La
protección contra el desempleo: de aquellos barros, estos lodos.
J. Luis Real Baltar
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Miles de trabajadores y trabajadoras en paro y con las
prestaciones por desempleo agotadas han acudido en estos días a las Oficinas de
Empleo para ver si les habían tocado los 420 euros mensuales de la lotería del
Gobierno. Gran parte se ha encontrado con que no era así, y que van a seguir
sin tener ningún ingreso que venga a mitigar la difícil situación creada por
estar sin trabajo y sin lo mínimo para subsistir. El requisito de que sólo se
retrotraiga su alcance a quienes han dejado de cobrar desde el 1 de agosto,
plazo que el Sr. Zapatero ha dicho se revisará, es el principal escollo que ha
dejado fuera de esa ayuda a cientos de miles de personas.
Lo cierto es que la cuantía que hasta ahora se destina a esta
medida (642 millones de euros), comparándolo con el Fondo de Reestructuración y
Ordenación Bancaria (FROB) dotado con 90 mil millones
de euros, y popularmente conocidas como “ayudas” a la banca, deja bien claro lo
escaso de los fondos que se han movido para ayudar a la ciudadanía sin
recursos. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que dichos fondos no son
inagotables y que, al ser públicos, su uso ha de hacerse con criterios de
eficiencia, economía, racionalidad, y progresividad, algo que el Gobierno del
PSOE no ha tomado en cuenta en otras disposiciones anteriores que han lastrado
a la actual, me refiero a los famosos 400 euros del pasado año y al
“cheque-bebé”. Ambas medidas deberían haber sido aplicadas siguiendo una lógica
mínima, favoreciendo a quienes menos recursos tuvieran, y no universalizarlos
de forma que personas y familias de ingresos medio-alto
se vieran igual de beneficiadas que aquellas sin ingresos o con ingresos bajos.
El coste de estos alegres (y caros) dispendios repercute ahora, como siempre,
en los sectores más débiles de la sociedad.
Pero tomar en solitario esta disposición del Gobierno de
Zapatero, y sobre todo reducirlo a una cuestión de plazos, o del número de
parados y paradas que quedaran dentro o fuera, pues aún con la revisión
prometida seguirán sin prestaciones un elevado porcentaje, da una imagen falsa
de lo que es la realidad actual de la protección por desempleo con prestaciones
y subsidios.
Hay que remontarse a 1992, año en el que el
Gobierno de Felipe González promulgaba la nefasta y antisocial Ley de medidas
urgentes sobre fomento de empleo y protección por desempleo para comprender
parte de la situación actual. Aquella reforma redujo la cobertura al desempleo
de un 80 % a un 50 % al endurecer las condiciones para el acceso a las
prestaciones aumentando el tiempo de cotización para tener derecho a las
mismas, y reduciendo al mismo tiempo el alcance temporal de dichas
prestaciones, así como su cuantía. Es ahora, en este momento de elevadas tasas
de desempleo cuando lo impuesto por esa Ley muestra toda su virulencia,
convirtiendo el Real Decreto Ley del 13 de agosto, conocido como “el de los 420
euros”, en un mal parche con fecha de caducidad, parcial y discriminatorio, que
en poco va a contribuir a mitigar la desesperada situación de quienes están en
paro. Mientras, la patronal y el propio Gobierno hablan de reducir las
cotizaciones y este último sigue primando a quienes han generado esta crisis de
empleo: las grandes corporaciones bancarias.
Secretario de
Acción Sindical
SOV CNT Tenerife