José Luis
Rivero Ceballos *
Es cierto que el pasado no se puede
cambiar y que el futuro está sujeto a la incertidumbre. También lo es que
determinados filósofos nos dijeron que, en consecuencia, sólo debe ser objeto
de nuestro interés el presente. Sin embargo, tal interpretación es, al menos,
poco matizada. En mi opinión, del pasado podemos aprender y el futuro podemos
construirlo en alguna medida. John Maynard Keynes nos enseñó que el futuro no
es la sombra del pasado, porque está sujeto a la incertidumbre, a hechos a los
que no se puede asignar una probabilidad, entre otras razones porque se
producirán situaciones que ni imaginamos.
Digo esto porque los que tenemos una
determinada edad hemos vivido situaciones de dificultades económicas al menos
una vez cada diez años en los últimos cincuenta. En consecuencia, por poco
reflexivos que seamos, reconocemos los perfiles de las crisis y sospechamos,
por no decir que sabemos, cuál es la profundidad que alcanzan, los costes
sociales que producen y algunos caminos que no deben transitarse, pues conducen
a ninguna parte.
El Gobierno actual de España negó la
evidencia hasta ayer. A mitad de 2007, se produjeron los primeros hechos que
anunciaron los tremendos problemas que creó el sistema financiero. Pero el
Gobierno de España se empeñó en decir que la solvencia del sistema financiero
estaba fuera de dudas y que esto evitaría que la crisis financiera
internacional se trasladara a la economía real. De un mal diagnóstico se derivó
una equivocada política de gasto público que alimentó lo superfluo a costa de
lo importante.
Pero no sólo se equivocó el
Gobierno. Muchos colegas lo animaron sosteniendo que las dificultades
económicas pronto pasarían, anunciando la recuperación para el semestre
siguiente. Saben que un reloj parado da la hora correcta dos veces al día; de
igual modo, están seguros de que si persisten, en algún momento del futuro la
previsión será correcta.
Bienvenido sea el abrazo con la
realidad. Mi temor es que, por aquello del péndulo, de ahora en adelante las
políticas vayan justo en sentido contrario, que es por donde va la oposición.
Esto último es una mera sospecha, porque desconocemos lo que haría la oposición
si gobernara. La sospecha se deriva no sólo de que la oposición no ha hecho
explícito su programa, sino también de que sabemos que desde el Gobierno la
realidad se percibe de otra forma.
Pero es momento de mirar hacia
adelante. Creo que lo primero es decir al país que la economía española es
ahora más pobre que hace dos años y medio. También que estamos desaprovechando
el 20% de nuestros recursos humanos, esto es, las personas que quieren trabajar
y no tienen oportunidad de hacerlo. Es momento de decir que en la tarea de
enderezar el entuerto tardaremos años. Pensemos en más de una década. Las
medidas ahora serán discutibles en su intensidad, pero están en la línea de lo
que procede.
Las retribuciones del personal de la
Administración pública tienen que reducirse. Hubiera sido mejor no
incrementarlas en los últimos ejercicios, pero bien está rectificar. La
reducción del 5% equivale aproximadamente al incremento real de los dos últimos
años. También parece conveniente hacerlo de forma proporcional. Esto, unido a
la cobertura limitada de bajas, alivia la carga del capítulo uno de los
presupuestos. No obstante, cuidado con la tentación de buscar pactos paralelos
que compensen de alguna forma la reducción del capítulo retributivo.
La reducción de las retribuciones
tendrá un efecto sobre la demanda de bienes de consumo que, a su vez, reducirá
la demanda interna y las importaciones. Previsiblemente, la caída de la demanda
agregada que se deriva de esta medida actuará negativamente sobre las
posibilidades de recuperación. El efecto sobre la demanda será mayor a partir
de julio, cuando se produzca la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Pero también habrá que tener en cuenta que el efecto del IVA estará amortiguado
por el incremento de la economía informal.
En el mismo sentido actuará la
suspensión de la revalorización de las pensiones, aunque su efecto no será
importante mientras los precios se mantengan aproximadamente constantes.
Resulta de justicia que la medida excluya las pensiones no contributivas y las
mínimas, lo que tendrá un efecto probablemente neutro sobre la demanda.
Es evidente que las medidas
destinadas a reducir el tránsito a la jubilación son necesarias; se aconsejaba
ya antes de la crisis de 2007, mucho más ahora. La medida es tímida porque en
realidad lo que tiene un efecto sobre el gasto público es el flujo de
jubilaciones anticipadas completas. También resulta conveniente eliminar la
ayuda por nacimiento, aunque hubiera sido mejor no aprobarla nunca. El control
del gasto farmacéutico y su reducción es una tarea permanente. Bienvenida sea,
y más vale no preguntarse por qué no se tomaron hace treinta años o más. Nada
que objetar a las medidas relativas a la dependencia. Como tampoco hay nada que
decir en contra de las medidas de austeridad relativas a la ayuda oficial al
desarrollo y al gasto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Cuestión distinta es la reducción de
la inversión pública. Es la medida más discutible por sus efectos sobre la
actividad económica. Reducir la demanda agregada vía consumo, como ya se ha
señalado, pero mantener la inversión pública prevista parece coherente. Sin
embargo, la reducción de la inversión genera un efecto depresivo añadido sobre
la demanda y, en consecuencia, sobre la actividad económica y el empleo.
En resumen, las medidas tienen un
efecto depresivo general sobre la demanda agregada. Sin estímulo público por la
vía de la inversión y sin que sea previsible un incremento de la disponibilidad
de crédito por parte de las entidades financieras para el consumo y la
inversión privada, no podemos sino esperar una mayor debilidad de la actividad
económica y el empleo. La única esperanza procede de un comportamiento
favorable de las exportaciones y el turismo, que se derive de una mejora
sustancial de la actividad en los países centrales de la Unión Europea. Pero
esto puede ser insuficiente para mantener el nivel de empleo y reducir la tasa
de paro, aunque la población activa caiga por el retorno de los inmigrantes.
* Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de La Laguna
Fuente y comentarios: Diario de Avisos, 13-05-2010