Jaime
Bethencourt Rodríguez
Si nos remitimos a los
hechos y a la estadística, las comunicaciones aéreas con y desde La Palma, son
las que más incidencias concentran en el conjunto del Archipiélago. Las causas
son variadas y hasta a veces sorprendentes, aunque ya se sabe que, salvo las
que tienen como origen las inclemencias meteorológicas, la información veraz y
puntual dispensada a los pasajeros sobre las causas de las suspensiones o
retrasos de los vuelos no son precisamente el punto fuerte de las autoridades
de AENA. Hay incluso quien afirma que, en ocasiones, las compañías aéreas, con
la complicidad del organismo Aeropuertos Nacionales, ante cualquier incidencia
en otras de las isla, dan prioridad al embarque y traslado de pasajeros del
resto de aeropuertos frente a los de la Palma, posiblemente y tal vez por el
conocido conformismo que aparentemente nos caracteriza
Lo anterior reflexión
viene al caso porque la previsible irritación de los pasajeros que se vieron
afectados el pasado 3 de diciembre por el plante de los controladores, no
creemos haya sido superior a la de cualquier otra ocasión en la que se les
obligan a deambular por las instalaciones aeropuertarias
palmeras a la espera del ansiado y tardío aviso de embarque
Dos circunstancias
excepcionales dieron un carácter especialmente extraordinario al acontecimiento
del puente de la Constitución; por un lado, el alcance mediático del
generalizado abandono de las actividades del colectivo de controladores que
dejó inactivo el espacio aéreo canario y español; complementariamente, la
medida sumarísima del Gobierno de Rodríguez Zapatero, militarizando los
aeropuertos tras declarar el Estado de Emergencia.
Algunas verdades
resultan incómodas y por ello se esconden. Aunque aún no hemos podido
visualizar la nómina de ninguno de los encargados de regular los movimientos
aéreos en las Islas, esos, al parecer, privilegiados trabajadores, reciben unos
honorarios desde antaño regulados, autorizados y consentidos por los gobiernos
de todos los variados colores políticos que han pasado por la Moncloa. No
parece coherente que en tales circunstancias, el Consejo de Ministros, en las
vísperas de la crisis aeropuertaria, subterfugiamente y mediante decreto, modificase
unilateralmente las condiciones laborales del colectivo para, añadidamente,
privatizar AENA.
Otra cosa diferente es
que la reacción del colectivo de controladores, haya sido inapropiada y hasta
reprobable, pero la mano que encendió la mecha del explosivo, fue con su
proceder, el actual inquilino de la Moncloa y todos sus ministros. Supuso este,
pues, un paso más en la deriva autoritaria del PSOE, ya iniciada hace más de un
año con el inicio de una campaña de machacamartillo
de decretos que han tenido como objetivo la liquidación de derechos laborales y
la extinción del legado de protección social con la que la ciudadanía se ha
dotado, importando poco que estos embates vayan dirigidos contra los servicios
esenciales, los parados, empleados públicos, pensionistas, indigentes o
controladores.
Lo que vino después,
abre múltiples y siniestras incertidumbres sobre la dudosa consolidación del
Estado de Derecho. La declaración del Estado de Alarma, decretado por el
Gobierno, aplaudido por el PP y vitoreado por el Presidente canario, Paulino
Rivero, precisamente en vísperas de la conmemoración del día de la
Constitución, enciende todas las señales de emergencia como aviso de la pérdida
de los valores democráticos de este Gobierno al pretender resolver un conflicto
laboral mediante medidas sumarísimas propias de una dictadura.
La denominada Carta
Magna, tiene establecido los métodos apropiados y civilizados para afrontar un
conflicto laboral o social, contando además la legislación española con un
amplio y severo sistema laboral disciplinario para encauzar las
insubordinaciones o abandonos injustificados de trabajo en caso de que estos se
hayan realmente producido. Además, el principio de negociación y acuerdo, en un
sistema democrático, debe ser el santo y seña en la resolución de cualquier
conflicto, obligando su observancia principalmente a los poderes públicos.
La militarización del
colectivo de controladores y la declaración del Estado de Alarma, aún hoy
vigente, supone un salto al vacío y un grave precedente que a partir de ahora
puede convertirse en el fácil recurso para repetirse y aplicarse ante cualquier
conflicto laboral o social. Pero también en esta endemoniada estrategia de uso
de medidas totalitarias, el Gobierno del PSOE puede que esté dando un perverso
aviso a aquellos sectores sociales y laborales disconformes con su política de
liquidación de derechos, pretendiendo sembrar el miedo y la alarma social entre
aquellos ciudadanos que, teóricamente amparados en sus derechos
constitucionales, pretendan hacer valer sus legítimos derechos ante el
Gobierno. Y de ahí a la dictadura militar, un paso.