Jaime
Bethencourt Rodríguez *
Nuestra organización sindical ha venido centrando gran parte de
sus esfuerzos en el objetivo de sumar el consenso más amplio posible para
desarrollar nuevas movilizaciones populares en respuesta a los repetidos
embates que, tanto desde el Gobierno español (PSOE) como desde el ejecutivo
canario (CC y PP), tienen como objetivo una estrategia sin precedentes de
liquidación de derechos sociales, laborales y nacionales canarios...
En el
específico marco nacional socio-económico del Archipiélago, medidas como la
reforma laboral, la nueva ley de pensiones y de jubilación o los severos
recortes económicos en la financiación de los servicios públicos aprobados
recientemente por el Parlamento autónomo tienen un efecto negativamente
multiplicador al partir de antemano nuestro Archipiélago con unos indicadores
sociales y económicos de estructura indiscutiblemente colonial que continúan
postergando y distanciando a los canarios de la media de protección social y
calidad de vida de españoles y europeos. Las escasas iniciativas políticas
anunciadas con el teórico objetivo de afrontar el estado de emergencia social
que sufre Canarias, indiferentemente de que hayan partido del Gobierno español
o canario, han continuado traduciéndose en renovados fraudes. Ambos ejecutivos
continúan así avanzando en su hoja de ruta de rapiña de derechos sociales y
laborales para, con el pretexto de la crisis económica, colaborar activa y
vilmente en la actual campaña de acumulación de beneficios de la banca y los
mercados financieros.
Es sabido
que los Presupuestos del Estado mantienen su línea discriminatoria para los
canarios en relación con la media española en inversión por habitante, pero tan
evidente como el hecho de la existencia de una singular deuda acumulada de
España con Canarias lo es el hecho de la inexistencia de garantía alguna para
que, en la hipótesis de su devolución, esta redundaría en beneficio social de
los ciudadanos. Queda ello constatado con la perniciosa política de prioridades
de un gobierno, en la práctica medianero del Ejecutivo español, que es campeón
en el desmantelamiento de la protección social de sus conciudadanos,
castigándoles con los peores servicios públicos, el mayor número de
desempleados, los peores salarios, las más paupérrimas condiciones laborales y,
lo que es peor, sin proyecto conocido para apartar de la exclusión social a más
de la cuarta parte de nuestra población.
La mayoría
social de Canarias, por tanto, continúa siendo el blanco de una doble agresión
gubernamental del tripartito integrado por PSOE, CC y PP en su endemoniada hoja
de ruta que liquida derechos sociales, fractura la dignificación laboral,
desguaza servicios públicos y extiende la pobreza cada día a sectores más
amplios de nuestra población. Además, la pérdida de referentes culturales e identitarios de nuestra nación canaria es más evidente por
la inacción de un seudogobierno nacionalista de
iletrados, carente de política cultural alguna e incapaz de promover cualquier
iniciativa para preservar y promover nuestra personalidad como pueblo en su
amplio exponente de tradiciones, patrimonio histórico, idiosincrasia y
manifestaciones artístico-culturales que conformen un legado a custodiar y
obligado a transmitir a las futuras generaciones de canarios. En la misma línea
de política letal contra nuestra integridad nacional, este Gobierno promueve
leyes que, incluso, avanzan en el objetivo de arruinar nuestra singular y
valiosa biodiversidad.
En la línea
de acción emprendida por Intersindical Canaria, continúa siendo la movilización
popular y las acciones de protesta pública las únicas herramientas actualmente
disponibles para obligar a los gobiernos a cesar en estas incivilizadas y
suicidas pautas de política social.
* Delegado
Sindical de Intersindical Canaria-Salud