“Dios se fue de la Escuela”.
La nueva Ley de Educación en Venezuela
Marcelo Colussi
“Dios se fue de la
Escuela”. Con esta sensacionalista y sensiblera declaración el cardenal Jorge Urosa Sabino, presidente de la Conferencia Episcopal
Venezolana, reaccionó ante la aparición de la nueva Ley Orgánica de Educación surgida
en Venezuela el pasado 15 de agosto, marcando así la matriz con la que toda la
derecha del país valoró la nueva norma jurídica. Se contribuye así a dividir,
una vez más, toda la sociedad entre “chavistas” y
“antichavistas”, reafirmando que las luchas de clases (que siguen al rojo vivo)
se expresan en todos los campos, también el educativo. Reacción, por cierto,
enteramente visceral, absolutamente cargada de tirria ideológica, que indica
que: o ni siquiera se ha leído a profundidad el texto de la nueva normativa
jurídica (dudoso), o que el odio de clase en juego no permite ser objetivo (nos
inclinamos por esto). Reacción, por otro lado, que además de movilizar en
bloque a la más conservadora y retrógrada derecha local, hizo reaccionar a lo
más conservador y retrógrado de la derecha del mundo. Para muestra, la nota
publicada en el católico reino hereditario de la real casa de los Borbones –más
conocido como España– por el diario El País, titulado
“Las trampas de Chávez”, apenas unos días después de conocida la nueva ley, y
que marca el talante en juego: “El presidente Hugo
Chávez sigue adelante con la progresiva demolición del Estado de derecho en
Venezuela en nombre del socialismo del siglo XXI. (…) El texto no sólo se dirige a regular los programas educativos y los
centros de enseñanza, sino también a formar a los ciudadanos de la sociedad que
se propone construir la revolución bolivariana”.
¿Acaso
una ley nacional no está para eso, para regular? ¿Acaso la educación,
cualquiera sea, no se dirige justamente a formar a los ciudadanos sobre los que
actúa? ¿Podría ser de otra manera quizá? ¿Por qué esta reacción? ¿Qué tiene de
tan “maléfica” la nueva ley? En realidad: nada. Es un instrumento que se
enmarca enteramente en los lineamientos contemporáneos acerca de la educación
como bien público, como derecho humano que impulsan los organismos rectores en
la materia (por ejemplo, el Manifiesto
“Educación para Todos”
de la UNESCO,
Dakar, Senegal, del 26-28 de abril de 2000: “La
educación es un derecho humano fundamental, y como tal es un elemento clave del
desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las
naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable para participar en los
sistemas sociales y económicos del siglo XXI,
afectados por una rápida mundialización”). Es
decir, la ley está lejos de ser un arma de adoctrinamiento socialista como se
la presenta desde la visceral y maniquea visión del mundo de la Guerra Fría, que
evidentemente no ha desaparecido de la cabeza de mucha gente, especialmente los
ideólogos de la derecha.
La ley, en verdad, ni siquiera habla de
formación socialista; de hecho, en ningún lado tan siquiera roza la ideología
marxista; muchos menos se la menciona en forma
explícita. Muy claramente, en su artículo 1 dice que la educación se realizará “de acuerdo con los principios
constitucionales y orientada por valores ético humanistas” –¡humanistas!, lo cual es tan amplio que puede dar para
todo; humanistas, pero no socialistas, nótese bien–.
Se entiende que hay una preocupación social, una búsqueda de igualdades, pero
en ningún lado se habla de abolición de la propiedad privada, de construcción
revolucionaria de un nuevo orden, de abierta lucha anticapitalista ni
antiimperialista, de pueblo en armas defendiendo sus conquistas o algo que
pudiera erizar la piel para alguien no familiarizado con un discurso de
izquierda. Por el contrario, es una ley bastante “neutra” en términos
políticos. Una vez más: ¿por qué esa reacción tan visceral desde la derecha
católica?
Dos de los tres elementos que pudieran ser
el núcleo de esa abierta oposición de la derecha conservadora: la educación
privada y la enseñanza religiosa, se respetan íntegramente. En ningún lugar de
la nueva ley queda abolida la enseñanza privada. En todo caso queda claramente
dicho que el Estado habrá de regular el ámbito de la educación, incluidos los
centros privados, tal como cualquier Estado capitalista hace en cualquier parte
del mundo con cualquier empresa privada (¿para qué otra cosa está el Estado
sino para fijar normas de funcionamiento? ¿O apostamos por la mano invisible
del mercado como principio ordenador supremo?) A propósito: ¿quién reaccionó
por la “socialista” medida de la actual administración de Washington cuando recientemente
el Estado salió a auxiliar bancos privados en bancarrota o a la quebrada
General Motors Company en el medio de la crisis
financiera? En materia de educación son más estatistas muchas constituciones de
países europeos, por ejemplo, que la de Venezuela. De hecho el Estado venezolano sigue
subsidiando a los colegios y universidades privadas con un entre 40 y 70% de su
presupuesto general, y la nueva ley no cambia esa situación. ¿Por qué entonces
esta reacción de desaprobación?
En cuanto a la enseñanza religiosa, de
ningún modo queda condenada ni se promueve un presunto ateísmo de Estado. En
todo caso, siguiendo una tendencia moderna y progresista de la humanidad, “el Estado mantendrá en cualquier circunstancia su carácter laico en materia
educativa, preservando su independencia respecto a todas las corrientes y
organismos religiosos. Las familias tienen el derecho y la responsabilidad de
la educación religiosa de sus hijos e hijas de acuerdo a sus convicciones y de
conformidad con la libertad religiosa y de culto, prevista en la Constitución
de la República”, según puede leerse en el artículo
7 de la ley. Laicidad, valga remarcar, que está constitucionalmente garantizada
en el artículo 59. En Venezuela como en cualquier parte del mundo, una ley de
educación debe garantizar que cualquier persona pueda acceder sin discriminación
de ningún tipo, ni religiosa, ni étnica, ni de género, ni de nivel
socio-económico, a una educación digna, de buena calidad, rigurosa y veraz. Ese
carácter universal del derecho a la educación implica que la enseñanza debe ser
laica, por ser esa la única opción neutral no imbuida de conceptos religiosos
de signo alguno que, en todo caso, pueden derivar en fundamentalismos. Una
educación laica y objetiva es garantía, quizá la única, de una sociedad más
equilibrada. Y eso es lo que hace la nueva ley, no otra cosa. Que es lo que
hizo ya la
Revolución Francesa hace más de 200 años atrás, sin ser socialista
precisamente.
El tercer elemento de discordia para esta
visión conservadora de la derecha que ahora protesta airada no es, en realidad,
en modo alguno objetivo sino que asienta en un profundo odio de clase. Así de
simple. Ese otro elemento que hace parte del ataque está dado por la ya
monotemática acusación de autoritarismo antidemocrático del gobierno
bolivariano encabezado por el presidente Hugo Chávez. Dado que la ley toca
directamente los medios de comunicación social, a los que incluye como
elementos educativos en tanto servicios públicos buscando su regulación, eso es
la gota que derrama el vaso y transforma el nuevo instrumento jurídico, según
la crítica de toda la derecha, en una demostración de fascismo, de
autoritarismo supremo, que sólo servirá para el adoctrinamiento
castro-comunista transformando cada alumno venezolano en un potencial pichón de
terrorista internacional. Dice la ley en su artículo 9 que “los medios de comunicación social
públicos y privados en cualquiera de sus modalidades, están obligados a
conceder espacios que materialicen los fines de la educación. [Y además que] orientan su programación de acuerdo con los principios y valores
educativos y culturales establecidos en la Constitución
de la República,
en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico vigente”. ¿Es eso fascismo
autoritario? ¿No debe marcar líneas el Estado? ¿Para qué está, si no?
“La Ley Orgánica de Educación –dice en la referida nota el diario “El País”– pone de manifiesto más que otras medidas
hasta qué punto el proyecto chavista es tributario de
las ideologías autoritarias del pasado, por más que se escude en las
invocaciones al futuro. Desde esta perspectiva, no son nuevos los disparates
que contiene la nueva norma. La educación no puede ser un instrumento para que
los ciudadanos encajen a la fuerza en una sociedad diseñada desde el poder,
sino para que sean libres en la sociedad en la que viven”. Hay ahí una (fingida)
incomprensión de los procesos sociales (la educación enseña siempre los valores
de las clases en el poder, “la ideología
dominante es la ideología de la clase dominante”, eso no puede ser de otra
manera. Y los medios de comunicación social, ¡ni se diga!). Pero además, en la
reacción de la derecha se evidencia su profundo y nada enmascarado odio social,
de desprecio por el pobrerío que ahora, mal que bien con la Revolución Bolivariana
comienza a levantar la voz, aunque esa preocupación se disfrace de
“democrática”: ¿protesta así esa derecha por la propaganda de la Coca-Cola? ¿Protesta esa
derecha por las interminables transmisiones de fútbol que ya, por lejos,
pasaron a ser la principal droga social, el nuevo “opio” tecnológico con el que
se maneja a las masas planetarias? ¿Protesta esa derecha por la descarada
propaganda ideológica de CNN? La comunicación de masas, un instrumento que día
a día se transforma en uno de los principales agentes de educativos de las
sociedades, ¿debe funcionar también regida por la mano invisible del mercado?
Dicho sea de paso, según estimaciones de la UNESCO, en pocas generaciones los medios
audiovisuales irán reemplazando a la escuela formal en la tarea educativa.
¿Apostamos por la absoluta liberalización del asunto dejando que cada empresa
privada de comunicación (léase: las grandes cadenas televisivas básicamente)
sean las que eduquen a las futuras generaciones? ¿Optamos por la desaparición
del Estado entonces?
La
nueva ley, además, contiene importantes mejoras en las relaciones laborales de
los trabajadores de la educación. Al respecto, en su Artículo 42 se establece
que: “El personal docente adquiere el
derecho de jubilación con veinticinco años de servicio activo en la educación,
con un monto del cien por ciento del sueldo y de conformidad con lo establecido
en la ley especial [de regulación laboral en el ámbito educativo]”, lo cual representa un paso adelante
en términos sociales. ¿Es contra eso que adversan
quienes se oponen a la nueva normativa? Seguramente dirán que no, pero en
definitiva el espíritu de toda la normativa, enmarcada en el proceso político
que vive el país, apunta a eso: al mejoramiento de las condiciones sociales de
las grandes masas siempre excluidas. Cuando decíamos más arriba “odio de
clase”, pues a esto nos referíamos. ¿Quiénes son los que salen airados a
protestar y manifestar en las calles contra esta ley?: por supuesto no son los
sectores pobres, los que nunca llegaron a las universidades, los que miran
resignados que otros van a centros privados de excelencia. ¿De qué
autoritarismo hablamos entonces: el del “dictador” Chávez o el de la dictadura
del mercado que mantiene en el límite de la pobreza a grandes masas
históricamente marginadas?
En
definitiva, la nueva ley de educación surgida en la República Bolivariana
de Venezuela, sin ser una abierta declaración anticapitalista, es un paso firme
para la construcción de más espacios de participación popular, y el hecho que
los medios de comunicación queden más sujetos a control del Estado es, en todo
caso, una buena noticia para el campo popular, porque puede facilitar mayor
profundización del proyecto revolucionario, en beneficio de los más y no de los
menos, obviamente. Si alguien reacciona ante eso… como dicen que dijo don
Quijote (cita que realmente no figura en el texto cervantino, pero que vale
igualmente): “ladran Sancho, señal que
cabalgamos”.
mmcolussi@gmail.com