LA JUNTA DE PERSONAL DE LAS PALMAS SOLICITA EL CESE DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN
El Pleno de la Junta de Personal de la provincia de Las Palmas
ha realizado una extensa valoración sobre el desarrollo del actual curso
2008/09 que viene a concluir con la petición de inmediata dimisión o cese de la
actual Consejera de Educación, Dña. Milagros Luis
Brito y la Directora
General de Personal, Dña. María
Teresa Covisa Rubia.
PLENO DE LA JUNTA DE PERSONAL –
15-I-2008
VALORACIÓN INICIO DEL CURSO
2008/2009
1.- Condiciones de
seguridad y salud laboral. Comités de Prevención. Infraestructuras yobras durante el periodo lectivo. Mantenimiento y
Seguridad en los centros de trabajo.
Que la seguridad y la salud laboral son elementos claves para el desarrollo
de cualquier actividad laboral es una realidad que nadie cuestiona, igualmente,
es una realidad la poca sensibilidad que la Consejería de Educación
viene mostrando por la seguridad y la salud del profesorado ya que, pese al
tiempo trascurrido desde la entrada en vigor de la ley de prevención de riesgos
laborales, se continua sin disponer de los siguientes aspectos:
- El desarrollo de un Plan General de Prevención.
- La realización de evaluaciones iniciales de riesgos en los centros.
- La Formación
inicial y la continua.
- Revisiones médicas periódicas generalizadas.
- Adjudicación de las Comisiones de Servicio por Salud desde unos criterios
objetivos, que tengan verdaderamente en cuenta las condiciones de salud que el
profesorado que las solicita tiene. Criterios a los Equipos Directivos para que
realicen las adaptaciones necesarias a los puestos de trabajo a aquellos/as
docentes, que por situaciones de salud, lo requieran.
- En cuanto a los Comités de Seguridad y Salud, además de que sigue sin
estar constituido el Comité Insular de Lanzarote, continúan sin respetarse las
reuniones periódicas trimestrales y, por tanto, el ejercicio de las
competencias y facultades que la
Ley les otorga.
Respecto a las infraestructuras y el mantenimiento de los centros, referir
que la falta de atención hacia los mismos, por parte de la Consejería de Educación
y resto de Administraciones competentes, además de condicionar la actividad
docente, en múltiples ocasiones dificulta cuando no impide la consecución de
los objetivos establecidos, y todo ello añadiendo un plus de responsabilidad
añadida a las tareas docentes (pabellones, canchas, laboratorios, talleres,
etc. que carecen de condiciones para la actividad que se desarrolla).
En Canarias el número de centros educativos que superan los 25 años de
antigüedad es elevado, por lo que dicha situación requiere de un programa
específico que más allá del mantenimiento cotidiano, establezca proyectos de
adecuación de los centros a las actuales normas de edificación (estructuras,
seguridad, instalaciones, accesibilidad, etc.).
Por último, recordar que los planes de emergencia de los centros, donde
existen, suelen quedar en un paquete de documentos desconocidos para la mayoría
de los miembros de la comunidad educativa, quedando simplemente para cubrir el
expediente administrativo y cumplir con las formalidades burocráticas.
Desde esta Junta de Personal se insta a la Consejería de Educación
a negociar un “Acuerdo Administración – Sindicatos” sobre medidas que mejoren
las condiciones de Seguridad y Salud en nuestro trabajo, así como a cumplir con
la obligación de convocar trimestralmente a los Comités Insulares, medio para
garantizar la participación de los trabajadores en esta materia.
2. Gestión administrativa
de la Consejería
de Educación
Si algo se ha vuelto a poner de manifiesto durante el inicio del presente
curso escolar, es el hecho de que el mal funcionamiento de la estructura
administrativa y el carácter irresoluto de la Consejería de
Educación, están deteriorando el servicio educativo público de las islas.
Es inadmisible que al inicio de curso, cuando más falta hace, la Consejería de
Educación, una vez más, no haya sido capaz de dar respuesta adecuada a las
múltiples consultas y dudas que se han generado por parte del profesorado y de
los equipos directivos. De esta forma se dificultó la tramitación y resolución
de los numerosos problemas suscitados, tanto a las organizaciones sindicales,
como a las directivas de los centros, padres, madres, y profesorado en general.
Ni siquiera se produjo una atención por vía telefónica rápida y eficiente,
siendo la única posible la telemática, con la dificultad que este
medio encierra (lentitud, bloqueos del servidor, la no accesibilidad
para todos, etc.). Asimismo, hay que criticar el pésimo servicio de información
facilitado por la
Consejería; puede decirse, en líneas generales, que cuando se
proporciona respuesta a la información solicitada, suele resultar incompleta,
cuando no incorrecta o contradictoria.
La adjudicación de destinos provisionales para el curso 2008-2009, se ha
realizado un año más de la peor manera posible, generando una situación caótica
inaceptable. El sistema público de educación no puede permitirse que la
petición telemática de centros no funcione con la mínima agilidad, o que los
nombramientos se vean afectados sistemáticamente por la presencia de una enorme
cantidad de errores. Igualmente denunciamos la falta de transparencia en la publicación
de vacantes que exigimos se solvente de cara al futuro.
Tampoco es de recibo que las plantillas docentes no estén completas en
todos los centros en el momento en el que el alumnado retorna a las aulas, del
mismo modo que no podemos admitir que el profesorado no pueda incorporarse a
sus destinos con la antelación suficiente como para poder realizar una adecuada
planificación de las diferentes materias, así como organizar con los miembros
de la directiva y todo el claustro, un correcto inicio de curso. En este
sentido, denunciamos una vez más que se realicen nombramientos durante el
período vacacional obligatorio del colectivo docente, en vísperas de la fecha
de incorporación oficial a los centros de trabajo.
De manera similar se continúan gestionado las sustituciones del profesorado
de baja durante este primer trimestre del curso: la pérdida de horas lectivas
por esta causa, ha llegado a niveles inadmisibles para el sistema.
Del mismo modo, sigue existiendo un constante retraso en el reconocimiento
y cobro de los complementos vinculados al desarrollo de cargos directivos del
mismo colectivo y el pago de las jefaturas de departamento en la mayoría de los
centros educativos.
También hay que denunciar el inexcusable retraso que están sufriendo los
centros en cuanto al ingreso de las partidas destinadas a gastos de
funcionamiento, lo cual está generando situaciones verdaderamente complejas en
muchos centros educativos.
Igualmente, como reflejo del mal funcionamiento administrativo y el
inadecuado trato al que somete la
Consejería de Educación al profesorado, cabe destacar la
actuación de la inspección médica. Su arbitrario proceder genera agravios
comparativos difícilmente admisibles especialmente en cuanto a las solicitudes
de jubilación anticipada. El apremio continuo para que los docentes con bajas
justificadas, se reincorporen a su puesto de trabajo antes de lo que el
facultativo responsable ha prescrito, es inaceptable; como tampoco es de recibo
la laxitud con la que, en algún caso, admiten alguna baja de difícil
justificación.
Especialmente grave ha resultado la actuación de la Administración Educativa
respecto a la concesión de Comisiones de Servicio por Salud. Las mismas han
sido concedidas este año de forma harto arbitraria negándose, sin criterio
lógico alguno, la gran mayoría de las solicitudes presentadas por el personal
docente.
3.- Recortes en la
inversión en materia educativa
Desde esta Junta de Personal se considera que, este inicio de curso, una
vez más, la actuación de la
Consejería de Educación ha estado marcada
por los continuos recortes presupuestarios, viniendo a poner de manifiesto hasta
que punto la
Educación Canaria no se encuentra entre las prioridades
esenciales del actual Gobierno de Canarias. Además, este curso la Consejería ha utilizado
la falsa excusa de la “crisis económica” para profundizar en esta política de
continuados recortes en un área tan esencial para la sociedad canaria como es la Educación.
Esta actuación se enmarca, además, dentro de una continuada política de
“descapitalización” de la
Educación Pública que se contrapone con el constante y
significativo aumento protagonizado por nuestro Producto Interior Bruto durante
los últimos años.
No cabe duda que esta progresiva “descapitalización” de nuestra Educación
Pública tiene mucho que ver con los actuales niveles de fracaso escolar y su
directa repercusión en perjuicio del conjunto de nuestra sociedad, puesto que,
sin ser este el único factor determinante de los “niveles de calidad”
educativa, la realidad, contrastable a lo largo y ancho del Estado español y la
propia Unión Europea, demuestra la existencia de una estrecha relación entre
unas mayores cotas de inversión (adecuadamente gestionada) y la mejora de los
resultados académicos.
Desde esta Junta de Personal se quiere denunciar públicamente que, como
resultado de esta visión predominantemente mercantilista de la Educación, durante el
presente curso se están produciendo recortes de diversa índole que sólo
contribuyen al deterioro de nuestra Educación Pública. En este sentido y
obviando algunas cuestiones abordadas en otros epígrafes del presente
documento, referir el significativo e indiscriminado aumento de las mezclas de
nivel junto al incremento, en muchos casos por encima incluso de la legalidad
vigente, de las ratios de alumnos y alumnas por aula. Igualmente denunciar que
se sigue sin dotar adecuadamente a los centros del inexcusable crédito horario
y de la imprescindible plantilla de profesionales para desarrollar debidamente
las necesarias medidas de atención a la diversidad que requieren los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Esta situación, además, se ha visto agravada este
curso por la inexplicable supresión de numerosos orientadores y orientadoras
así como de docentes especialistas en Pedagogía Terapéutica. A todo lo anterior
hay que añadir la progresiva supresión de Ciclos Formativos de Formación
Profesional así como el generalizado y constante recorte de plantillas en todas
las etapas educativas. En este sentido, desde esta Junta de Personal se
considera prioritario la negociación de un nuevo
Catálogo de Plantillas para los centros de Educación Infantil y Primaria y para
los centros de Educación Secundaria. Mención específica requiere la drástica e
injustificada disminución de asesores en los Centros de Profesores lo cual ha
supuesto una merma inevitable respecto a la importante función de asesoramiento
y formación que desarrollan estos centros.
Por otro lado, este curso se ha introducido, contra todo criterio
pedagógico, la figura del profesor volante por ámbitos en Educación Secundaria,
lo cual sólo está contribuyendo al deterioro, aún más, de nuestra enseñanza
pública y de las condiciones laborales del personal docente. Desde esta Junta
de Personal se insta al Gobierno de Canarias a incrementar las partidas presupuestarias
dedicadas anualmente a la
Educación Pública Canaria, a fin de superar los déficit existentes,
hasta alcanzar el 6% del Producto Interior Bruto teniendo en consideración que,
actualmente, la inversión en Canarias en materia educativa no llega al 4% del
PIB.
4.- Oposiciones
4.1.- Oposiciones Infantil
2007
En las oposiciones del año 2007 ocurrió un hecho evidentemente grave donde la Comisión Seleccionadora
de la especialidad de infantil determinó y aplicó unos criterios de evaluación contrarios
a la normativa vigente, y diferentes a lo expuesto públicamente por los propios
Tribunales. Ante la gravedad de los hechos, la Dirección General
suspendió el procedimiento selectivo de esta especialidad y decidió retrotraer
las actuaciones a la fase de oposición mediante Resolución.
La falta de control de la
Consejería durante el procedimiento de oposiciones fue
evidente puesto que, aun sabedora de que estaban ocurriendo irregularidades, ya
que los opositores presentaron quejas ante los diferentes tribunales y en la
propia Dirección General, esta optó por hacer oídos sordos. Tal irresponsable
actuación genero daños evidentes, aún por reparar, a los legítimos intereses de
todos los participantes.
El presente curso comenzó con la misma sensación de incertidumbre para
todas las personas afectadas, con la publicación de una Orden informando que
debía iniciarse el procedimiento de revisión, pero sin ningún tipo de
explicación sobre el calendario, argumentando las dificultades que entrañaba la
obligatoria notificación a los interesados y su publicación en los boletines oficiales.
Por otro lado, la
Administración Educativa, en el Procedimiento de Adjudicación
de Destinos 2.0008/09, aduciendo mediante explicación verbal a los sindicatos
la existencia de Medidas Cautelares que le obligaban a ello, mantuvo a los 275
aspirantes seleccionados en la mismas vacantes adjudicadas el curso anterior,
sustrayéndolas de dicho procedimiento, actuación que ha dado lugar a la
presentación de diversos Recursos por parte de algunos sindicatos y
particulares.
Finalmente, el pasado 4 de diciembre, La Consejería de Educación
informó que el Procedimiento de Revisión se iniciaría en el mes de diciembre.
Las condiciones en las que los tribunales van a realizar sus funciones no
son las más adecuadas: La Administración Educativa, en lugar de liberar a
sus miembros durante el periodo de revisión, les obliga a realizar ese trabajo
en prolongación de jornada y es que, para esta Consejería de Educación, a pesar
de que está en juego la credibilidad de los sistemas selectivos, sigue siendo
más importante el ahorro económico que la calidad del trabajo de estos docentes
o las propias garantías del procedimiento.
Esta Junta de Personal exige a la Administración Educativa
que utilice todas las herramientas de control y supervisión de las que dispone,
a fin de avalar la transparencia y fiabilidad del Procedimiento de Revisión y
que una vez concluido se proceda a convocar la Mesa Sectorial de
Educación a fin de que las organizaciones sindicales puedan conocer los
resultados.
4.2.- Oposiciones 2008
Desde el temor a que situaciones como la sufrida en el Concurso-Oposición
07 pudieran volverse a repetir, quien fuera Director General de Personal en
aquel momento optó por formular un procedimiento cuyas principales
características serían su extensión temporal y la disminución del número de
tribunales (Orden de 23 de abril de 2.008). El cambio de titularidad en esa
Dirección General, aunque no alteró la fórmula general, si que obvió algunos
elementos importantes y, sobre todo, la intencionalidad de los cambios
promovidos. Si en primera instancia lo que se pretendía era que, entre prueba y
prueba, se fueran publicando las calificaciones y se contemplara un periodo de
reclamación formal, ahora se suprimirían esos periodos de reclamación y las
notas serían publicadas en bloque al término de la fase de oposición o, lo que
es peor, se omitía en la Orden
de Convocatoria el derecho a la reclamación y a la explicación de las
calificaciones que, por otro lado, una norma de rango superior garantiza en
todo procedimiento selectivo. La fórmula definitiva bajo la que se ha convocado
el concurso relativo a la OPE 2.008 no ha respondido a los
objetivos iniciales con los que se planteó y se han seguido generando el mismo
tipo de dudas, especialmente en torno a un cierto oscurantismo sobre la
elaboración de los ”informes” que los interinos y sustitutos, al amparo de la Transitoria LOE,
pueden solicitar en sustitución de la defensa de su unidad didáctica y que, a
la postre y en muchos casos, lejos del espíritu de esa disposición transitoria,
ha supuesto una desventaja para los opositores del sistema.
Existen, además, agravios comparativos en la Orden del 23 de abril de
2008, de la convocatoria de oposiciones:
- a.- Los opositores externos al sistema que en Canarias superen el
concurso-oposición serán nombrados como funcionarios en prácticas el 1 de
septiembre de 2009 y no del 2008, como sucederá en el resto de comunidades
autónomas. Esto supone perder un año de antigüedad afectando por tanto, a la
jubilación (LOE).
- b.- El informe sobre la unidad didáctica emitido en Canarias es
susceptible a cuatro calificaciones mientras que los provenientes de otras
comunidades lo son sólo a dos, lo que supone una diferencia de criterios.
- c.- Los méritos se cuantifican de manera nada coherente con la
establecida en otros procedimientos como, por ejemplo, los Concursos Generales
de Traslados.
- d.- La citada Orden impide al profesorado interino y sustituto,
pertenecientes al grupo A2 (B) con titulación de licenciados optar
voluntariamente a la sustitución de la defensa de la unidad didáctica por el
correspondiente informe, cuando se presentan al procedimiento selectivo del
cuerpo A1 (A), tal y como establece la disposición transitoria existente al
efecto en la LOE.
A todo esto hay que añadir que la falta de concreción de la convocatoria
sigue permitiendo que algunos tribunales dejen plazas sin adjudicar o que penda
sobre la fase de oposición la sospecha de la aplicación del “Numerus Clausus”, con el
consiguiente perjuicio al profesorado interino-sustituto y desvirtuando, por
tanto, el objetivo de la señalada disposición transitoria.
Para colmo, la
Administración Educativa ha sometido a los tribunales y a
los/as opositores/as docentes aspirantes a un ritmo de trabajo poco aconsejable
si lo que se pretende es garantizar el procedimiento selectivo que, en base a
ley, merecen los aspirantes y el propio sistema educativo canario.
Por todo esto, vemos necesario una profunda revisión negociada del Sistema
de acceso a la función pública docente para garantizar la objetividad en las
pruebas y evitar los agravios comparativos con otras Comunidades Autónomas o
Administraciones.
5. Consejería de Educación
A la falta de eficacia y eficiencia de la Administración
educativa, se unen la actitud arrogante y la falta de disposición de muchos de
sus responsables, lo que lleva a la
Junta de Personal de la provincia de Las Palmas a valorar muy
negativamente el talante y la forma de actuar de los responsables políticos de
Educación del Ejecutivo canario.
Denunciamos la actitud agresiva mantenida por la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deporte hacia el colectivo docente así como las
campañas publicitarias engañosas, pagadas con fondos públicos, sobre las
supuestas mejoras introducidas en el sistema educativo canario. En una sociedad
que demanda potenciar su sistema educativo y dignificar la figura del docente,
este tipo de acciones no son tolerables. En la misma línea, cabe incluir a los responsables
de la Dirección
General de Personal.
Esta Junta de Personal, igualmente, denuncia la supresión unilateral de la Mesa Sectorial de Negociación
de Educación y su sustitución por meras comunicaciones formales a esta Junta de
Personal. Esta situación está impidiendo, en la práctica, la legítima
negociación de cualquier aspecto relacionado con las condiciones laborales de
los docentes. Desde esta Junta de Personal, pues, se exige la inmediata y
urgente convocatoria de la citada Mesa Sectorial de Educación como único foro
legitimado para negociar las condiciones laborales del profesorado canario.
Todo lo dicho explicita el carácter autoritario, reacio al diálogo y a la
negociación, manifestado por los responsables políticos de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
6.- Homologación
retributiva del profesorado canario
Llegado al tercer curso consecutivo de conflicto, la Junta de Personal de la
provincia de Las Palmas considera imprescindible realizar todos los esfuerzos
posibles a fin de conseguir una solución negociada al actual conflicto de la
homologación retributiva del profesorado canario, de acuerdo con el derecho
reconocido al respecto por el Parlamento de Canarias a través de la Ley 4/91.
En este sentido, esta Junta de Personal considera que la reiterada e
irresponsable negativa del Gobierno de Canarias a abrir el diálogo y la negociación,
en torno a la referida demanda de homologación retributiva de los docentes del
archipiélago y a la mejora de la calidad de la educación canaria, es la razón
esencial por la que el conflicto se está alargando y complicando innecesariamente
con el consiguiente perjuicio, no deseado al menos por parte del profesorado,
para nuestros alumnos y alumnas y para el conjunto de la Enseñanza Canaria.
De acuerdo con lo anterior, desde esta Junta de Personal se invita a las
organizaciones sindicales a buscar la consecución de la unidad sindical para,
como reclama el profesorado canario, trabajar coordinadamente por nuestra justa
homologación retributiva y por la mejora de la Educación Pública
Canaria en su conjunto.
Finalmente, desde esta Junta de Personal, invitamos a toda la sociedad
Canaria, comenzando por el alumnado y por los padres y madres y sus
organizaciones representativas, para que reclamen ante nuestros mandatarios
políticos (como de hecho ya está aconteciendo) la asunción de su ineludible
responsabilidad en cuanto a emprender la inequívoca senda del diálogo. Diálogo
y negociación ininterrumpida hasta alcanzar los
acuerdos necesarios para la mejora de la calidad de la Educación Canaria
y para la consecución de la justa Homologación
salarial del profesorado canario.
7.- Organización y
funcionamiento de los centros
La Orden de organización y funcionamiento de los centros
(anteriormente llamada “Circular nº 1”), como cada principio de
curso, establece las normas e instrucciones al respecto de los centros
educativos de la enseñanza pública no universitaria. La realidad, sin embargo,
es otra distinta porque en múltiples ocasiones genera en los claustros notable
confusión, discrepancias y retrasos en la toma de acuerdos, dada la poca
claridad de la misma. Además, hay que referir que este curso la misma no ha
sido negociada con los representantes de los
trabajadores imponiéndose unilateralmente por la Administración.
Por otro lado la
Consejería de Educación ha adoptado la mala costumbre de no
publicar oficialmente en el BOC las diferentes
órdenes que emite, incluida la de Organización y Funcionamiento del presente
curso, lo cual imposibilita jurídicamente cualquier tipo de recurso.
En este sentido, referir, por ejemplo, que la última orden de organización
y funcionamiento introduce determinados aspectos relativos al derecho a la
huelga jurídicamente más que cuestionables.
La
Consejería está
dejando los derechos de los docentes en una interpretación arbitraria haciendo
recaer el problema entre los miembros del claustro, que se ven obligados a
alcanzar acuerdos que en numerosas ocasiones generan problemas entre
compañeros. Estos problemas se resolverían con una normativa clara, sin lagunas
ni ambigüedades. Es inadmisible que la Consejería, en una mala interpretación de la
autonomía de los centros le “pase la pelota” a los equipos directivos y
claustros del profesorado, cuando en realidad le corresponde a ella resolver la
cuestión a través de una adecuada normativa. Finalmente citar que la aplicación
de ratios regresivas (10% de matrícula sobrevenida, no disminución de ratios
por alumnado con discapacidad…) dificultan enormemente la adecuada atención a
la diversidad y provocan la supresión indiscriminada de unidades en los centros
educativos.
8.- Convivencia de los
centros. Dignidad, autoridad y reconocimientos a la figura del profesos/a
La tarea docente es una de las más relevantes porque a través de la
educación se construye el futuro de la sociedad. En amplia mayoría, somos
profesionales serios y entregados, que realizamos con vocación y esmero una
tarea difícil, de enorme responsabilidad, con la cual nos sentimos
comprometidos. La realidad es que el grave problema de la convivencia en los centros
educativos se tiene que abordar desde el voluntarismo y el sobreesfuerzo del profesorado
ante la falta de medios y recursos al respecto.
Igualmente, no es aceptable, en una sociedad desarrollada como la nuestra,
que se desacredite a través de los medios de comunicación a uno de los
colectivos imprescindibles para su funcionamiento y progreso. Desde hace algún
tiempo, y con cierta frecuencia, algunos medios audiovisuales viene presentando
a los docentes como figuras ridículas y malos profesionales. Para los
profesores que viven día a día a pie de aula, las consecuencias de que se
presente así su labor pueden ser, y a veces son de hecho, muy negativas.
Por otro lado, la convivencia en los Centros educativos día a día se
deteriora cada vez más debido a la enorme complejidad del hecho educativo y a
la inexistencia de una normativa ágil y clara al respecto. En este sentido, por
ejemplo, entendemos que es necesario la revisión de la
actual normativa de derechos y deberes del alumnado a fin de clarificar y
agilizar su aplicación.
La calidad de la educación ofertada en nuestros colegios e institutos
depende, en buena parte, del reconocimiento y valoración social de los
profesores como componente básico del hecho educativo. Este reconocimiento y
valoración deben ser la tónica común en la relación de la sociedad con los
docentes. En tal sentido, demandamos de todos los sectores sociales, familias,
los medios de comunicación y en especial desde la Administración, que
se valore y respete la figura del profesor, su reconocimiento como se merece
puesto que realiza una actividad vital en la construcción de nuestra sociedad
canaria.
Finalmente y en relación con todo lo anterior, demandamos de la Administración Educativa
la inversión necesaria en medios, recursos y profesionales que permita a los
centros abordar adecuadamente los problemas de convivencia existentes
actualmente.
9.- Situación de la Formación Profesional.
Adscripción nuevas especialidades. PCPI
La Formación Profesional, según establece el calendario de aplicación de la LOE, debió comenzar con la
implantación de las titulaciones correspondientes a los nuevos currículos, en el
curso 2007-2008. Sin embargo, la
Consejería de Educación de Canarias sigue sin convocar hasta
la fecha ninguna negociación al respecto de las condiciones de la nueva
Formación Profesional y, especialmente, sobre cómo afectará a las actuales
plantillas del profesorado, todo ello pese al acuerdo de Mesa Sectorial
celebrada el curso pasado en el que se recogía que iban a comenzar las
negociaciones. No entendemos como esta Consejería no ha presentado aún el nuevo
mapa de la FPE,
donde van a estar implantadas las diferentes familias profesionales (Ciclos
Formativos) y las nuevas enseñanzas (PCPI).
Igualmente la Administración
tampoco ha hecho públicas las cifras del cuantioso número de Ciclos Formativos
que han sido suprimidos, en la mayoría de las ocasiones bajo criterios
meramente “economicistas”, a los largo de los últimos años, para conocimiento
de toda la sociedad canaria.
La realidad es que existe en el colectivo de profesores/as de Formación
Profesional una gran incertidumbre respecto al futuro de sus puestos de
trabajos puesto que ya se han producido pérdidas de destinos entre los/as
funcionarios/as, mientras que dentro del colectivo del profesorado interino y
sustituto (muchos con edades entorno a los 50 años y más de 20 años de
antigüedad) bastantes docentes están padeciendo este curso 2008/2009, la
perdida de su puesto de trabajo en algunas especialidades de la FPE.
Mención aparte merecen los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y dentro de los mismos los PCP,
PCE, PCA1 y PCA2 que según el calendario de aplicación de la LOE, han comenzado a aplicarse
este curso 2008/2009, en sustitución de los actuales Programas de Garantía
Social (PGS). Sin embargo, la Consejería de Educación
no ha negociado los mismos implantándolos unilateralmente mediante la
publicación de la Orden
de 7 de julio de 2008, que regulan estos PCPI en
nuestra Comunidad Autónoma. Estas nuevas enseñanzas, que afectan a un gran
colectivo de profesores/as (secundaria, maestros, técnicos de FP), sufren una compleja
situación (pocas horas de tutorías, de coordinación y de FCT,
ratios elevadas, no formación del profesorado, falta de cuidadoras/es de aula,
posible incumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales en los
talleres de las diferentes familias profesionales). Por otro lado hay que
significar que la oferta de la
Consejería ha sido muy inferior a la demanda del alumnado.
Por todo lo anterior, esta Junta de Personal de la provincia de Las Palmas
exige la inmediata convocatoria de una mesa sectorial específica para la FPE
a fin de negociar y dar respuesta a toda la problemática existente en la
actualidad.
10.- La Mesa por la Calidad de la Educación
Una de las reivindicaciones mantenidas por las centrales sindicales a lo
largo de los últimos meses, ha sido la de iniciar un diálogo fluido con el
Gobierno de Canarias sobre las medidas a adoptar para optimizar la calidad del
sistema educativo público de las islas.
El 26 de marzo de 2008, el Presidente del Gobierno Autónomo presentó en el
Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, una serie de medidas para
mejorar la Educación
canaria:
- Refuerzo educativo en horario de tarde.
- Enseñanza bilingüe en una serie de centros, en los que el 25% del
currículo se dará en inglés.
- Formación de padres y madres.
- Extensión de la acogida temprana en los centros escolares.
- Fortalecimiento de la función directiva de los centros y reforma de la Inspección Educativa.
-Adecuación de la oferta a las necesidades del mercado laboral con
adaptación la normativa europea en Formación Profesional y Educación Superior.
A la vista de que dichas actuaciones propuestas eran claramente
insuficientes, en abril de 2008 algunos de los sindicatos representados en esta
Junta de Personal Docente presentaron un escrito al Viceconsejero de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, en el que se planteaba un paquete de
soluciones para contribuir tanto a la mejora de la condiciones laborales de los
docentes, como a la gestión de los centros y a los resultados académicos del alumnado.
También se proponía buscar el compromiso de los demás agentes implicados de la Educación de nuestros
jóvenes, como son las familias y las instituciones locales.
Este documento cayó en saco roto, puesto que no obtuvo por parte de la Consejería de Educación
respuesta alguna más allá de la reiteración de lo propuesto por el Presidente
Rivero en el Parlamento Autonómico.
El 2 de julio de 2008 se creó la
Mesa por la
Calidad de la
Educación, en la que actúa como Comisionado de Calidad
Educativa D. Fernando Hernández Guarch. En la misma
se establecieron tres comisiones, destinadas a trabajar sobre sustituciones del
profesorado, mejora del éxito escolar del alumnado con dificultades para
aprender, y atención temprana. Este foro se abrió a la presencia y las
aportaciones de las centrales sindicales (con representación en las Juntas de
Personal Docente o sin ella), Federaciones y Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos, sindicatos de estudiantes y representantes de los centros educativos
privados concertados.
Sin embargo, la Mesa
por la Calidad
Educativa nacía ya con una grave limitación, dado que el Gobierno
no estaba dispuesto a negociar, por ejemplo, la modificación de las medidas expuestas
por el Presidente en su discurso. Así lo admitió públicamente el Comisionado de
Calidad Educativa poco después de la constitución de la Mesa: “(…) son las cinco
medidas que se aprobaron en el Parlamento y que se pondrán en marcha en
octubre, independientemente de lo que diga o no la Mesa. No van a ser las
únicas, se pondrán añadir otras e incluso modificar en los plazos de
implantación y la forma de incrementarlas”. Esto daba idea del talante con el
que la Administración
encaraba el instrumento de negociación que acababa de crear.
Desde que se iniciaron las reuniones de dicho foro, se ha puesto de
manifiesto lo siguiente:
1. La Consejería
no tenía claro para qué y cómo había puesto en marcha la Mesa de la Calidad en la Educación. No había
un objetivo claro, ni una documentación previa trabajada sobre la que
desarrollar el diálogo y el trabajo común. La improvisación fue la tónica
inicial, y solo el trabajo de otros interlocutores evitó que este escenario de
debate fuera absolutamente estéril al poco de iniciarse.
2. La Consejería
de Educación carece de un diagnóstico de situación de la Educación en Canarias:
condiciones de los centros, deficiencias, posibilidades, resultados, etc.
3. La Consejería
de Educación carece de un auténtico plan de mejora de la Educación Pública
de las islas, un plan estructurado y coherente, con plazos y formas.
4. La Consejería
de Educación ha mostrado durante la negociación un talante impositivo, muy
alejado del espíritu de diálogo deseable por todos. Este hecho ya supuso la
salida de la Mesa
de algunos sindicatos representativos del sector educativo en las islas.
5. La Mesa
por la Calidad
está incompleta: falta la presencia de representantes de las instituciones
locales e insulares, que tienen competencias en Educación y en la prestación de
unos servicios sociales de cuyo correcto desarrollo depende la prevención de
buena parte de los problemas que afectan al normal desarrollo de la vida de los
centros y la práctica docente.
6. La Mesa
por la Calidad
de la Educación
está sirviendo para tratar aspectos relativos a las condiciones laborales del
profesorado, que solo debían negociarse en la Mesa Sectorial de Educación,
eliminada unilateralmente y de forma paralela por la Consejería de
Educación.
7. Esta Mesa, pese a su nombre, ha impuesto medidas que van contra la
calidad de la educación que reciben nuestros alumnos como es, por ejemplo, la
implantación de la figura del profesorado sustituto volante por ámbitos en la Enseñanza Secundaria.
Este tipo de medidas, que afectan a cuestiones como la jornada laboral de los
docentes, su especialización y sus condiciones de trabajo, debía haberse
negociado en el foro adecuado entre los representantes de los trabajadores y la Administración Educativa.
8. La Mesa
de la Calidad
se ha convertido en una asamblea que se mueve en el plano de la utopía,
generando falsas expectativas, por cuanto se plantea la puesta en práctica de
una serie de medidas, o la modificación de otras, mientras el Gobierno Regional
reduce presupuestos, elimina toda posibilidad de negociación con los representantes
de los trabajadores al negar la constitución la Mesa Sectorial de
Educación y las Mesas Técnicas que operaban desde las pasadas elecciones de
2006, recorta plantillas docentes, suprime medidas de atención al
alumnado, deja deteriorarse las infraestructuras docentes hasta que no
tienen solución, retrasa las obras mayores en los centros y las realiza en
pleno período lectivo, elimina comisiones de servicio necesarias, suprime
proyectos desarrollados desde los CEP, mantiene al alumnado de muchos centros
recibiendo clases en espacios inadecuados, desarrolla una pésima gestión de las
sustituciones, y un largo etcétera de despropósitos que evidencian una gestión
muy negativa del sistema educativo público de las islas. Por otro lado, hay que
recordar que la propia Administración ha puesto de manifiesto el que no existen
partidas presupuestarias
disponibles para hacer frente a las supuestas medidas de calidad a
introducir en el Sistema Educativo canario lo cual vacía aún más de contenido
este foro.
9. De las medidas de calidad impuestas por el Gobierno a raíz del discurso
del Presidente Rivero, solo se han puesto en marcha la acogida temprana y el
refuerzo educativo. La acogida temprana, no secundada por la mayoría del
profesorado, se ha implantado a costa del personal laboral de la Consejería (que ya
contaba con un acuerdo por el que se le reservaba esa función y se destinaban
fondos para ello), y de las medidas ya desarrolladas por muchas AMPAs del archipiélago. En cuanto al refuerzo educativo, en
la mayoría de los centros en los que se impuso ya existían programas, debidos a
la iniciativa de los claustros, las AMPAs o las corporaciones
locales, con lo que no han supuesto novedad alguna. En lo referente a la enseñanza
bilingüe, en poco ha quedado, aparte de mandar a un puñado de docentes a realizar
estancias cortas en otros países, algo a todas luces absolutamente
insuficiente.
11.- Deterioro de las
condiciones de trabajo del profesorado en Canarias.
Dentro de la caótica política educativa del actual Gobierno de Canarias,
con Doña Milagros Luis Brito al frente de la Consejería de
Educación, las condiciones de trabajo del profesorado también se han ido
deteriorando de forma progresiva, ya que, bajo el pretexto de una calidad educativa
mal entendida, se comenzó frustrando cualquier posibilidad de diálogo que
pudiera cuestionar su gestión, para continuar desacreditando y culpando al
profesorado de los problemas educativos de Canarias y por último, pretendiendo
imponer de forma unilateral la
ampliación de tareas al profesorado con la adopción de múltiples
medidas que empeoran el trabajo en los centros o restringen los derechos del
docente.
Entre las medidas adoptadas por la consejería cabe señalar:
- El cierre de todos los foros de negociación (Mesa Sectorial, Comité,
etc.)
- Incumplimiento de acuerdo para la Mejoras de las Condiciones Laborales del
Profesorado (Reducción de horas lectivas mayores 57 años, Escaso apoyo a
profesores agredidos en el desempeño de sus funciones, etc.)
- Disminución de liberados sindicales que ejercen labores de representantes
de personal.
- Acoso y castigo a los claustros por ejercer el libre derecho a secundar
las medidas de presión propuestas por sus representantes sindicales.
- Campañas mediáticas institucionales para el desprestigio del profesorado.
- La negativa a conceder comisiones de servicio por salud, pese a contar
con informe favorablemente del servicio de inspección médica.
- La introducción de la figura del sustituto volante por ámbitos, en
Educación Secundaria,
como ya se ha indicado anteriormente.
- Veto y ninguneo a las organizaciones sindicales y a sus representantes
legítima y democráticamente elegidos.
A todo lo anterior hay que unir las situaciones derivadas del aumento de
ratios, proliferación de grupos mixtos, supresión de medidas de atención a la
diversidad, cierre de programas educativos, disminución o supresión de ofertas
educativas (ciclos formativos, modalidades o áreas de bachillerato, PCPI, etc.), nefasta gestión de sustituciones,
infraestructuras insuficientes o deficitarias, incumplimiento de normas y
condiciones de seguridad e higiene, etc.
12.- Conclusión
Todo lo anterior viene a poner de manifiesto el que estamos atravesando una
de las peores etapas de toda la historia democrática de nuestro archipiélago en
el ámbito educativo, producto de la nefasta gestión protagonizada por la actual
titular de la Consejería
de Educación y la mayoría de su equipo, con especial referencia a la actual
Directora General de Personal. El talante profundamente antidemocrático y no
dialogante de las referidas mandatarias, el desconocimiento casi absoluto de la
realidad educativa de nuestro archipiélago, la visión profundamente
mercantilista de la misma y el desarrollo de una evidente estrategia de “acoso
y derribo” hacia el Sistema Educativo Público con el objeto de profundizar en
su progresivo desmantelamiento, llevan a esta Junta de Personal, como legítimo
y máximo órgano de representación legal de todo el profesorado no universitario
de la Enseñanza
Pública Canaria en esta provincia, a solicitar la inmediata
dimisión o cese de la actual Consejera de Educación, Dña.
Milagros Luis Brito, y la
Directora General de Personal, Dña.
María Teresa Covisa Rubia.