La economía desestructurada
Pablo
Paz *
No existe un proyecto
político serio que esté basado exclusivamente en discernir los aspectos
ideológicos de la moral y de la cultura, obviando la importancia que para
cualquier sociedad moderna tiene hoy día la economía. Es más, tal y como están
las cosas, la economía ha pasado a ser el eje fundamental de la política de
cualquier administración pública. No podemos seguir admitiendo como normal la
propaganda institucionalizada, que intenta imponernos una realidad inventada,
para alejarnos del peor escenario económico posible.
España está abocada a
hacer frente a dos o tres ejercicios de dificultades económicas, durante los
cuales habrá de esquivar como pueda las consecuencias del resbalón
inmobiliario, el frenazo de la financiación crediticia y, cómo no, la
inflación. De hecho, se puede decir que ya estamos en recesión técnica, al caer
tanto la producción como el consumo. Es evidente que España tiene su propia
crisis económica, al margen de la crisis global que tanto alarma al mundo
financiero, al haber permitido, en buena medida, que la economía especulativa se convierta en una economía virtual, que ha terminado por usurpar la economía real.
En definitiva, una
economía rendida al ladrillo, pero que más que riquezas lo que ha contribuido
es a generar puestos de trabajo. De hecho, la incidencia de la construcción
apenas representa el 9% de la riqueza de nuestro país, correspondiéndole a la
industria el 14% y siendo el sector servicios el 77% restante. Por tanto, es
cierto que el hundimiento del ladrillo ha aportado el mayor porcentaje de
parados, pero no toda la culpa la tiene la burbuja inmobiliaria. La banca tiene
también su buena parte de culpa, al apostar por la seguridad de los activos
reales -principalmente suelo y vivienda-, en detrimento de las garantías que
puede ofrecer el sector productivo, entre otros.
Todo ello ha
contribuido en buena medida a la desestructuración de una economía prisionera
de una morosidad creciente y de una alarmante falta de diversificación, que ha
conducido a un momento crítico, donde escasean los flujos de créditos y donde
los balances de bancos y de cajas reflejan de forma temeraria riesgos
innecesarios y pérdidas inquietantes, que sólo pueden ser paliadas con ayudas
estatales -en definitiva, con el dinero de todos los contribuyentes- para que
vuelva a fluir el dinero.
Pero el dinero en realidad está basado en la
confianza y en la responsabilidad, tanto colectiva como individualmente;
pero sobre todo es la confianza la que se hace añicos cuando el que tiene que
tomar decisiones no lo hace, o cuando los bancos y las cajas son intervenidas
por el Banco de España, a pesar de los avisos de éste y a pesar de que el
sentido común nos advirtiera de que una combinación creciente de morosidad,
fuerte caída del precio de la vivienda y un estancamiento económico podían ser
peligrosos para el negocio de los bancos y de las cajas, ya que, a la larga, se
verían depreciados sus propios activos.
Por supuesto, el
Gobierno de España, como le gusta llamarse cuando le conviene, ve con espanto
cómo sus planes, esencialmente basados en ganar tiempo, no son los más
adecuados para afrontar esta crisis económica. Está claro que sólo con
hipótesis optimistas, que la cruda realidad se empeña en poner en evidencia, y
con promesas a largo plazo, que el tiempo se encarga de devorar a toda prisa,
sólo demuestra, una y otra vez, que las disposiciones adoptadas hasta ahora han
sido poco más que unas medidas paliativas que no han servido para encauzar la
economía real.
Este Gobierno no es
capaz de afrontar su responsabilidad de hacer frente a una urgente y necesaria
reforma estructural, la mayoría de ellas probablemente impopular, así como
determinadas reformas económicas de mayor calado, encaminadas a aumentar la
productividad. No todo puede ser aumentar el gasto público con la intención de
que crezca la demanda de los ciudadanos, si no va a la par de otras medidas de
ofertas, como puedan ser la bajada de los impuestos y la reducción o, al menos,
la congelación de los salarios; así como una revisión exhaustiva del gasto
corriente de las distintas administraciones públicas, incluidas las
autonómicas, y una urgente reforma del mercado de trabajo. A ver si con una
buena gestión, y asumiendo por parte de todos los agentes implicados las
responsabilidades pertinentes, logran de una vez que la economía deje de ser,
por fin, un problema.