Una clarificadora iniciativa

Ramón Moreno Castilla

Siempre he sostenido públicamente, en todos los foros nacionalistas, que una de las armas políticas de mayor calado -por su argumentación demoledora e irrefutable- con que cuenta Canarias es la reivindicación de nuestras aguas archipelágicas. Y ello es así, porque en dicha reivindicación subyace un ejercicio de soberanía (que sólo se podrá ejercer desde un Archipiélago independiente); al tiempo que emergen las enormes contradicciones, de la anacrónica y ya insostenible "españolidad de Canarias", seriamente cuestionada.

De ahí, que un nutrido grupo de canarios afines, plenamente comprometidos e identificados con nuestra Patria, hayamos decidido poner en marcha el Observatorio Marítimo del Archipiélago Canario (OMAC), con el objetivo prioritario de llevar a cabo cuantas acciones legales sean precisas para que España explique por qué si "Canarias es española", como se insiste, no haya delimitado aún nuestras fronteras marítimas para sacarnos de la Zona Económica Exclusiva de Marruecos, en la que estamos englobados desde el año 1981, con todo lo que ello implica.

España tiene, pues, la carga de la prueba; y considerando que, en su caso, la presunción de inocencia supone la negación de la evidencia es, por consiguiente, presunta culpable de colonialismo. Del que tendrá que responder, no sólo ante el Comité de los 24 de la ONU (cuyo plazo expira en el 2010), sino ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, por el genocidio cometido contra la población aborigen que habitaba nuestras Islas, cuando fueron salvajemente conquistadas por sus hordas invasoras.

Esta institución, apartidista, se propone difundir de forma clara y pedagógica, con todo rigor conceptual y expositivo, los entresijos del Derecho Marítimo -rama del Derecho Internacional Público- aplicable a Canarias. Para ello, el OMAC explicará este delicado asunto a todos los interlocutores sociales, partidos políticos, organismos públicos y privados, asociaciones diversas y, fundamentalmente, al tejido empresarial y sectores vinculados al transporte marítimo y pesquero. En definitiva, a todo el pueblo canario en general, huérfano de información veraz y objetiva sobre el particular.

Asimismo, el OMAC instará a las dos universidades canarias a que sus cátedras de Derecho Internacional opinen al respecto, porque hasta ahora no han resollado en un tema de capital importancia para nuestro futuro. Deberían ilustrarnos, por ejemplo, cómo la "soberanía política" que todavía ejerce España sobre Canarias, consecuencia de un sanguinario proceso de cruenta conquista y evangelización por la fuerza de las armas, conculca flagrantemente la legalidad internacional. Ya que, como saben los doctos catedráticos y profesores de ambas facultades, y el mismo cuerpo de reputados juristas, ese decimonónico criterio de "soberanía política", subterfugio legal esgrimido por las potencias coloniales para dar validez a la apropiación de territorios por la fuerza de las armas (¡como fue el caso sangrante de Canarias!), es contrario y opuesto al principio emergente de "localización geográfica" consagrado en el Derecho Internacional contemporáneo.

Y es de suponer que esas eminencias conocen perfectamente que ese caduco criterio de "soberanía política", mediante el cual España sigue apuntalando la artificiosa "españolidad de Canarias", tomó diferentes connotaciones actuales a partir de la II Guerra Mundial, a través del proceso de descolonización e independencia de los países del Tercer Mundo (colonias europeas), al poner de relieve la existencia de otros factores que hasta entonces habían sido deliberadamente ignorados, y que son consustanciales y aparecen inherentes a este renovado criterio político. Esos factores son el binomio "población y territorio", los cuales, al ser considerados parte esencial del concepto de "independencia política", hallaron su máxima expresión y reconocimiento en el derecho inalienable e imprescriptible de los pueblos a la libre autodeterminación e independencia (¡en el caso de Canarias, a recuperar su libertad y soberanía!), y a disponer de los recursos naturales de su territorio.

Estos dos principios, estandartes del Derecho Internacional contemporáneo, tuvieron su más álgido protagonismo en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la mano de los nuevos países que irrumpieron en la comunidad internacional. ¿Cuáles son las causas que justifiquen el clamoroso silencio de la ULL y de la ULPGC, y cómo es posible que le sigan hurtando al pueblo canario su sapiencia y conocimientos sobre esta materia?

A propósito de estos antecedentes, debemos señalar que cuando en 1970 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió convocar para 1973 la llamada Tercera Conferencia del Mar -que culminaba las dos anteriores de Ginebra de 1958 y 1960-, se estaba produciendo uno de los hechos más relevantes en la evolución del Derecho Marítimo. Todo un acontecimiento histórico que, sin embargo, pasó totalmente desapercibido en Canarias, pese a nuestra condición de Archipiélago, y a las grandes transformaciones que se avecinaban; dado que ni para las mencionadas convenciones de Ginebra, ni para el derecho consuetudinario anterior, el concepto de archipiélago existía jurídicamente.

Ni siquiera la promulgación por parte de Marruecos, en marzo de 1973, del Dahir donde ampliaba sus aguas territoriales e instituía una zona exclusiva de pesca de 70 millas náuticas, despertó mayor inquietud en Canarias; a pesar de que entonces se especulaba con que dicho Dahir fuera utilizado por el reino de Marruecos para entorpecer las comunicaciones marítimas y aéreas con la metrópoli.

Dos circunstancias explicarían, en nuestra opinión, tal indiferencia. Una, que Canarias ha vivido incomprensiblemente de espaldas al mar; y otra, la seguridad de que entonces España estaba firmemente asentada en el Sahara, lo que en la práctica hacía del espacio marítimo canario-sahariano una especie de "mar interior español", y nos convertía en administradores y usufructuarios de los abundantes caladeros saharianos. El rápido desenlace de la crisis del Sahara en 1975 con la famosa Marcha Verde dejó a Canarias como Región Frontera (otro eufemismo más de la españolidad) y con una sensación de desamparo, convenientemente fomentada, que todavía perdura en los canarios españolistas.

De la falacia de que Marruecos nos invadiría, hemos pasado a la cruda realidad de estar dentro de su ZEE; atrapados en una infame y canallesca indefensión político-jurídica que no tiene parangón en los anales del colonialismo mundial. Así que, sufridos y pacientes compatriotas, no nos llevemos a engaño; el futuro de Canarias y la supervivencia de nuestro pueblo pasa, indefectiblemente, por tres escenarios posibles: continuar siendo una colonia española en África, con el "encofrado constitucionalista" de comunidad autónoma, RUP y todo ese "andamiaje"; o ser un archipiélago de Estado marroquí, como lo es Baleares de España, al estar situada en el mismo continente y bañada por el mismo océano? Salvo que nos constituyamos cuanto antes en un Estado archipelágico, libre y soberano, como Cabo Verde y, por tanto, sujeto de Derecho Internacional. ¡Esta es la única solución, no les quepa la menor duda!