Teodoro Santana *
Las cifras (aún las oficiales y maquilladas) cantan. Unas 62.000 paradas y
parados canarios sin prestación o subsidio alguno han quedado excluidos de la
ayuda suplementaria de 420 euros del gobierno Zapatero. El truco es la
condición gubernamental de que solo accedan a la ayuda aquellos a los que se
les acabó el derecho a subsidio a partir del pasado 1 de agosto. Así, de los
aproximadamente 85.000 parados canarios que se reconoce que ya no cobraban
prestación alguna a finales de julio, solo 23.000 podrán cobrar esa ayuda. La
crueldad del asunto es que los que no cobrarán los 420 euros son, precisamente,
quienes llevan más tiempo sin que entre un euro en su casa. Y eso por no hablar
de quienes no han cotizado lo suficiente para tener derecho a prestación, que
no entran en estos cálculos.
Además, la propaganda gubernamental olvida que
no podrán beneficiarse de esta ayuda los trabajadores que agoten el subsidio
por desempleo para mayores de 52 años. Ni los fijos discontinuos que, mientras
mantengan dicha condición, agoten la prestación por desempleo o los subsidios
durante los períodos de inactividad. Ni los trabajadores que finalicen sus
coberturas durante la suspensión de la relación laboral o la reducción de la
jornada de trabajo mediante un ERE.
En todo el Estado, los parados en situación más
dramática se han encontrado con que, tras largas colas en las oficinas del
paro, se les dice que no van a recibir nada. Al fin y al cabo, no son más que
unos pringados que vienen a fastidiar las estadísticas. O, como ha dicho Javier
Orduña, director general del Servicio Público Estatal de Empleo (antiguo Inem), “el que ha terminado ya sus prestaciones, se supone
que ha tenido más oportunidades para encontrar trabajo”.
Se nota que los burócratas, bien enchufados
ellos y sus familiares, no han tenido nunca que buscarse la vida en la calle.
Por eso no entienden que, cuanto más tiempo llevas parado, menos te quiere
contratar un capitalista. Y que persiste la idea reaccionaria, que ya propagó
la propia socialdemocracia en tiempos de Felipe González, de que el que está en
el paro es porque quiere.
En la línea de esa criminalización del parado, a
quienes perciban la susodicha miniayuda se les
exigirá que asistan a un “curso de formación”. ¿Por qué si esos gilicursos ya han demostrado sobradamente su
inutilidad y suponen gastarse más dinero en academias que lo que se va a dar a
los parados? Precisamente, porque el gobierno no quiere que “esos gandules”
reciban la ayuda “a cambio de nada”.
¿Serían capaces los gobernantes que han tomado
dicha medida de subsistir con 420 euros al mes? ¿Tendrían la decencia de, dado
lo grave de la situación, dar ejemplo y bajarse los sueldos hasta esa cantidad
mientras persista la crisis? ¿Acaso, aunque fuera, se pondrían el salario medio
de un obrero? Ni por asomo. Con gesto adusto y prepotente, aparecen en los
medios de propaganda masivos anunciándonos sus “sabias medidas” como si
controlasen la situación y todo estuviese “bajo control”. Aunque claro, bajo
control sí que está: no son los parados los que mandan sobre policías,
militares y jueces.
Por si fuera poco, la medida de los 420 euros,
con una duración de seis meses, es puramente coyuntural, de forma que no genera
derechos a las trabajadoras y trabajadores en el futuro. Ante las críticas,
Zapatero se ha mostrado su disposición a ampliar las condiciones de esa ayuda
para que alcance a un mayor número de parados, pero de
momento son solo palabras.
La amplíe o no la amplíe (y nos tememos que no),
esta ayuda “excepcional” no deja de ser un gesto electoralista de quienes no
saben, no pueden y no quieren abordar las reformas estructurales que la
economía necesita. Y que pasan por la nacionalización de la banca, las
inversiones públicas productivas y la incentivación del consumo: moratoria de
hipotecas a coste cero, aplazamiento de pagos de agua, luz, teléfonos, etc.,
subida de los salarios y universalización de una renta básica de supervivencia.
Claro que esas reformas tocarían los intereses de quienes le financian las
campañas electorales. Y hasta ahí podíamos llegar.
Lo apurado de la situación de los parados,
dispuestos a trabajar en lo que sea y en las condiciones que sean, tiene otro
efecto no tan secundario: caen los salarios y se deterioran las condiciones laborales
de los que sí tienen trabajo, obligándoles a soportar todo tipo de abusos:
desde echar horas extras sin cobrar hasta no resollar si el jefe te coge el
culo. Pero claro, de esto no se habla en los consejos de ministros. Ni en el
parlamento. Ni en la “prensa democrática”.
Con cerca del 30% de paro reconocido y más de
600.000 personas bajo el umbral de la pobreza, la situación en Canarias empieza
a ser desesperada para buena parte de nuestra población. Quienes gobiernan se
pueden permitir el lujo de seguir traspasando dinero público a los bancos y
dejar que la situación se deteriore. La razón no es otra que la escasez de
movilizaciones y protestas populares. Cautiva y desarmada la clase trabajadora
y la pequeña y mediana empresa, las fuerzas políticas al servicio de las
corporaciones financieras y de los grandes capitalistas pueden esperar sin
sobresaltos a que escampe (si escampa). Al fin y al cabo, ellos no están
en el paro.
“O todos o ninguno”, escribía Bertolt Bretch. Esto no es un problema sólo de los parados y de
quienes se han visto arrastrados a la miseria. Cada vez más es el problema de
todos los que dependemos de un salario. Incluso de los pequeños empresarios que
dependen de que las trabajadoras y trabajadores tengamos un salario para poder consumir.
“O todos o ninguno. Uno sólo no puede salvarse”. De nosotros depende.
(*) Teodoro Santana es miembro
del Comité Central del Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias
(PRCC)