Desaparecido o ausente: consecuencias

 

Eduardo Vera

 

Los comportamientos antieconómicos deben ser evitados. Soy defensor del derecho a ocupación, siempre y cuando mantenga un respeto y mantenimiento del valor de la propiedad usada. Igualmente el abandono y la desidia de un patrimonio es intolerable.

 
En nuestra futura República Federal Canaria, debería existir el siguiente mecanismo:


Si se encuentra una finca abandonada y del dueño se desconoce su paradero, de oficio, se denuncia su desaparición o ausencia.
Si, por lo que fuera, no se encuentra su paradero, no hay forma de ponerse en contacto con él; pues habría que localizar a sus parientes (cónyuge, ascendientes o descendientes). Si en caso de que no se encontrase nadie, una empresa pública, creada por el Estado, sería la encargada de gestionar el bien (terreno, edificio...) Para ello se puede permitir su arrendamiento a cambio de un precio, o la ocupación a cambio de que lo mantengan operativo y en uso correcto.


Si finalmente, llegando el caso, se declara el fallecimiento, porque sigue pasando un tiempo prudencial y seguimos sin saber de él; pasaría a ser propiedad del Estado o propiedad del Parlamento de la isla.


Esto se utilizaría para evitar el desuso y deterioro de las propiedades, evitando una pérdida del valor añadido de la Economía Canaria.


La República actuaría a modo e iniciativa propia en la causa, dinamizando nuestra economía. En el caso de ser fincas rústicas, se facilitaría su gestión a manos de cooperativa ganadera o agraria; en el caso de ser un edificio, se trabajaría para su alquiler para jóvenes o personas de pocos recursos, estudiando caso por caso. Esta actuación iría elevando el valor patrimonial del Estado, a base de subasta de adjudicación inmediata por reconocimiento de fallecimiento de un desaparecido, que a su vez carece de parentesco. Incrementaría los activos del Estado.

 
Para acceder al uso y disfrute de estas propiedades se requeriría indispensable la ciudadanía canaria, o lo que es lo mismo, nuestra nacionalidad de la República Federal Canaria.

 

Eduardo Vera


5 de febrero del 2010