Canarias y la reforma constitucional

Juan Manuel García Ramos

El pasado lunes, el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero Baute, dictó una conferencia en Madrid, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dentro del ciclo "Treinta años de Constitución. La Constitución vista por las Comunidades Autónomas".

Teniendo en cuenta que, al día de hoy, Paulino Rivero es el único presidente nacionalista de una comunidad autónoma española, su comparecencia en una cita como ésa despertaba un interés añadido que, a nuestro leer y entender, nuestro presidente no rentabilizó hasta donde era posible hacerlo, aunque sí adelantó las pretensiones fundamentales que nuestro pueblo insular atlántico mantiene ante una próxima reforma de la Carta Magna española.

Para Paulino Rivero, la Constitución de 1978 fue una suerte de contrato social entre los ciudadanos de entonces que definió de forma abierta, flexible, dinámica e integradora el camino que se quería recorrer, una suerte de compromiso responsable. Y, en esa misma línea, los Estatutos de Autonomía se convirtieron en normas que complementaron a la propia Constitución y formaron lo que se ha acabado por denominar Bloque de la Constitucionalidad.

Pero como todo instrumento hecho por la mano y la cabeza del hombre, sigue manteniendo Rivero Baute, la Constitución de 1978 era, y es, sin duda, mejorable.

Según el presidente canario, fruto de una interpretación egoísta y estrecha de la Constitución, muchos pueblos de España, entre los que incluye -¡cómo no!- a nuestro Archipiélago, han podido contemplar un freno a sus legítimas aspiraciones, obstaculizándose así una mayoría de edad política para todos ellos.

No deja de tener razón el presidente en este punto, pero sería injusto no reconocer que parte del freno que se ha puesto a esas legítimas aspiraciones de los territorios autónomos y, en especial, del canario, no ha partido sólo del poder central, sino desde esas mismas comunidades autónomas y desde sus propias instituciones ejecutivas y legislativas.

En ese sentido, siempre hemos mantenido que en Canarias teníamos un Estatuto de Autonomía reformado en 1996 que no habíamos sabido desarrollar con el coraje y la imaginación que nos exigía la literalidad de su articulado.

Y, en su día, hasta precisamos a qué nos referíamos: al artículo 34.2 del citado Estatuto sobre la creación de la policía canaria: contra la inseguridad ciudadana y las mafias que se mueven por nuestros suelos y mares como Pedro por su casa. Sin timideces a la hora de plantearlo y defenderlo, haría falta una Guardia Nacional Canaria, arraigada, profesionalizada y dotada de medios técnicos y dedicada a acabar con delitos específicos generados en la Canarias de los últimos decenios.

Al art. 37.1 de residencia y trabajo de extranjeros y a un desarrollo creativo del art. 299.2 del Tratado de Amsterdam: para la regulación de la inmigración de todos los colores que padecemos y la demografía disparada del Archipiélago. ¿No sería lógico solicitar a la UE una oficina de relaciones con África y América en Canarias también bajo el paraguas de ese art. 299.2 o Estatuto Permanente de las Regiones Ultraperiféricas?

Al art. 37.2 de presencia del Gobierno de Canarias en negociaciones de la UE que nos conciernan: para sentarnos a hablar con Marruecos y otros países del entorno sobre inmigración, pesca, prospecciones petrolíferas, y con los países del área dólar sobre el plátano.

Al art. 40.1 de ámbito territorial: para una delimitación definitiva de nuestras aguas oceánicas.

Al art. 46.1 del REF, para buscar salidas imaginativas a los recursos acumulados de la RIC y para paliar el saqueo económico en esferas como las de las empresas constructoras, hosteleras, financieras y de seguros foráneas.

Ha faltado fortaleza y consenso de todas las organizaciones políticas del Archipiélago para impulsar esas iniciativas estatutarias que estaban contempladas en textos consensuados y aprobados en su momento por las Cortes Generales. Nosotros también somos culpables de esa desgana a la hora de aplicar las leyes vigentes que nos rigen.

Las leyes, los decretos y las normas de rango inferior están para aprovecharlos en toda su enjundia jurídica y semántica antes de sustituirlos por otras leyes, otros decretos y otras normas de menor categoría.

También invocó el presidente canario, en su intervención madrileña, la deuda histórica del Estado con las comunidades y denunció cómo ya se había atendido a catalanes y andaluces en esta reclamación, cómo se habían abierto vías de negociación con baleares, aragoneses y extremeños, y cómo se seguía ignorando un desfase contable con respecto a Canarias de unos seis mil quinientos millones de euros, cantidad derivada de nuestro aumento poblacional en los últimos años, de los incumplimientos de los artículos 95 y 96 del Régimen Económico y Fiscal, que obligan a invertir al Estado en Canarias como mínimo la media de lo que invierte en el resto de las comunidades, y una cantidad derivada además de las indebidas retenciones del Ejecutivo Central del extinto Impuesto de Tráfico de Empresas.

Otro asunto argumentado por Rivero en Madrid fue el de la necesaria reforma del Senado para convertirlo en una auténtica cámara de representación territorial. El modelo al que se aspira bien podría ser el Bundesrat o Consejo federal de Alemania, una pieza clave del singular federalismo germano donde el poder central ejercido por el Bundestag y el poder de los territorios, los dieciséis länder, mantienen un equilibrio complementario en lo que significa la ingeniería legislativa y de gobierno de ese país centroeuropeo.

Según Rivero, ese Senado renovado debiera acoger entre sus funciones primeras la de aprobar el sistema de financiación autonómica, "que es, a la postre, el que vertebra la solidaridad interterritorial".

En esa etapa futura de postconstitucionalidad, de "nueva transición democrática", se trataría de proceder a una reintegración de los hechos diferenciales de las distintas comunidades como un avance solvente de la descentralización del Estado. Y es en esa perspectiva en la que Canarias ha de defender un estatus especial que reconozca -algo ya contemplado por el derecho comunitario- su condición de territorio ultraperiférico -lejanía más insularidad- y atlántico necesitado de máximas competencias para moverse con soltura, inteligencia y juicio -el juicio, esa virtud del dirigente político con luces- en el contexto geoestratégico donde están instaladas nuestras islas.

Una intervención en Madrid, la del presidente del Gobierno de Canarias, para estimularnos a seguir pensando sobre el futuro que nos aguarda siempre que sigamos en el marco de relaciones con el Estado español y la Unión Europea. Siempre que permanezcan vigentes los contratos políticos que mantenemos con esas dos estructuras, la estatal española y la supraestatal europea.

En esa dinámica de entendimientos, la salvaguarda de un estatus especial para Canarias es un quehacer permanente que nos exige activar nuestros mejores reflejos políticos. En esas estamos. Por ahora.