Pautas básicas de la nueva reforma
Alicia Mujica *
Hemos sido herederos del resultado de
luchas sociales pasadas tras décadas de muchas carencias, herederos de derechos
que ni siquiera hemos disfrutado plenamente porque día a día se renuncia en
cada puesto de trabajo a logros históricos para la clase obrera, al derecho a
ocho horas de jornada, al derecho pago puntual del salario, al respeto a las
categorías, al contrato de trabajo, al derecho al pleno empleo y a la
estabilidad, a la seguridad en el puesto de trabajo para transmitir esa
tranquilidad al resto de nuestra vida.
Todo esto se ha ido diluyendo, y al
igual que no se ama y no defiende la tierra que no se conoce, muchas veces el
desconocimiento y el miedo al desempleo y el endeudamiento con un tipo de
consumo irracional, han hecho que día a día generásemos un tipo de relación
obrero-patronal en la que se cede palmo a palmo sobre este acervo de derechos
con los que no teníamos derecho a negociar, se cede al delegar en otros nuestra
necesaria lucha diaria, por creernos prescindibles, que todo puede funcionar
sin nosotros, y así poco a poco dilapidamos nuestra herencia de dignidad que
costó cara, costó la vida de muchos obreros y obreras, costó el exilio y la
muerte, costó la protesta, la huelga, la cárcel y la miseria de muchas
familias.
Ahora en este año 2010 nos encontramos
con un panorama confuso. En las Islas Canarias con casi 300.000 parados/as, y
en el Estado Español con 5.000.000 de personas sin empleo. Los sectores
económicos de la construcción y los servicios aparejados, hundidos por su
propia glotonería, por la indigestión de tanto pelotazo, patrocinado por cajas,
bancos y administraciones. Un empresariado que habiéndose enriquecido hasta las
cejas, gime ahora con lágrimas de cocodrilo para que el Estado le abarate el
coste de los trabajadores, y así poder seguir ganando lo mismo que antes o más.
En esta coyuntura de crisis del sistema capitalista, crisis por bulimia
económica, que a través de la aglutinación de riquezas ha desvencijado
cualquier esperanza de equilibrio y reparto justo, de economía
sostenible, en este contexto, se vuelve a mirar de nuevo hacia nuestro
pequeño hatillo de derechos laborales y se aprueba por un nuevo Decretazo (Real
Decreto Ley 10/2010) zanjar la situación robándonos nuestra tranquilidad. Esta
Reforma Laboral que pretende este Gobierno es un nuevo ataque brutal a la
seguridad en el empleo. Nos causa estupor que el gobierno trate de amansar la
fiera quitándole importancia a la Reforma que piensa aprobar por Decreto,
indicando Celestino Corbacho el Ministro de Trabajo, que no será nada
“milagrosa”, y Zapatero que “básicamente” no se afectan los derechos laborales,
cuando abre la puerta a la gota fría que se va a llevar por delante aspectos
socioeconómicos vitales de nuestro empleo y de nuestro desempleo.
La reforma laboral, en el seno de las
medidas económicas y financieras adoptadas por el ejecutivo, incluida la
reforma del sistema de pensiones antes del otoño y el Real Decreto Ley 8/2010
que ha fijado una reducción del 5% de las retribuciones de los empleados del
sector público, se aprueba a fin de congraciar los intereses y resistencias
bancarias, y en suma para paliar los efectos de la crisis financiera, buscando
el aplauso del FMI, del Banco Europeo, del G-20 y otras macro-estructuras
político-económicas que representan los intereses del capitalismo más brutal.
Al mismo tiempo, el lenguaje que utiliza el texto aprobado por el Gobierno es
dulcificador (“elevar las oportunidades de las personas desempleadas”
“restringir el uso indiscriminado de modalidades temporales”…), estudiado con
esmero para que cause propagandísticamente el menor impacto posible de la clase
obrera que le da su voto.
Es necesario que las trabajadoras, los trabajadores sepan lo que esta Reforma
pretende:
1) Alterar la línea divisoria entre contratación temporal y fija, para
contagiar de precariedad la contratación fija en la empresa.
2) Abaratar el despido creando una nueva figura de contratación fija y
precaria.
3) Crear el llamado Fondo de Capitalización de los contratos indefinidos, que
pretende que el trabajador costee con sus impuestos y ahorre para su propia
indemnización de despido, movilidad geográfica o jubilación.
4) Hace más flexible el despido colectivo e individual por causas económicas,
priorizando el aumento del beneficio de la empresa ante el derecho al trabajo,
reconocido en la Constitución, de tal manera que una empresa pueda acudir a
este tipo de despidos para “superar las dificultades que impidan su buen
funcionamiento a través de una más adecuada organización de los recursos”.
5) Utiliza el Contrato de Fomento de
Empleo para la Contratación Indefinida para abaratar el despido a 33 días con
un tope de 24 mensualidades. Este contrato hasta la fecha era utilizado para
colectivos muy concretos de trabajadores (en función de su edad, de su
discapacidad, dificultad de inserción en el mercado laboral), pero ahora se
utiliza como trampolín, pudiendo ser contratados aquellos desempleados que en
los últimos dos años hubiesen tenido contratación temporal, casi todos los
trabajadores, cuando en Canarias ha sido la constante, utilizándose con abuso
esta figura. Asimismo, dice la Reforma que en la misma empresa, cuando hemos
tenido contrato temporal, éste puede ser convertido a este contrato de fomento
de empleo. Nos quieren hacer creer que aumentan la fijeza, cuando lo cierto es
que aumentan de manera generalizada la precariedad contractual.
6) Premia este tipo de contratos de
fomento, con la participación del FOGASA en su indemnización para abaratarle al
empresario el coste del despido, facilitando la destrucción del contrato. Por
tanto cuando la Reforma habla de fomento de la contratación indefinida lo hace
precarizando y dejando atrás la protección del empleo que mantiene el Estatuto
de los Trabajadores, nuestro derecho al trabajo.
7) Fomenta la contratación a tiempo parcial, parcializando nuestros derechos
económicos.
8) Reconociendo un 40% de desempleo juvenil, abarata sus contratos amparándose
simplemente en el factor edad.
9) Favorece que las ETT y las agencias privadas de empleo puedan tener ánimo de
lucro, y por lo tanto privatizar y negociar con nuestro desempleo.
10) Insiste en define una baja médica por enfermedad común de menos de 20 días
como absentismo laboral, y facilita el despido objetivo (a 20 días por año en
lugar de 45 días por año) en estos casos.
11) Fortalece la posibilidad de pasar a trabajadoras/es de tiempo completo a
tiempo parcial, precarizando su vínculo laboral y su economía.
12) Permite por decreto los “descuelgues salariales” de los convenios
invadiendo el ámbito de la negociación colectiva.
* Abogada laboralista