A todos los padres, madres, alumnos,
ciudadanos de Canarias
Marta
Pérez González
Después de un
accidente de tráfico, el paciente necesita un traumatólogo para que valore su
pierna, fracturada con toda seguridad, pero el traumatólogo tiene una baja de
corta duración (15, 20, 30... días. No se sabe con exactitud) y hoy lo
sustituye un urólogo. ¿Y mañana? Veamos, mañana habrá un dermatólogo; el
miércoles un neurólogo; el jueves, un ginecólogo; el viernes, un psiquiatra...
¿Y la próxima semana? Seguiremos igual. Tenemos un plan de sustituciones
interno para bajas de corta duración y el resto de los especialistas cubrirán
su baja en sus horas, aunque no sepan nada de traumatología. ¿Y la pierna? No
se preocupe, señor aquí estará vigilando, bien cuidado y le daremos algún
analgésico para que aguante y no proteste. ¿Y si luego no tiene remedio? No se
preocupe, lo peor que le puede pasar es que se quede cojo, pero usted sabe que
hay mucha gente coja y viva.
¿Parece surrealista
esta hipotética situación? ¿Algún paciente con una pierna rota permitiría que
lo atendiera un rosario de especialistas diferentes cada día y no un
traumatólogo? Con toda seguridad, la respuesta sería no. Bien, pues esto es lo
que les pasará a lo largo del curso 2010-
Cuando falte un
profesor por una baja de "corta duración", es decir, más de 15 días,
(porque las bajas de 15 días hace tiempo que no se
cubren) la Consejería no nombrará un sustituto de la especialidad. El problema
es grave porque las bajas se dan por 15 días y se renuevan, con lo que un
alumno de 2º de Bachillerato por ejemplo, podrá estar 15 días, más 15 días, más
15 días hasta un mes y medio, dos mees, etc., sin profesor de Química, o
Física, o Matemáticas, o Inglés, o Lengua...
Pero que no se
preocupen los chicos, ni los padres. No pasa nada. La Consejería de Educación
se ocupará de que los alumnos estén atendidos (vigilados) con el plan interno
de sustituciones. La profesora de Lengua, la de Latín, la de Economía, la de
Filosofía... cubrirán esas horas de clase y realizarán actividades para
desarrollar "la competencia lingüística", tal y como se recoge en la
Orden de 31 de agosto. Así, si falta el "profe"
de Química, los restantes compañeros cuidarán a los grupos afectados ¿un mes?
¿Dos?
Claro, esos profesores
que cubren la citada baja dejarán de hacer otras funciones complementarias
recogidas en su horario: no atenderán a unos padres que tenían una cita en la
hora de tutoría; no podrán comprobar las faltas de asistencia de los alumnos de
la tutoría ni procesar las correspondientes justificaciones; no ficharán los
libros que luego necesitan los alumnos en la biblioteca; no realizarán las
reuniones de coordinación con el resto de integrantes del Departamento; no
asistirán a las reuniones de tutores con la orientadora del centro para
solucionar los problemas que surgen... Es decir, dejarán de realizar funciones
necesarias para el buen funcionamiento de las clases, de los chicos, del
centro... ¿Consecuencias? ¿Cómo se sentirá el padre cuando no pueda ser
atendido tal y como le corresponde? ¿Qué pasará si el tutor no puede justificar
las faltas del alumno? ¿Se enviarán a los Servicios Sociales como un caso de
absentismo y perderán los alumnos el derecho a la evaluación continua? ¿Es que
la labor de un médico es únicamente atender a los pacientes? ¿No asiste a
sesiones clínicas para analizar casos y resolver situaciones dudosas? ¿No tiene
que realizar informes de alta? ¿No tiene que analizar historiales clínicos? Lo
mismo sucede en la educación: esas horas dedicadas a labores complementarias
son, más que necesarias, imperiosas e ineludibles.
Nuestra consejera
entiende que un profesor de Latín, Inglés, Historia... pueda sustituir al
profesor de Química de 2º de Bachillerato con ejercicios destinados a alcanzar
la competencia lingüística y así solucionar "estilo guardería", la
falta de un especialista en Química. Pero ahora surge otro problema: ¿quién
pondrá la nota a los diferentes grupos al final de la evaluación? ¿De qué
contenidos se examinarán? Y, como por las clases han pasado 6, 7, 8, 9
profesores distintos a lo largo de la baja del citado compañero, ¿cuál de ellos
pondrá la nota? ¿O acaso se reunirán para hacerlo "estilo jurado o por
votación popular"?
Más allá de esa
evaluación, cuando esos chicos vayan a la PAU (Selectividad), ¿harán con ellos
una excepción porque no acabaran el temario? ¿Los evaluarán de la competencia
lingüística o de Química? Y si suspenden, o si la nota es tan baja que le
impide estudiar lo que desean, porque es evidente que el examen es único para
todo el alumnado (público, privado, concertado), ¿quién les compensará el daño?
Vivimos en una
sociedad en la que las cifras globales no conmueven. No impresiona que haya
2.000 muertos en accidentes de tráfico porque esos 2.000 quedan lejos, pero lo
sentimos como una tragedia cuando sólo uno nos toca de cerca. En la Educación
canaria está sucediendo algo parecido. Hasta ahora, los padres, los alumnos,
han mirado hacia otro lado cuando se daban cifras de que había, 100, 200, 300
profesores menos porque eso les "pasaba" a otros. Ahora, casi todos
los alumnos, casi todos los padres están, estamos, "tocados" por la
tijera de la Consejería de Educación que se esfuerza en devorar la enseñanza
pública y que no escatima esfuerzos para cercenar uno de los derechos básicos,
recogido en la Constitución de 1978: "Todos tienen derecho a la educación
(...) Los poderes públicos garantizan el derecho de todos...".
Que no se cubran las
bajas por especialistas de la misma materia es un atentado contra la garantía
constitucional a la educación, denunciable probablemente en un juzgado. Nuestra
consejería tiene que garantizar la calidad de la Escuela Pública Canaria,
porque más del 90% del alumnado está en centros públicos. Sólo en los núcleos
más urbanos las familias con recursos pueden optar por otra enseñanza privada o
concertada, pero ni hay plazas para todos los que quieren ni todos los que
quieren pueden. Por eso, nuestra consejería tiene que garantizar que los chicos
de Los Sauces, de Barlovento, de Santa Úrsula, de Los Silos de La Aldea de San
Nicolás, de Frontera, de Alajeró, de Vega del Río
Palma, de Femés, de Pájara, de La Graciosa, etc.,
tengan las mismas oportunidades formativas que quienes pueden optar por la
enseñanza privada. La Consejería de Educación tiene que garantizar que no haya
alumnos de primera y de segunda; tiene que garantizar que cuando un profesor
esté de baja será sustituido por otro de su misma especialidad, tal y como hace
en los centros concertados, a los que sí paga las sustituciones (de cualquier
duración); tiene que cumplir las normas y las ratios e impedir, por ejemplo,
que haya grupos de 4º de ESO con 36 alumnos o que grupos de Primaria estén casi
un mes sin tutor; tiene que permitir el trabajo contemplado en las funciones
complementarias del profesorado; tiene que trabajar mejor y embaucar menos.
Porque no se debe hablar de "normalidad" (tal y como expresa la
consejera) cuando el inicio del curso ha sido absolutamente caótico, plagado de
comunicados de los claustros y asambleas de profesores en contra de la Orden de
31 de agosto, de manifestaciones de padres, de reuniones extraordinarias de
AMPAS para solicitar servicios básicos, de protestas y movilizaciones de
alumnos para que nombren los profesores que les faltan: Los Sauces, Mazo,
Fuencaliente, Santa Úrsula, Tacoronte...
Los jóvenes de la
escuela pública canaria serán las primeras víctimas de un experimento económico
incalificable, degradante y vil que, como docente, me preocupa y, como madre,
me aterra, porque está en juego el futuro de mis hijos y el de los hijos de los
otros padres, que son nuestros alumnos. Nuestras aulas están llenas de chicos
con inquietudes y talento suficientes como para estar entre los mejores, para
ser los futuros economistas, abogados, médicos, ingenieros, técnicos
especialistas, músicos, etc., y, por qué no, políticos dirigentes con la
sensatez suficiente y, sobre todo, con la formación deontológica necesaria para
regenerar la enseñanza pública canaria a la que nuestros gobernantes están
dejando completamente tetrapléjica.