Los condicionantes para la huelga general

Jaime Bethencourt Rodríguez *

Cuando Intersindical Canaria tomó la iniciativa de proponer al resto de organizaciones sindicales la convocatoria de una jornada de protesta en forma de huelga general, entendíamos que se daban todas las circunstancias de carácter social y laboral como para llevar a la práctica tal excepcional medida. Tal convicción, y a los hechos nos remitimos, no parece ser coincidente, al menos por ahora, con la opinión de CCOO y UGT a tenor de lo reiteradamente manifestado por sus dirigentes.

El pretexto de "no darse las condiciones", o aquel otro, de "preferir agotar la vía del diálogo" con la Administración antes de recurrir a la huelga, se nos antoja que obedece a razones bien diferentes a las públicamente expresadas por las delegaciones de los sindicatos españoles en Canarias. En lo relacionado con el frontal y duro ataque gubernamental a los servicios públicos esenciales, en los próximos días, la mayoría parlamentaria de los grupos que sustentan el actual gobierno ratificarán cómodamente unos presupuestos que, a corto plazo, avanzarán en el desguace de la sanidad, la educación y los servicios sociales, con una considerable quiebra de derechos fundamentales y del denominado Estado del bienestar. El recorte de cerca de 200 millones de euros se verá multiplicado en incalculables perjuicios para la colectividad en una comunidad como la canaria, que arrastra los peores indicadores en sanidad, educación y protección social. En el aspecto más global, el panorama de descomposición social es tan o más desolador, con un acelerado alza de la pobreza y la exclusión social, un paro que supera los 280.000 desempleados, los peores salarios del Estado y las condiciones laborales más precarias, superando en negativo y con gran diferencia los indicadores españoles y europeos.

Surge entonces la pregunta sobre qué condiciones tienen que darse para que Comisiones y Unión General de Trabajadores consideren viable la protesta y qué diálogo esperan del Gobierno cuando cada llamada al acuerdo realizado por los agentes sociales ha tenido como respuesta más y nuevas agresiones a los servicios públicos y a sus trabajadores. Por lo demás, nos preguntamos también cómo se puede aún invocar a la concertación cuando en la discusión parlamentaria de los presupuestos que se desarrolla en estos días ha sido rechazada de forma autoritaria y grosera cualquiera de las propuestas de la oposición para, al menos, amortiguar el feroz impacto que sobre la población canaria van a tener los presupuestos para 2010 y años sucesivos.

Este escenario es tanto más incomprensible cuando las mismas direcciones sindicales, hace pocos días, han sido burladas y ninguneadas por el Gobierno canario en el contenido del reciente Pacto por la Economía y el Empleo, que, sin un euro de financiación para su cumplimiento, se convierte en uno de los mayores fraudes políticos que se recuerdan.

Las severas restricciones en el gasto público con las que igualmente nos amenaza el pacto de CC y PP, y que tendrán su prolongación durante los próximos años, desvelan además que los recientes acuerdos entre el Gobierno español y canario se traducen en un zafio montaje propagandístico, con el único objetivo de atemperar el descrédito de ambos ejecutivos, importando poco el deslizamiento de los canarios hacia unos indicadores sociales tercermundistas de claro corte colonial.

La descomposición social de Canarias continúa avanzando con toda su crudeza, pero tan grave como la perniciosa acción gubernamental es la inacción sindical para canalizar el descontento popular que pueda dar una respuesta apropiada y proporcionada al Gobierno en el objetivo de hacerle rectificar en su vorágine de agresiones contra la mayoría social y los servicios públicos comunitarios.

La iniciativa de Intersindical Canaria para la convocatoria de una huelga general, reiteramos, nunca tuvo un carácter excluyente ni concluyente, y como es sabido quedó abierta al consenso de las organizaciones sindicales, independientemente de su color ideológico o de su grado de representatividad. La propuesta continúa abierta, pero su concreción y materialización va a depender ahora de otros. Hemos cumplido con el grado de esfuerzo que nos corresponde impulsando una propuesta que ponga en manos de nuestra sociedad una herramienta válida que la aleje del desfiladero al que la empujan los gobiernos español y canario. Contrariamente a lo que cabía esperar, las direcciones de CCOO y UGT, en contra de la voluntad de la mayoría de sus afiliados, han preferido continuar de la mano del Gobierno en una patética escenificación de escuderos del sistema. Hoy, ya puede ser tarde para enmendar tal cúmulo de despropósitos.

* Del Secretariado de Intersindical Canaria