La coalición electoral
Iniciativa Internacionalista – La solidaridad entre los pueblos, en su
recurso de amparo al Tribunal Constitucional español, expresó “un claro rechazo
y condena del uso de la violencia para la obtención de objetivos políticos en
el marco de un Estado democrático”. Esta condena expresa, que habían eludido
anteriormente, fue determinante para que se le permitiera presentarse a las
elecciones europeas, tal y como recoge la propia sentencia del TC.
Lo que hace en esta
declaración oficial II-SP
es reconocer al Estado democrático burgués el monopolio de la violencia,
rechazando toda otra. Al fin y al cabo, el mismo Estado -todo Estado- no es
otra cosa que la violencia organizada en régimen de monopolio de una clase
sobre otra. Aceptar el statu quo “en el marco de un Estado
democrático” es obviar la propia violencia del Estado y el carácter de clase de
éste.
Así como los
comunistas estamos radicalmente en contra de la violencia terrorista de grupos
reducidos que usurpan la voluntad de las masas, no podemos oponernos a la
violencia de masas “para la obtención de objetivos políticos”. Nuestra propia
definición de revolucionarios indica precisamente todo lo contrario: que somos
partidarios de la acción del pueblo en armas para derrocar el Estado existente,
por muy “democrático” que trate de parecer. Y por muy “democrático” que se le
reconozca, como hace II-SP.
No es cuestión de
gustos, sino de necesidad. Tal y como expresaba Lenin, “no hay Estado, incluso el más democrático, cuya Constitución no ofrezca
algún escape o reserva que permita a la burguesía lanzar las tropas contra los
obreros, declarar el estado de guerra, etc., en caso de alteración del
orden, en realidad, en caso de que la clase explotada altere su
situación de esclava e intente hacer algo que no sea propio de esclavos.”
Toda la experiencia histórica nos enseña, además, que la burguesía no se
va a dejar quitar el poder sin más, “democráticamente”. Esta es una lección que
los trabajadores hemos aprendido de la forma más dura.
Condenar la violencia
para alcanzar “objetivos políticos” es también condenar las revoluciones, desde
la rusa a la vietnamita, desde la china a la cubana. Claro que II-SP puede alegar que, en estos
casos, no se estaba ante “Estados democráticos”. Aparte de que eso sería más
que discutible, lo cierto es que, de esta manera, II-SP reconoce el carácter democrático del Estado
burgués para que ese Estado burgués le reconozca el derecho a presentarse a
unas elecciones. Quid pro quo.
Al renunciar, sin más,
a la violencia, lo que se hace es renunciar a derrocar a la burguesía, a tomar
el poder y a defender a la clase trabajadora y al pueblo por todos los
medios. Y esa renuncia ni siquiera se hace, pongamos, para poder
obtener una mayoría en un parlamento burgués: se hace para que el Estado les
permita presentarse a unas elecciones intrascendentes. De hecho, en un
posterior comunicado, II-SP
contrapone la “contundencia” del TC frente al “comportamiento absolutamente
irresponsable e impropio” del ministro español de Interior, Pérez Rubalcaba. Es
el entreguismo electoralista a cambio de nada.
Comprendemos que haya
sectores que puedan sentir fascinación por el lenguaje ultraizquierdista. Por
lo que a nosotros respecta, queda claro que ese ultraizquierdismo
y el reformismo no es ya que vayan de la mano, sino
que son dos caras de la misma moneda.
Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias (PRCC)