones, perdiendo la cosa pública la necesaria función de ordenar el
uso de un territorio complicado, en el que las demandas de cada día hipotecan
alternativas de futuro. El hombre, las cabras, el pastoreo y la naturaleza son
compatibles; las leyes no se pueden hacer sin buscar consenso.
Ahora, que oímos
hablar del pastoreo en la lucha contra los incendios en Portugal, en Australia,
etc., etc., aquí expulsamos a los ganaderos, incluso de las tierras que rodean
la Corona Forestal, con leyes para las que no tenemos argumentos razonables,
para defenderlas, ya que ignoran la naturaleza y la cultura de los moradores de
esta tierra desde los guanches hasta la época de las
importaciones de leche en polvo y yogurt bebible. Hagamos un esfuerzo por
mantener los usos tradicionales en los que agricultura, ganadería y medio
ambiente no sean actividades excluyentes. No es de recibo tratar a nuestros
ganaderos como delincuentes mientras importamos gran parte de lo que comemos.