La OIT y la Cumbre de Lisboa

 

Justo Fernández Rodríguez

 

Barack Obama firmó el pasado martes[17-02-2009] su plan de estímulo económico masivo, cuando preparaba un nuevo plan de rescate de hipotecas en ejecución, por valor de 50.000 millones de dólares, que debería estabilizar el mercado inmobiliario, ayudando a mas de ocho millones de personas en riesgo de perder su vivienda.


Mientras, los fabricantes de automóviles General Motors y Chrysler anunciaban el cierre de factorías y el despido de decenas de miles trabajadores en todo el mundo y Wall Street caía un 3,79%. Tenía razón: con independencia del descrédito financiero generalizado, quienes trabajan en bancos, agencias y entidades financieras "se han convertido en blanco de insultos, en una crisis que, toda una serie de actores han contribuido a provocar"; "una catastrófica pérdida del prestigio de la profesión", mientras "en la zona de tiendas más elegante de Nueva York proliferan los traspasos y los cierres, notándose un considerable número de locales vacíos".


Una encuesta, divulgada hace unos días, señala que el 75% de los estadounidenses conoce a alguien que ha perdido su empleo en los últimos seis meses, mientras el 50% expresó temores de perder su propio trabajo.


Al mismo tiempo, en Europa parecen fracasar los planes de rescate, lo que significará la eliminación de más de tres millones de empleos y la liquidación o nacionalización de algunos bancos, apareciendo en el horizonte la amenaza de posibles quiebras de cuentas de algunos Estados. El Fondo Monetario Internacional advierte de una "segunda vuelta" en la crisis bancaria.


Otro síntoma preocupante de la crisis es el incremento del área sembrada de arbustos de coca, un 27% en Colombia, Bolivia y Perú. La cocaína ha caído en su nivel más bajo de precios en los últimos diez años. La amenaza es real. En Gran Bretaña una línea de cocaína es más barata que la tradicional pinta de cerveza.


Ante las bajas expectativas de una recuperacion inmediata, de una recesión que se adentra en su segundo año, Barack Obama prefirió mostrarse prudente: "Nada será fácil. El camino de la recuperación no será recto. Avanzaremos, pero podemos tropezar".


Este año, en medio de la crisis financiera y económica, que afecta a todo el mundo, se conmemora el 90º aniversario de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), creada por el Tratado de Versalles, junto a la Sociedad de Naciones, en 1919, como órgano tripartito especializado de la ONU, en el que coinciden, como participantes de pleno derecho, representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores. Con la voluntad de crear una sociedad más justa y estable, algo muy lejos de haberse conseguido.


Los primeros años de la OIT resultaron fructíferos. Se adoptaron convenios y recomendaciones de gran importancia: libertad sindical, derecho de asociación, sindicación y negociación colectiva, de huelga, jornada, trabajo infantil, jubilación, trabajo nocturno, vacaciones pagadas y trabajo de la mujer, ratificados por un buen número de países, contribuyendo a instaurar normas jurídicas inspiradas en ideales de justicia social, en las relaciones entre los hombres, los grupos sociales y los pueblos, pese a la resistencia y hostilidad de regímenes dictatoriales, fascistas, comunistas, personalistas o, simplemente, de descarada explotación de los ciudadanos, en favor de sectores empresariales reaccionarios, que asientan su poder en el control de los medios de comunicación, la justicia y la corrupción de quienes dirigen los poderes públicos, a lo que hay que añadir la indiferencia, ignorante o cobarde, de una buena parte de la ciudadanía.


La mundualización de la economía y la imposición agresiva del neoconservadurismo estadounidense, asumible por la derecha más reaccionaria europea, en la mayoría de los países desarrollados y emergentes, ha producido un importante retraso en la extensión de los derechos sindicales y sociales de cientos de millones de trabajadores, sin que la OIT haya sido capaz de aumentar su influencia e implantar sus resoluciones y recomendaciones.


Ahora, en medio de esta crisis, como ha ocurrido con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea o la ONU y los gobiernos de todas las naciones, la OIT ha mostrado su ineficacia para prever la crisis y poder elaborar una alternativa de defensa de los intereses de los trabajadores, los más afectados.

La pasada semana, después de las fracasadas cumbres de Washington, Madrid, Davos y Belem, se reunió en Lisboa la 8ª Reunión Regional Europea de la OIT, con representantes de los países de Europa y Asia Central. Aunque programada desde hacía un año, no era una reunión más. Los asistentes se comprometieron a permanecer muy atentos ante el riesgo del resurgir de reacciones políticas al creciente desempleo y la exclusión, en forma de odio social o religioso, discriminación contra los migrantes y minorías étnicas, victimización de representantes sindicales y recetas económicas proteccionistas que podrían agravar la crisis.


El director general de la OIT, Juan Somavia, ante los representantes de trabajadores, empresarios y más de treinta ministros de trabajo, no fue muy optimista cuando dijo: "La crisis económica está empeorando y avanza hacia una potencial recesión social a nivel mundial, provocando tensiones, incertidumbres políticas y hasta posibles riesgos a la seguridad", reclamando seis áreas de acción, similares a las oídas, una y otra vez, por boca de otros responsables políticos y gestores económicos: garantizar el flujo de créditos y garantizar la demanda; extender la protección social y las políticas de empleo, con especial atención a los sectores más vulnerables; apoyar a las empresas productivas, en particular las pequeñas; garantizar que los principios fundamentales y los derechos en el trabajo sean respetados y promovidos; profundizar el diálogo social y tripartito y mantener y extender ayuda para el desarrollo y otros flujos de inversiones para los países vulnerables.


En España no cesa la ofensiva de las organizaciones patronales y sus medios de comunicación, con el asentimiento de los dirigentes del Partido Popular, de hacer pagar a los trabajadores el coste de una crisis de la que son simples víctimas. Cuando parecía que habían contenido sus alegatos sobre el abaratamiento del despido, la reducción de salarios y la desvalorización de la negociación colectiva, han ampliado su ofensiva, exigiendo la eliminación de la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo. Menos mal que, por el momento, como ha declarado el secretario general de Comisiones Obreras, Fernández Toxo, "no tienen la llave del Boletín Oficial del Estado" y todos los miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero continúan insistiendo en su negativa a desproteger a los trabajadores de sus derechos y conquistas sociales. ¿Cuándo la Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 168 millones de trabajadores de 155 países, con 311 organizaciones sindicales afiliadas, va a convocar actos sindicales para evitar la ofensiva antiobrera generalizada y exigir a los gobiernos el castigo de los responsables de la situación actual? ¿Cuándo se van a reunir UGT y CC.OO. para que los trabajadores españoles salgan de su letargo y comiencen a mostrar su oposición real a las exigencias de patronales y formaciones políticas a su servicio?