Visita del candidato Rajoy

Justo Fernández Rodríguez

La corrupción política, en sus múltiples formas, sobornos, concesión de licencias; recalificación de terrenos rústicos en urbanizables; privatización de servicios públicos; concesión de proyectos de obras públicas a empresarios amigos, desatada en toda España, especialmente en Baleares, Madrid, Murcia, Valencia y Canarias, constituye un abuso de poder y un engaño inadmisible para quienes confiaron la gestión pública de sus intereses a los dirigentes del Partido Popular.

En medio de las escandalosas tramas de espionaje y corrupción, promovidas y denunciadas por las facciones de poder que luchan dentro del PP, con la ayuda interesada de algunos medios de comunicación como El Mundo, la COPE y algunos portales digitales, Rajoy y Esperanza Aguirre disimulan su animadversión para responsabilizar de la imputación, por corrupción, de decenas de cargos públicos y políticos, nacionales, autonómicos y municipales, a la manipulación de la Policía y la Justicia, magistrados, jueces y fiscales, y siempre en perjuicio del Partido Popular. Esa táctica también viene siendo utilizada en Canarias por José Manuel Soria, vicepresidente del Gobierno canario y presidente regional del PP. Ni siquiera es una estrategia novedosa. Es la que utilizan siempre los partidos, abrumados por las denuncias, en aquellos sitios donde gobiernan.

Mariano Rajoy ha venido a Canarias y, como era lógico, ha insistido en la parcialidad de la actuación de la Justicia en los numerosos escándalos de corrupción que afectan al PP y, directamente, a su presidente, Soria. "Lo que pasa en Canarias no es normal". ¿Cómo es posible que un caso de corrupción evidente, Las Teresitas, que dura más de una decena de años desde que fue denunciado, todavía no ha sido resuelto por la Justicia canaria, pese a las dos sentencias del Tribunal Supremo que anulaba el mayor pelotazo de la historia de Canarias? Alguien con mala uva podría preguntarse, ¿quién nombró a la magistrada encargada del caso? ¿De quién es amiga? ¿Por qué no explica qué ocurre en el juzgado de Nules (Castellón), donde han dimitido siete jueces y seis fiscales para no tener que juzgar al presidente de la Diputación, Carlos Fabra, imputado en nueve delitos de corrupción en sus diversas variantes? ¿Querrá explicarnos por qué Francisco Camps, presidente de la Comunidad de Valencia, tras ser imputado en la Operación Gürtel, se reunió con el nuevo vicepresidente del Poder Judicial, con el que le une una estrecha amistad? ¿Podría aclarar qué relación existe entre el juez que investigará a Camps y una empresa del marido de la abogada de Álvaro Pérez El Bigotes, cuando éste compareció ante Garzón? ¿Sabe a cuántos dirigentes del PP, incluido el tesorero nacional, sobornó, compró coches, pagó trajes, bodas o comuniones Francisco Correa, conocido en la calle Génova desde los tiempos de Aznar?

Mariano Rajoy, en su función de oposición, se ha cansado de acusar a Rodríguez Zapatero de "mentir a los españoles", especialmente por "la ocultación" de la crisis mundial que el PP ni siquiera mencionaba en su programa electoral de las últimas elecciones. ¿No le informó Rodrigo Rato sobre lo que se nos venía encima desde su inigualable observatorio de la economía mundial, como director gerente del Fondo Monetario Internacional, hasta su dimisión efectiva en noviembre de 2007? Rajoy fue el que nos engañó con los "hilillos de plastilina" del Prestige; nos tomó el pelo, apoyando a Bush y Aznar, en el peligro de las "armas de destrucción masiva" que poseía Sadam Hussein para justificar la agresión militar a Irak; fue cómplice de la trágica tomadura de pelo a las familias de los 62 militares muertos en la catástrofe del Yak-42, cuyos cadáveres fueron entregados sin la imprescindible identificación, culminando sus mentiras con fines electorales ocultando las pistas de los verdaderos autores de los atentados del 11-M y acusando a ETA. Cinco años ha necesitado para reconocer sus mentiras. En el programa de TVE Tengo una pregunta para usted reconoció que hoy no cree que la banda terrorista ETA estuviera detrás de los atentados. Que se lo comunique a la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, que desde su puesto de subsecretaria del Ministerio del Interior, siendo su titular Ángel Acebes, fue cómplice del engaño a todos los españoles.

En su crítica sistemática al Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, ha llegado a calificar los últimos nombramientos como el reconocimiento de su fracaso: "No hay precedentes de una remodelación tan importante cuando no llevan ni un año al frente de sus responsabilidades". Se olvidaba que, precisamente, era el comodín preferido de Aznar para sus cambios de ministros. Aznar lo utilizó a fondo durante sus ocho años de gobiernos del PP. Desde mayo de 1996 a enero de 1999 fue ministro de Administraciones Públicas. Fue ministro de Educación y Cultura, sustituyendo a una fracasada Esperanza Aguirre. En 2000, fue nombrado vicepresidente primero y ministro de la Presidencia. En febrero de 2001, sustituyó a Jaime Mayor Oreja como Ministro del Interior. En julio de 2002 asumió la cartera de portavoz del Gobierno y ministro de la Presidencia. Eso lo dice un personaje que, al frente de Educación, estuvo catorce meses; como ministro de la Presidencia, se mantuvo diez meses, y como ministro de Interior, once meses. Los resultados de su gestión pública en esos ministerios no pueden catalogarse de positiva. Se realizó el mayor expolio a los españoles, privatizando las empresa públicas más rentables, entregándolas a precios de ganga a los amigos de Aznar, incluido su "compañero de pupitre", Juan Villalonga, que se llevó nada más y nada menos que Telefónica, utilizada como ariete para agredir a medios de comunicación no entregados a los intereses del PP y ahora, como refugio de políticos amortizados.

Los votos de millones de trabajadores, pensionistas y desempleados fueron utilizados para reducir su poder adquisitivo, facilitar un despido más barato, reducir las pensiones, endurecer las condiciones de acceso a ellas y destruir el sistema de protección social, que había costado decenas de años de lucha obrera.

En los ocho años de gobiernos de la derecha, representada por Aznar y Rajoy, el gasto en protección social en España disminuyó. Pasó del 24% del Producto Interior Bruto (PIB) en 1995 al 19% en 2003, ocupando el penúltimo lugar de la Unión Europea.

El esfuerzo presupuestario en educación disminuyó. Del 5,5% del PIB en 1996 pasó al 4,4% en 2003, pese al aumento de alumnos. Se redujo el número de becas universitarias, pasando de 283.226 en 1996 a 196.053 en 2004. Cuando terminó el mandato del PP, en 2004, España era uno de los países desarrollados con mayor desigualdad entre hombres y mujeres. Durante ocho años, los gobiernos de Aznar realizaban una previsión de inflación a la baja, condicionando la negociación colectiva que, en buena parte, salvaba el poder adquisitivo de los salarios, mediante las cláusulas de revisión. Los funcionarios, y los que percibían el salario mínimo, sin cláusula de revisión, perdieron poder adquisitivo año tras año. Mientras, se reducían los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en 13.000 miembros y se reducían los presupuestos, la criminalidad aumentó un 28% y se dispararon los beneficios de la seguridad privada.

En los últimos días, se han producido algunos hechos y manifestaciones que seguramente han alegrado a Mariano Rajoy. La OCDE ve signos de reactivación en Italia, Francia y otros países de la OCDE. Barack Obama vislumbra los primeros "rayos de esperanza" en la economía estadounidense. En España, suben las ofertas de trabajos ofrecidas en el INEM y las empresas de trabajo temporal detectan una estabilización en los contratos.