El gasto militar no está en crisis
Autor: José Toribio
Desde un punto de vista estrictamente económico, el
gasto militar es un dispendio que lacera hondamente los recursos que el Estado
genera por la vía de los impuestos.
En estos días en los que todo el mundo habla de
economía no podía faltar el análisis del gasto militar; en este caso, los datos
de la liquidación del ejercicio de 2009. También he querido centrarme en otro
aspecto sangrante: los programas especiales de armamento.
Si es verdad que el Gobierno no tiene ideas y que está
pensando reducir la deuda en 15.000 millones de euros en los dos próximos años,
congelando pensiones y reduciendo la ayuda a las personas dependientes y al
desarrollo (entre otras medidas), aquí vamos a ofrecer otra perspectiva: entre
el gasto militar del ejercicio de 2009 (o el de 2010, que será similar) y la
deuda y compromiso de gasto generado por los grandes programas de armamento,
tendríamos para cubrir esos 15.000 millones y aún nos sobrarían 41.131 millones
de euros. ¿Quién da más?
Según dicen, los inversores están perdiendo la
confianza en la deuda española (¡qué de metáforas!), lo que ha propiciado que
ésta esté siendo atacada. Si los inversores no tienen confianza en la deuda
(que se recupera si el Gobierno recorta gastos sociales y favorece al gran
capital) la venden; y si la venden el Estado, además de tener que renegociarla
con otros especuladores (pagando intereses mayores, luego profundizando más en la
deuda, que se recupera a medio plazo pero que aumenta a la larga) se queda sin
liquidez. A buen seguro que en estos días no se ha contemplado la DEUDA a la
que el GASTO MILITAR está coadyuvando desde que formamos parte de la UE.
El GM no sólo genera una enorme deuda en los
ejercicios corrientes (este trabajo se dedica, en parte, a analizar esta
dimensión, a ver la diferencia entre lo presupuestado y lo gastado, puesto que
siempre se gasta más, con lo que se genera un déficit que se tiene que
financiar con Deuda Pública) sino que, además, la genera hacia el futuro. Un
ejemplo son los grandes programas de armamento. No es sólo que el compromiso de
gasto se acerque a los 30.000 millones de euros; también lo es que ese dinero,
prestado sin intereses a un selecto grupo de empresas, no ha reportado
beneficio alguno al erario y sí una enorme Deuda Pública.
Debemos estar muy bien gobernados, porque si no, no se
explica que con tanto atropello sigamos siendo tan buenos ciudadanos, tan
pacientes, tan tolerantes. Debe ser que la voluntad general y la voluntad del
Gobierno son coincidentes. Es posible que la distancia entre los gobernantes y
los gobernados haya quedado abolida. Un país con 6 millones de pensionistas que
pueden ver sus pagas congeladas, con casi 5 millones de personas en el paro, y
con 8 millones en el umbral de la pobreza (según el Instituto Nacional de
Estadística —Encuesta de Condiciones de Vida—, la crisis económica provocó que
el 19,5 por ciento de la población se situara el pasado año por debajo del
umbral de la pobreza, y según Cáritas, 1,5 millones
de habitantes sufren pobreza extrema y alta exclusión social, y además, más de
ocho millones de personas —repartidas en, aproximadamente, dos millones ciento
cincuenta mil hogares—, padecen penurias) no necesita que unos sindicatos
convoquen a un simulacro de Huelga (con un calendario de movilizaciones que no
nos impida ver los partidos de la selección española de fútbol): este país
debería estar patas arriba y deberíamos echar a la gentuza que nos gobierna, y
con ella, a todos los reznos que no paran de enriquecerse a costa de la
degradación de la vida y del planeta.
A diferencia de la televisión, la información que
puede leerse en estas páginas no lleva anestesia, por mucho que la repetición
la haya convertido en un lugar común.
Los grandes programas de armamento
En 1988 nacía un sistema que, desde el
punto de vista financiero, consistía en la concesión, por parte del M.º de Industria, de unos anticipos «reintegrables» sin coste
financiero para las empresas contratistas. En teoría debería funcionar así: el
M.º de Industria le otorga a una empresa una serie de
millones de euros, repartidos conforme a un calendario anual, para que
investigue y desarrolle un programa militar. Una vez que el M.º
de Defensa (que es el verdadero contratista, aunque de algo que no puede pagar)
ha recibido el producto, procede al pago del mismo con cargo a su presupuesto
ordinario y de acuerdo con los calendarios previamente aprobados por el Consejo
de Ministros. En este instante, la empresa reintegra los anticipos que ha
estado recibiendo del M.º de Industria mediante su
ingreso en el Tesoro Público.
Primera observación: no deja de ser
llamativo que un ministerio del Estado adelante dinero a un grupo de empresas
privadas, para que presten un servicio, y que después otro ministerio del
Estado entregue dinero a esas mismas empresas para que, a su vez, reintegren al
Tesoro el dinero que les prestó aquel ministerio del Estado, y sin intereses.
Cualquiera se preguntará, y no sin razón, por qué no fue el M.º
de Defensa, el contratista, quien adelantó el dinero. Quizá la respuesta tenga
que ver con lo mal visto que está que se gaste tanto dinero en asuntos
militares mientras se dedican tan exiguos recursos (que incluso se recortan) a
otros menesteres mucho más importantes y necesarios como la educación, la
sanidad, las pensiones o el medio ambiente. Por otro lado, el dinero que el
Estado destina a gastos militares por la vía del M.º
de Industria es considerado como gasto en I+D+i. Nada es lo que parece: ante el
gran escaparate mundial aparecemos como un país que dispensa «lo justo» a
gastos militares (incluso las cifras de GM son un tercio de lo realmente
gastado) y que hace un enorme esfuerzo en I+D+i.
Pues bien: este sistema ha permitido que
en los últimos años se haya autorizado un gasto sin precedentes para comprar
armas. De manera más concreta, el coste global de los programas principales,
aún en curso, se eleva a 29.484 millones de euros (4,90 billones de las
antiguas pesetas), que nos endeuda, de momento, hasta el año 2025.
Al margen de estos programas, el M.º de Defensa, en el transcurso de estos años, no ha dejado
de comprar armamento asociado a programas «menores», esta vez sí, con cargo a
su presupuesto. Incluso en estos casos ha gastado más de lo que tenía asignado
inicialmente, lo que ha provocado que la diferencia entre sus presupuestos
iniciales y finales, en los últimos 20 años, haya diferido entre un 10 y un 15
por ciento a favor del segundo. También, y como ya se tenía asegurada la
adquisición de armamento gracias a la financiación del M.º
de Industria, se ha retribuido como Dios manda al personal del M.º de Defensa.
Sólo en 2009 los sueldos y salarios han aumentado el 4%, con un total de 4.699
millones de euros, lo que supone el 51,41% del presupuesto final. Entre las
Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el M.º de Justicia se concentra el 83,4% de las retribuciones
totales pagadas por el Estado en el año 2009 que, en conjunto, se han
incrementado un 5,5%. Los efectos de la crisis se hacen notar en este aspecto:
los únicos puestos de trabajo que se generan, y los únicos que parecen seguros,
son los vinculados a la Seguridad del Estado (literal: la seguridad del Estado).
Pero volvamos a lo que estábamos. La
carga de los pagos de los programas prefinanciados por Industria se ha ido
convirtiendo, poco a poco, en un fardo muy pesado. La curva ascendente que en
los próximos ejercicios supondría el abono de estos pagos, ya comprometidos,
consumiría el presupuesto de inversiones del M.º de
Defensa, y bastante más.
Según las normas de la contabilidad
nacional, los gastos correspondientes al armamento militar deben registrarse en
el momento en el que los bienes y servicios son puestos a disposición del M.º de Defensa, independientemente de su asignación
presupuestaria y del sistema de financiación utilizado. Pero prestemos atención
al siguiente dato: en un contexto de alto déficit en la contabilidad nacional
respecto al saldo de caja —que computa los ingresos y pagos cuando se efectúan,
y no
cuando se
comprometen, como hace la contabilidad nacional— esto significa que se han
imputado más gastos en armamento militar que pagos realizados: el agujero no
para de crecer. Esto quiere decir, ni más ni menos, que se reconoce que, por el
momento, el M.º de Defensa no podrá pagar las deudas
contraídas con las empresas, o lo que es lo mismo, que el M.º de Defensa no
puede garantizar que las empresas devuelvan al Tesoro Público el dinero que
otrora les dio Industria.
Para las empresas, pase lo que pase, el
negocio es redondo: han recibido dinero del Estado para producir armas, sin
arriesgar ni un solo euro, beneficiándose de la I+D que haya generado cada
programa (lo que les servirá para poner en el mercado los mismos u otros
productos) y sin pagar intereses. El dinero lo ha puesto el Estado. Poco
importa si el benefactor se llamaba Industria o Defensa. La pregunta que hay
que hacerse es: ¿dónde consta, en la sección de ingresos del Estado, que las
empresas estén devolviendo el dinero? Según el Secretario de Estado para la
Defensa se han pagado 3.393 millones de euros con cargo al programa 112.B (que
en el ejercicio de 2009 estuvo inicialmente dotado con 707 millones de euros,
un incremento de algo más del 16% respecto a 2008). ¿Cómo es posible que se
estén pagando los créditos que adelantó Industria y que a la par se siga
comprando armamento?
En 2009, el 14,22% del
presupuesto del M.º de Defensa se ha utilizado para
seguir comprando armas. Véase el siguiente cuadro: