Menores invisibles

Agapito de Cruz Franco

El debate sobre el menor y la familia está abierto. Cuando surge una situación de desamparo, en lugar de vislumbrarse un camino en la vida de las pequeñas criaturas, aparece muchas veces un túnel de difícil salida. Centros de acogida, acogimientos, adopciones, familias biológicas y familias adoptivas, forman un entramado que, mediado por la burocracia de la Dirección General de “Protección” del Menor y la Familia, y una legislación anclada en los tiempos del cólera, han convertido en invisible al principal protagonista. El niño/a es un ser sin derechos, ausente en el proceso, afectivamente inexistente, su personita no cuenta. Un fantasma. Como dice Jose Luis Calvo, Presidente de PRODENI, la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 parece propia del absolutismo ilustrado: todo por el niño pero sin el niño.

El primer paso es el Centro de Atención Inmediata o CAI -antes Casa Cuna y antes Orfanato-, residencia donde el Estado se hace cargo del menor. De allí pasa a los centros de acogida o pisos tutelados. La Administración delega en asociaciones particulares y ONGs, sin una normativa de actuación común. Aparecen situaciones cuando menos sorprendentes, como que los centros de visita familiar se hallen en la esquina opuesta de la Isla en donde vive la familia parental ya de por sí desestructurada y en situación precaria; o que el apoyo a la familia, naufrague en la enmarañada burbuja administrativa; o que el seguimiento y cuidado de los pequeños dependa más del voluntarismo y la vocación social de trabajadoras sociales, psicólogas y pedagogas que de un Sistema que tal y como está hace aguas por todos lados y no funciona. Así lo han afirmado en el Senado los defensores del menor junto a los senadores de la recién creada comisión especial para el estudio de la adopción.

Según la evolución de la familia biológica en lo que respecta a su inserción social, los niños y las niñas pasarán a integrarse o no en nuevas familias. El 80% lo hacen dentro de la familia extensa del menor (tíos, primos, hermanos mayores...) y sólo el 20% en una nueva. Muchas veces acaba volviendo al centro porque la familia de acogida lo devuelve, claro ejemplo de la falta de apoyo a esta de las autoridades. Otras veces, los jueces obligan a la familia de acogida a entregar al niño a unos padres biológicos aún no preparados para tal función. De hecho, el 71% acaba volviendo a un centro tutelado por el Estado. El caso “Piedad” en Canarias es aún si cabe más grave porque no se trata de un caso de acogida sino de pre-adopción camino de una adopción, y en donde ya no había marcha atrás en el contrato entre la Consejería de Asuntos Sociales y la Familia adoptante. En este caso el Estado no sólo no ha apoyado a la familia pre-adoptiva sino que la ha abandonado. Más aún, el intento por parte de su madre pre-adoptiva, Soledad Perera, por proteger a la menor, la está llevando a las puertas de la cárcel. La desobediencia civil es un derecho cuando la causa es justa. Hay muchos ejemplos en nuestra historia reciente. Pero aquí se han ensañado con especial dureza contra quien precisamente estaba cumpliendo un objetivo social encomiable. La hipocresía del poder legal ha pasado también -en el citado caso “Piedad”- del enfrentamiento entre los poderes judicial y ejecutivo al lavado de cara de este último. Incompetencia política, capaz incluso de escenificar el Pleito Insular. Poderes –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial- directamente responsables además, de la ruptura de la memoria afectiva de la menor y que urge recuperar.

España es diferente. En el resto de Europa, el menor y la menor no pasan por Instituciones sino que van directamente a vivir en familia. En el Reino Unido, se da formación a las familias y se les paga por el servicio, además de un apoyo psicológico y social constante. En España los contactos de Asuntos Sociales con la nueva familia de acogida son de tres seguimientos cada dos años y si esta es de su propio entorno basta con una llamada telefónica o visita cada dos años. Así, los datos no pueden ser más escalofriantes: 14.000 menores tutelados por el Estado, de ellos 2.600 en Canarias. Acabar con esta estadística y evitar el peregrinaje del menor por todo el sistema legal, pasa por una reforma de la Ley del Menor que haga visible a éste y a sus derechos, frente a los de la familia biológica y los del propio Estado.