Gobierno, verano
y oposición
Justo
Fernández Rodríguez
Los que hemos adquirido el compromiso de
intentar comunicarnos, por diferentes medios, con el resto de ciudadanos para,
con independencia de la sobrecarga propagandística de que somos víctimas, por políticos,
organismos públicos, sectores económicos favorecidos, partidos políticos en el
poder y medios de comunicación afines, intentar acercarlos a una realidad que
refleje, con mayor certidumbre las luces y las sombras de la acción de quienes
nos administran, en el campo municipal, autonómico o estatal, hemos de
hacer constar las dificultades de la tarea.
Los datos que, periódicamente, facilito sobre la situación económica,
crecimiento, distribución de la riqueza, salarios, pensiones, jornadas, precariedad
laboral, siniestrabilidad, protección social,
educación, sanidad o corrupción, que nos sitúan en el pelotón de cola, de
todas las Autonomías, no me los invento, los recojo directamente, de medios de
comunicación acreditados o de publicaciones oficiales.
Puedo decir, después de más de veinticinco años, criticando, en ocasiones,
duramente, la acción de gobiernos y partidos, cercanos o alejados,
ideológicamente, en medios de comunicación, escritos, radiofónicos o
televisivos, en Madrid o Canarias, que no he sido objeto de ninguna sola
demanda, por falsedad o tergiversación, de las noticias y datos denunciados o
por las valoraciones subjetivas o personales expuestas.
Sin embargo, pese a las continuas muestras de apoyo, en las calles,
acontecimientos culturales, asambleas sindicales, políticas, culturales o
deportivas, de cientos de ciudadanos y del colapso telefónico domiciliario,
para recibir quejas, denuncias, abusos de que son objeto o peticiones negadas
por los distintos departamentos de las distintas Administraciones, a la hora de
ejercer el poder electoral, para cambiar tal estado de cosas, la enorme
abstención, especialmente en Canarias, y el voto clientelar
garantizan el triunfo continuado de quienes son responsables de tal
estado de cosas.
Ahora mismo, podría advertir a los canarios que el Gobierno autónomo, por su
desastrosa gestión de la moratoria, que defendía determinados intereses
económicos, tiene que pagar 850 millones de euros; seguimos a la cola en
instalación de energía eólica, por las irregularidades cometidas en su
planteamiento; la destrucción de la costa, amenaza a 14 espacios naturales
protegidos; aumenta un 40% el número de familias necesitadas; el sueldo medio,
en Canarias, se sitúa en 1.210 euros, menos que la media nacional; la pensión
de jubilación, en Canarias, es 146,28 euros menos que la media nacional.
Pero, estamos en agosto y no conviene avivar las fuertes temperaturas que
soportamos.
Sin embargo, se producen publicaciones de instituciones oficiales que, con otro
lenguaje, ratifican o incrementan lo denunciado. En los últimos meses, con
escasa difusión, se publicó el Informe 2008, del Diputado del Común:
Con independencia de la queja generalizada, año tras año, sobre la actitud
obstruccionista de las administraciones públicas, el Informe señala:
-El retraso de actuación de los juzgados y tribunales, constituye el 44% de las
quejas recibidas. El tiempo de espera de los justiciables canarios es uno de
los más altos de España.
-Continúa produciéndose un deterioro de la calidad del servicio de salud
pública de las Islas. Las listas de espera para intervenciones quirúrgicas,
pruebas diagnósticas y consultas con especialistas, en 8 de cada 10 casos, no
será inferior a siete meses.
-Canarias solo atiende al 10% de los dependientes valorados.
Con ocasión del proyecto de Ley de Participación Ciudadana, presentada por el
Gobierno de Paulino y Soria, al Parlamento, el Consejo Consultivo de Canarias,
por unanimidad, ha rechazado el bodrio que pretendía controlar, manipular y
teledirigir, la participación ciudadana. La descalificación del Consejo
no admite dudas: “Es una ley llena de torpezas e imprecisiones”…”Una ley que no
hay por donde cogerla desde el punto de vista jurídico”… “Contiene inventos
bolivarianos muy propios de la organización chavista”.
Muchos expertos, han descalificado la ley desde un punto de vista jurídico,
porque, incluso, choca frontalmente con preceptos constitucionales. El Gobierno
canario pretende un modelo de participación ciudadana, controlado desde el
poder, mediante una política discrecional de subvenciones.
A mediados de julio, el Consejo Económico y Social (CES),
entregaba su informe a los medios de comunicación, mientras su presidente,
Fernando Redondo, afirmaba que existe “una opinión generalizada sobre la
falta de eficacia de las administraciones públicas canarias”, recomendando
evitar el solapamiento entre administraciones y redefinir las competencias y responsabilidades.
El informe confirma toda una serie de datos negativos, contra los que el
Gobierno autónomo, muestra una gran incompetencia para resolver: la
productividad es de las más bajas de España; se ha incrementado el desempleo de
larga duración, entre personas de 18 y 24 años; la renta canaria solo alcanza
el 89% de la media española, cuando en 1995 era superior. El CES recuerda que “en los últimos años, la economía canaria,
lejos de aproximarse a los estándares de renta por habitante nacionales, se ha distanciado
de aquellos”, sin poder interpretarse, objetivamente, que este descenso se haya
producido, por el crecimiento demográfico o la inmigración.
Siete de cada diez canarios consideran que la pobreza ha aumentado y ha
disminuido el porcentaje de ciudadanos que tiene alguna capacidad de ahorro.
Según el barómetro del Consejo Económico y Social, los canarios suspenden la
gestión del gobierno, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, con
una nota del 4.02. Un 36% la consideran mala, un 44% regular y un 14%
buena. Resulta sorprendente que con los datos económicos y sociales,
progresivamente peores y los casos de corrupción, que se publican a diario, los
canarios se muestren tan benévolos con los responsables principales de la
situación.
Pero, mas sorprendente es la calificación obtenida por
el Partido Socialista Canario en la oposición. El 41% de los encuestados
califica de mala la actuación de la oposición; un 35 % la considera regular y
solo el 11%, la estima buena, lo que les concede una nota media del 4.02, igual
que el Gobierno. ¿Cuándo se producirán dimisiones?