Estados Unidos
del gran poder
Ramón Moreno Castilla
Este
título, que puede parecer engañoso, no es, en absoluto, una alegoría al
cristianismo del presidente George W. Bush, ni una exaltación de la doctrina de
la Casa Blanca mezcla de religión y política, que preside las acciones del
gobierno norteamericano. No, me refiero al gran poder efectivo, al poder
omnímodo que utiliza Estados Unidos para conseguir sus fines, al margen de toda
legalidad y sin el menor escrúpulo.
Como
señalaba en mi artículo anterior ‑El mundo que quiere EEUU‑,
existen tres características que definen el nuevo paradigma (el anterior era la
guerra total al comunismo) que Washington trata de imponer al mundo: el
creciente unilateralismo, la subversión profunda de
las normas internacionales y la militarización sistemática de los conflictos.
Si
bien la segunda guerra mundial le dio a Estados Unidos una ventaja considerable
en la escena internacional, su victoria frente al socialismo real le confirió a
su liderazgo una legitimidad aún mayor. Ello ha significado una tímida
resistencia de los países más desarrollados; y no es casualidad, que la
inversa, el único país aliado que todavía se atreve a enfrentarse a Washington,
Francia en este caso, haya decidido, a partir de la posguerra, dotarse de los
medios para defenderse sola de cualquier agresión externa. Ningún ámbito de la
vida internacional escapa al unilateralismo de EEUU.
Habiendo
participado originariamente en los principales convenios que permiten bloquear
o vigilar el armamento de los miembros de la comunidad internacional,
Washington rehusa ahora, en materia de armas químicas
y biológicas someterse a los mecanismos de control previstos en el protocolo de
1995, en el marco del Convenio de 1971.
Este
rechazo lo ha llevado incluso a pedir la disolución de la comisión que desde
1995 se encarga de elaborar los mecanismos de control. Asimismo, en 1999 el
Senado excluyó toda ratificación del tratado de limitación de armas nucleares;
condenando ahora a Corea del Norte por su programa nuclear. Estados Unidos
desafía también a la justicia internacional, toda vez que esta no se somete
estrictamente a los intereses estadounidenses. Los tribunales para la ex
Yugoslavia o para Ruanda le parecían aceptables, pues sus competencias estaban
muy circunscritas y podían contribuir a la eliminación de regímenes hostiles.
Estadounidenses
y británicos desean incluso crear ahora un tribunal contra Irak. Pero no ocurre
lo mismo con la Corte Penal Internacional (CPI), prevista en el acuerdo de Roma
de 1998, ya que esta Corte le parece a EEUU demasiado autónoma, puesto que
pretende juzgar a todos los criminales de guerra, aunque sus múltiples
cláusulas limitan ya su capacidad de intervención y de juicio. Pero el gobierno
norteamericano no pudo impedir que la Corte obtuviera las sesenta firmas
necesarias en abril de 2002 y, luego, que entrara oficialmente en funciones en
julio; ni que el pasado 11 de marzo se constituyera definitivamente en La Haya.
En
un solemne acto presidido por el Secretario General de la ONU, Kofi Arman, los
18 jueces que forman el Alto Tribunal, tomaron posesión, en una jornada marcada
por las protestas contra Estados Unidos, que, al igual que países como Rusia,
China, India y el mismo Irak no han ratificado sus estatutos. Estados Unido,
amenazando con retirarse de todas las campañas de mantenimiento de la paz de la
ONU, logró una decisión del Consejo de Seguridad del 13 de julio de 2002, que
garantiza la impunidad de sus soldados ante la CPI. Y aún, fue más lejos,
ejerció intensas presiones sobre los Estados Europeos ‑especialmente los
candidatos a la OTAN‑ para que firmaran con
EEUU acuerdos bilaterales de no extradición hacia la CPI.
En
agosto de 2002 Rumania cedió, aunque criticada por la Unión Europea. Pero
finalmente la U.E. también aceptó la redacción de un texto (posición común
adoptada el 30‑9‑2002 por los ministros de relaciones exteriores)
que precisa las condiciones en las cuales sus miembros podrían firmar con
Washington acuerdos bilaterales que otorguen inmunidad a los estadounidenses.
Acuerdos que Estados Unidos ya ha firmado con 24 países.
¿Y
qué pasó con el protocolo de Kyoto? Este protocolo, que fue firmado por la
administración Clinton, el Gobierno Bush decidió no someterlo al Congreso y a
pesar de las presiones de la UE, en julio de 2001 Estados Unidos seguía
oponiéndose categóricamente al plan de GB en pos de una energía más limpia. La
economía, lo social y los derechos de las personas sufren este desprecio
sistemático de EEUU hacia los foros internacionales.
Las
leyes estadounidenses de extraterritorialidad ‑la Helms
Burton para Cuba y la D'Amato para Libia e Irán
sancionan en América del Norte a las compañías extranjeras que mantienen
relaciones con esos países. En mayo de 2002 Estados Unidos, violando las normas
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), decidió aumentar las tarifas
aduaneras para proteger su producción de acero, y el Gobierno federal también
aumenta sus ayudas a la agricultura.
Washington
no ha ratificado nunca los documentos de la ONU; ni el Convenio sobre los
derechos del niño (1989), ni el Acuerdo sobre los derechos económicos, sociales
y culturales (1966), ni el Convenio sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las mujeres (1979), ni tampoco el Protocolo de 1989 que
completa el acuerdo dirigido a prohibir la ejecución de menores, que todavía se
practica en algunos Estados de la Unión, lo mismo que en Arabia Saudí, Irán,
Nigeria y la República del Congo.
Estados
Unidos, que fue en 1945 el principal promotor del derecho internacional, ahora,
la Administración Bush deja de tomar en cuenta sus principios fundamentales. El
principio de no injerencia y la no recurrencia a la fuerza que todavía
sustentan el orden internacional, no son respetados por EEUU cuando esos
principios van en contra de sus intereses.
Canarias,
03-05-2003