Crisis,
empresarios y sindicatos
Justo Fernández
Rodríguez
La crisis financiera de los Estados Unidos
ha desembocado en una crisis económica y social, afectando a la economía de
todos los países de la OCDE,
incrementando las cifras del hambre y la desesperación a cientos de millones de
personas en los países en desarrollo, sin que aparezcan soluciones globales
hacia un horizonte de esperanza real. Tampoco se muestran efectivas las medidas
nacionales o locales, más allá de algunos aspectos parciales. España, después
de Alemania, Gran Bretaña, Francia, EE.UU., Grecia o Japón, entre otras, ha
entrado en recesión, después de dos trimestres de crecimiento negativo.
Sin embargo, en España, la crisis tiene una característica especial. Los
dirigentes del Partido Popular, las organizaciones empresariales y el Banco de
España pretenden aprovechar la situación para eliminar los progresos
económicos, legales, sociales y laborales conseguidos durante muchos años de
lucha obrera, en la dictadura franquista y la democracia, con gobiernos de
derecha y de izquierda.
La CEOE y los
más importantes dirigentes empresariales vienen exigiendo que el Gobierno
adopte "medidas audaces, de mayor flexibilidad del mercado de
trabajo". Díaz Ferrán, presidente de la
patronal, ha reiterado su propuesta de "un abaratamiento del
despido". José Luis Feito, presidente de la Comisión de Economía,
dice que "el empresario tiene que pagar mucho más por despedir, y cuando
hay incertidumbre en el horizonte se despide mucho más cuanto más elevados sean
los costes". Después de su visita a Tenerife, Díaz Ferrán
confirmó que Paulino Rivero defiende una reforma laboral.
La FAES es una
fundación creada por Aznar cuando abandonó el Gobierno para controlar, orientar
o reconducir ideológicamente la política del Partido Popular, cuyas recetas
económicas y sociales son reducción salarial, despidos más baratos, menor gasto
social, reducción de los impuestos empresariales y de los costes sociales de
las empresas; normas que son de obligado cumplimiento para Mariano Rajoy y sus
acólitos. La FAES
celebró la XVI
edición de su Observatorio Económico, en Sevilla, con el objetivo de
"salir del desempleo masivo". Las conclusiones, que han trascendido,
corroboran el inmovilismo característico de la extrema derecha económica. Después
de una consideración falsa sobre que "el problema de España es que es muy
difícil despedir, pero es más difícil aún bajar los salarios", brindaron
sus recetas: reducir los impuestos a las empresas, el déficit y desacelerar el
crecimiento del gasto público", así como transformar la negociación
colectiva, porque "es una máquina de destrucción de empleo". El PP, rápidamente, se ha posicionado, por boca de Cristóbal Montoro, como defensor del abaratamiento del despido,
porque, dice, hay que "modernizar" las relaciones laborales.
El presidente de la
Confederación Canaria de Empresarios de Gran Canaria,
Sebastián Grisaleña, aprovechando la tradicional
comilona navideña, delante de Paulino Rivero, no tuvo empacho en exigir
"valentía" a la clase política para una nueva contrarreforma laboral
que abaratara el despido y otros costes laborales, congelara los sueldos y
devaluara el derecho a la negociación colectiva. También el presidente de la
patronal tinerfeña, José Fernando Rodríguez Azero,
exigió "medidas de amplio calado" similares. Y, todo esto se
recomienda, o se exige, en uno de los países de la Unión Europea con
menores salarios, con mayor tasa de precariedad laboral, alrededor del 40%, una
de las más altas de la UE
y la menor indemnización por despido.
Los sindicatos han respondido a la ofensiva política y empresarial contra los
intereses de los trabajadores que, simplemente, son las víctimas de los
excesos, abusos y corrupción de un sistema financiero sin controles. CC.OO. considera que "cuando la crisis golpea con
especial gravedad a los trabajadores, con altas tasas de paro, la propuesta
patronal ha de entenderse como una provocación, alejada de la contención de la
destrucción de empleo". Paloma López, su secretaria de Empleo, denuncia
que "las causas de la destrucción de empleo hay que buscarlas en la crisis
financiera y el modelo productivo español, no en los costes laborales".
Cándido Méndez, secretario general de la
UGT, ha rechazado el denominado "contrato contra la
crisis", "porque pretende descausalizar el
despido, reduciendo el montante de la indemnización económica y la tutela
judicial efectiva de las relaciones laborales". Hizo mención a la crisis
bancaria, entre 1978 y 1994, por la que los contribuyentes tuvieron que aportar
más de 14.000 millones de euros al Fondo de Garantía de Depósitos para el
saneamiento del sistema financiero, en cuya crisis hubo de todo: mala gestión y
escandalosos casos de corrupción. Algo sé de lo que pasó en esos años y se lo
facilitaré...
La
Confederación Sindical Internacional (CSI),
en su informe anual, dedica un capítulo a España en el que señala que
"aunque España cuenta con un sistema de negociación colectiva bien
establecido, en la práctica los derechos sindicales se ven afectados por el
elevado número de contratos temporales (...). Aprovechando la inseguridad que
supone tener un contrato temporal, el empresario les obliga a aceptar
condiciones laborales que se ajustan al marco legislativo, sustituyendo la
negociación colectiva por acuerdos individuales entre el empresario y el
trabajador, en los que el trabajador se ve obligado a aceptar lo que se le
ofrece".
En los últimos días, a esta campaña se ha sumado el gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que reclama una "urgente" reforma
laboral, que elimine la indemnización por despido. Conozco al personaje desde
hace mucho tiempo, cuando militaba en el PSOE madrileño, y puedo asegurar que
su sentido social cabe dentro de la cabeza de una cerilla. Ni una palabra sobre
los escándalos surgidos en EE.UU., Gran Bretaña y otros países, donde los
banqueros se han repartido parte de las ayudas recibidas para sanear sus
cuentas. Tampoco ha hecho referencia a los sueldos de los dirigentes de la
banca en España. Hace unos días, se publicaban los ingresos del presidente del
BBVA: una minucia, 16,6 millones de euros, entre sueldo fijo, paga variable y
dotación para su fondo de pensiones.
El primero en contestar a esta campaña de FAES, PP y
los sectores más reaccionarios de las organizaciones empresariales ha sido
Rodríguez Zapatero, y ha sido tajante y reiterativo: "A quienes piden un
despido más fácil y más barato les digo: que no, que no. Adelgazar el Estado de
Bienestar no ha tenido resultados satisfactorios en otros países". Hace
tres días, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, consideraba que el
origen de la actual situación "no está en el mercado laboral, no está en
los trabajadores, sino en los bancos. No es razonable que en el país que ha
perdido un millón de empleos en un año, lo que demuestra que el mercado no es
tan rígido como dicen, se pretendan mayores facilidades para el despido. Los
recursos ingentes que van al sistema financiero deberían llegar a las familias
y pequeñas empresas". Aceptando la valoración positiva de CC.OO. y UGT sobre la firmeza del Gobierno en materia de
empleo y cohesión social, la huelga, por sectores, comunidades autónomas o,
incluso, la huelga general continúa siendo una herramienta natural de los
sindicatos y los trabajadores si cedieran a las presiones de FAES, el Partido
Popular, la CEOE
o el Banco de España.