DECRETAZO, CRISIS Y
PROFESORADO INTERINO
Manuel Morales Marrero *
El Gobierno Canario va a acometer, por la
vía de la imposición, una transformación sustancial de las condiciones de
trabajo de miles de empleados públicos (interinos y sustitutos) de la sanidad y
de la educación en Canarias, condenando a muchos de ellos al paro. Por el
momento, ninguno de los sindicatos presentes en la Mesa General de Funcionarios
Públicos ha aceptado los planteamientos del Gobierno Canario.
Frente a cómo se ha accedido al puesto de
trabajo en muchas Consejerías y organismos oficiales, por la vía del amiguismo,
del nepotismo, del nombrarte asesor, que luego ya consolidarás el puesto de
trabajo, esto no es lo que ha ocurrido en Educación. Desde el verano de 1976,
el profesorado canario conquistó que hubiera nombramientos públicos, mediante
listas públicas, confeccionadas por estricto orden de antigüedad, controladas
democráticamente por el conjunto de los afectados, organizados mayoritariamente
en la Coordinadora de enseñantes. Hablo con
conocimiento de causa suficiente, porque durante años, en calidad de
Representante Provincial de los Maestros, participé con otros compañeros y
compañeras en la Comisión de control y seguimiento de dichos procedimientos
junto a distintos Delegados Provinciales de Educación, Gobernadores Civiles, o
posteriormente, Viceconsejeros y Directores Generales.
Las luchas por conseguir que el profesorado
canario no se viera obligado a emigrar y sus plazas de interinos fueran
ocupadas por parados procedentes de otros lugares del Estado nos condujeron al
Boicot a las oposiciones en 1977.
Posteriormente, se llevaba a cabo un estricto seguimiento de las plazas
a ofertar y de las listas de profesorado, para que no se excedieran las ratios
alumno/profesor, se cubrieran puntualmente las sustituciones, se garantizara la
estabilidad al profesorado, a los claustros y, por tanto, al sistema educativo.
Huelgas, acampadas, encierros permitieron la conquista de diversos Pactos de
Estabilidad y medidas de insularización.
Pero, en un momento determinado, la
Administración y algunos representantes sindicales, bajo la excusa de la
modernización, apostaron por la eliminación de los actos públicos de
nombramientos, por la informatización de los procesos, por la pérdida de
control de los trabajadores sobre plazas a ofertar y listas de profesorado. Durante
los años siguientes y hasta la actualidad se denuncian, de manera individual,
cientos de arbitrariedades cometidas por la Consejería de Educación. Y nunca
hemos visto un comienzo de curso que comience con normalidad.
De vez en cuando, aparecen en Canarias
Colectivos de titulados en paro que quieren conseguir un puesto de trabajo a
toda costa. Saben que tienen la vía de las listas (casi siempre cerradas) y
pueden ser interinos o sustitutos, o la vía de la oposición. Pero, de forma insolidaria, olvidan las luchas y esfuerzos de miles de
trabajadores por conseguir y mantener un puesto de trabajo con cierta estabilidad, y con control
democrático, y se agarran a un clavo ardiendo para reclamar cualquier subterfugio
que los haga saltarse varios cientos de puestos de la cola que, de manera
consensuada, se había pactado entre los trabajadores, y mantenido durante
décadas. Los supongo encantados por las medidas que intenta imponer el
Gobierno.
Está claro que los titulados en paro tienen
razón cuando denuncian que están en desigualdad de condiciones para opositar;
pero la culpa no la tienen los otros trabajadores, sino los gobiernos que
ofrecen como única vía esa fórmula de oposición. La alternativa razonable sería
que las plazas ocupadas por interinos se ofrezcan al colectivo de interinos,
mediante vías de concurso de méritos. Y las plazas de nueva creación,
jubilaciones y defunciones, se ofrezcan al colectivo de parados para una
oposición y concurso de méritos. A esto lo hemos denominado Acceso
Diferenciado. En injusto que tengan que competir en desigualdad de condiciones
ambos colectivos utilizando un mismo procedimiento que prima a unos frente a
otros, a la par que una oposición no debería ser el sistema para consolidar un
puesto de trabajo estable para los que llevan años trabajando y han demostrado
estar sobradamente preparados para ello, pues imparten clases, tienen a su
cargo grupos de alumnos, evalúan, califican, son útiles para el sistema. Y más
aún, se han preocupado por renovarse y formarse, estando actualizados en
contenidos y metodologías.
Hace un tiempo el Gobierno de Madrid y los
sindicatos mayoritarios en la Función Pública estatal firmaron el Estatuto
Básico del Empleado Público, que está sirviendo para marcar las directrices
sobre Función Pública en todo el Estado. Desde hace unos años, los Gobiernos
central y Autonómicos acordaron reducir las interinidades en la función Pública
a un 8%, frente al casi 20% existente. Ambas medidas son las que en la actualidad
están influyendo en el problema de la reordenación de las listas.
A esta situación se añade una crisis, que
estamos sufriendo los trabajadores, que por cierto no la hemos producido. Y un
Gobierno insensible e incompetente, despreciando la inversión en formación que
ha realizado el profesorado interino, ignorando la experiencia docente de estos
trabajadores, intentando imponer criterios diversos: trabajo en precario, con
contratos por horas, no reconocimiento de que la labor pedagógica exige más tareas
que la mera impartición de clases (reuniones, tutorías, atención a familias,
claustros y Consejos Escolares, guardias,…) que no son contempladas en dichas
contrataciones de sustitución. Prolifera la figura del profesor que comparte
centros, sin reconocimiento alguno del derecho a percibir itinerancias.
Anuncian el no pago del verano. Y, ni así, con estos recortes, envían
sustitutos a los centros educativos, cuyo alumnado no está pudiendo ejercer el
derecho a la educación en las debidas condiciones.
Estas medidas de reordenación de listas en
función de la calificación de oposiciones, de llevarse a término, van a suponer
el mayor ataque a las conquistas consolidadas de los trabajadores de la
enseñanza en Canarias. El profesorado en su conjunto, y de manera especial el
profesorado afectado, no puede permitir que este Gobierno nos falte al respeto,
ignorando todos los acuerdos anteriormente firmados y pisoteando estas
conquistas que tanto esfuerzo han costado al colectivo en su conjunto durante
décadas. Hay que movilizarse para impedirlo.
* Profesor de Secundaria y miembro del
Secretariado Nacional del STEC-IC