Población: responsabilidad o milagros (I)
Mateo
López Rivero *
Identidad Canaria convocó junto a la Confederación de
Asociaciones de Vecinos de Canarias (CONCAVE), el 29-10-2006, una manifestación
exigiendo el control poblacional de Canarias mediante una legislación especial
de residencia[1]. El rasgado de
vestiduras afectó de forma transversal a todos los portavoces de las fuerzas
políticas centralistas, a los que se sumaron algunos cualificados dirigentes de
Coalición Canaria, a quienes, por lo visto, pese a calificarse nacionalistas,
no les interesaba que Canarias tuviera competencias en materia migratoria
-reivindicación, por cierto, hoy plenamente asumida por dicho partido-,
inmediatamente surgieron las tópicas acusaciones de racismo y xenofobia contra
los organizadores de la manifestación y las llamadas al boicot de dicho acto.
Para nuestros
detractores, si un Estado soberano controla la inmigración lo llaman Ley de
Extranjería, pero si lo pretende hacer una nación sin Estado se convierte
automáticamente en racismo y xenofobia. No se trata, por tanto, de una cuestión
ética o moral, sino de ámbito territorial o competencial. Así de serios son sus
argumentos.
Según el periódico El
Día, el de mayor audiencia de Canarias, la manifestación constituyó un éxito,
con la asistencia de unas 15.000 personas y la adhesión de otros colectivos y
fuerzas políticas, pese a una meteorología totalmente adversa desde el inicio
del día. Los boicoteadores habían pinchado en hueso.
En aquel momento
denunciamos la cifra de 130.000 parados, que nadie imaginaba se duplicaría con
creces 4 años después, acercándose a los 300.000. Pero nuestro planteamiento no
se basaba tanto en las dificultades de los canarios para acceder al empleo por
la llegada de mano de obra foránea, sino en alentar sobre las consecuencias de
un crecimiento demográfico incontrolado.
Nuestra principal
consigna fue: "No cabemos más", porque entendemos que nuestras Islas,
con su fragilidad y vulnerabilidad medioambiental, y su escasez de recursos
naturales, hace ya tiempo que sobrepasaron su punto de saturación poblacional,
con una densidad superior a los 300 habitantes por km2 de tierra firme, si
incluimos la población transeúnte y más del doble en relación con el territorio
habitable, que representa sólo un 40% del total -descartando espacios
protegidos, altitudes superiores a
Para apoyar nuestras
tesis, según las Directrices de Ordenación General del Gobierno de Canarias,
ese 40,64% de suelo apto, una vez descontado el actualmente ocupado, queda
reducido al 20,81% de suelo disponible, que distribuido por islas arroja cifras
de casi escasez total para algunas: La Palma 4,2%, El Hierro 6,6%, La Gomera
7,1%, Gran Canaria 13,2%, Tenerife 15%, Lanzarote 30,4% y Fuerteventura 42,6%,
antes de su declaración como Reserva de la Biosfera. Por prosaico que parezca,
la tozuda realidad es esa: "No cabemos más", nuestro suelo
literalmente se agota. Basta con ver a los constructores lamentándose de la
falta de suelo y cómo reorientan sus inversiones a edificar en vertical y
reformar antiguas edificaciones. Sólo nuestras semidesérticas islas más
orientales poseen una teórica capacidad de acogida, que sólo podría vincularse
a un crecimiento de la oferta turística, y sólo en Fuerteventura.
Esta es una realidad
insoslayable que amenaza peligrosamente nuestro precario equilibrio
población-territorio, que no se ve afectado sólo por el consumo físico del
suelo, sino por las actividades que lo utilizan como soporte para satisfacer la
demanda de bienes y servicios, siempre desde una perspectiva de gestión
sostenible de los recursos naturales, bienestar y calidad de vida.
En la última década se
ha alcanzado un inquietante crecimiento del 26%, que tiene ciertamente
motivaciones laborales y profesionales, pero también de migración
medioambiental, relacionadas las primeras con un modelo de crecimiento
depredador que demanda importación de población -al más rancio estilo de las
políticas de colonización ultramarinas-, como ha ocurrido en los últimos años
para retroalimentar el desenfrenado tren construcción-turismo.
Y es que en un
territorio tan presionado por la demografía, el desarrollo sostenible sólo
puede ser factible si se planifica de forma autocentrada, es decir, en función
de sus propios recursos disponibles -incluidos los humanos-, de tal forma que
para cualquier actividad económica que no pudiera desarrollarse en base a
nuestro capital humano endógeno, su implantación sería sencillamente desechable.
La sostenibilidad
medioambiental de nuestro Archipiélago no puede permitirse seguir incrementando
su demografía por la vía migratoria, sólo para defender intereses puramente
empresariales, ya que la creación de puestos de trabajo -una de las motivaciones
que se esgrimen desde la ética inversora- debe entenderse como forma de
combatir el desempleo de la población local. Si, por el contrario, necesita
importación de mano de obra foránea es evidente que no contribuye a resolver
nuestro grave problema de desempleo, que supera ampliamente la media estatal.
Lógico es, por tanto, que dichas inversiones se dirijan en otra dirección,
hacia un nuevo modelo de desarrollo que sí ayude a resolver este problema,
evitando a la vez contribuir a la superpoblación de las Islas.
Es verdad que los
flujos migratorios han descendido con la crisis económica global que nos
afecta, pero Canarias sigue siendo una tentación muy fuerte para satisfacer una
de las nuevas demandas del mundo desarrollado, como es la migración medioambiental,
por lo que no puede olvidarse que otra de las motivaciones fundamentales para
optar por la residencia en las islas -para los ciudadanos comunitarios,
incluidos los del resto del Estado- es su clima privilegiado y sus valores
naturales que, paradójicamente, corren el riesgo de desaparecer con una
inmigración descontrolada. Cabe señalar que más de la mitad de los extranjeros
residentes en Canarias son nacionales de la UE, excluido el Estado español.
* De Identidad Canaria