Radios
comunitarias y Ley de Frecuencias
Agapito
de Cruz Franco
“No he de callar, por más que con el dedo,
ya tocando la boca, o ya la frente,
silencio avises, o amenaces miedo.
¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se
siente?”
Francisco
de Quevedo (1580-1645)
Radio Guiniguada en Gran Canaria, Radio Pimienta en
Una radio
comunitaria es, a las ondas de frecuencia, como una revista cultural al papel
en que se imprime, o un colectivo a la sociedad que se da cita en él. Si el Estado
corporativo (ese que ha devenido con la simbiosis política-mercado cercenando
la democracia), decidiese que esa publicación o ese colectivo no tuviesen registro
legal porque no tienen intereses comerciales o no compiten económicamente, diríamos
que ha perdido el juicio. O que nos hallamos en una Dictadura donde sólo existe
el partido único, que en el fondo no es otra cosa que el pensamiento único. En
definitiva, el estado totalitario que se opone a cualquier forma de democracia.
Pues eso mismo está sucediendo con las radios comunitarias y
Democracia es
una palabra que literalmente significa “gobierno
de los demos” o barrios en la antigua Grecia, es decir, de los vecinos, del
pueblo. Pero si quitamos a éste de en medio y metemos al mercado y sus
intereses, tenemos una nueva forma de dominio: la mercadocracia, alma del Estado
Corporativo actual y sinónimo de dictadura. Porque una vez elegidos en urnas, como
el que crea las leyes es el mismo que el que las ejecuta, en lugar de aparecer una
sociedad gobernada por los ciudadanos, deviene un concurso en el que el que
gana tiene carta blanca para hacer lo que le venga en gana. Eso sí, con el poder
judicial como único elemento disuasorio en su aventura de sociedad anónima tribal.
De hecho, lo que se denomina oposición política,
es un eufemismo. Nuestro sistema legal ha dejado fuera de la participación
democrática a todos aquellos que no ganan las elecciones. Son simples
convidados de piedra en las Instituciones. No se gobierna para todos porque las
minorías están marginadas e ignoradas y no se cuenta con ellas a la hora de
gobernar. Los ciudadanos a los que representan no existen a la hora de la toma
de decisiones. Bueno, en el fondo los otros tampoco.
En ese circo
de la política, el control de la información ha sido prioritario desde que el
primer homínido observó que, blandiendo un palo, podía descerebrar a otro que
competía con él en la búsqueda de comida o en la pareja con que procrear. La
política actual tiene también esta forma de erotismo y de violencia de palo y
zanahoria. Solo hay que ver algunas cadenas de televisión babeando subvenciones
y contratos institucionales o a alguna prensa de papel atiborrada de anuncios
del poder económico-político de turno.
Así, los
escándalos en el binomio medios de comunicación-partidos
políticos están a la orden del día. En Canarias,
sin ir más lejos, se están sacando los ojos por el conflicto surgido ante las
asignaciones de
Porque,
aunque es una Ley que emana del Estado (PSOE), son las Autonomías las que redactan el decreto y deciden si dejan fuera o no a
las radios comunitarias. El Gobierno de Canarias (PP-CC) ha decidido en su
Decreto no contemplar las emisoras comunitarias, obligándolas a participar en
igualdad de condiciones que las comerciales. Situación que las condena a la
desaparición. En las Islas no se regulan las frecuencias desde 1998. Siempre se
había contemplado la clasificación radios comunitarias-radios comerciales y es
la última autonomía que queda por regular este espectro. Una estrategia que ha
permitido un clientelismo político-empresarial bananeramente
mediático en algunas radios y televisiones locales que ahora tratan de
legalizar. Porque en Canarias muy pocas emisoras son legales. Tampoco son ilegales.
La mayoría, aún no reguladas, son alegales, a causa
de que el gobierno debió legislar dos veces más y no lo hizo, provocando el
desorden actual.
Se pide pues[2] que esta ley sea una ley
autonómica y no un decreto, que respete el acceso a la información y
participación que emana de
Pero de la
misma manera que no se puede privatizar el sol o poner puertas al campo,
tampoco se puede colocar mordazas al lenguaje humano, ni muros a las ondas de
frecuencia. La atmósfera es de todos, y el esquema básico de la comunicación: emisor-canal-mensaje-receptor, algo que
en cualquier democracia forma parte del terreno de lo sagrado y a dios, no se
le toca, aunque en algunos sistemas políticos como el nuestro, este dios probablemente
no exista… La sociedad tiene que informarse y, más cuando las radios
comunitarias añaden la retroalimentación
o retorno del mensaje del receptor al emisor en ese esquema básico citado, y
que es lo que genera una comunicación real que no poseen las radios comerciales,
en las que la información va al receptor pero no vuelve con lo que se vuelve
manipulable.
Aunque el
sistema de incineración de basuras es dañino para el medio ambiente, no lo es
tanto si a quien se trata de incinerar
es a partidos políticos que, enajenados de sus funciones democráticas, se han
transmutado en mercadería. Ante su democracia dirigida, esa que busca la
neutralización de la ciudadanía y su indiferencia por los asuntos públicos para
así servir mejor a las entidades corporativas a las que se deben, sólo queda
enfrentarle nuestra democracia fugitiva,
como la llama Sheldon S. Wolin en su libro: “Democracia
S. A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido”. Las
radios comunitarias son un valor no sólo a salvaguardar, sino a potenciar ante
nuestra democracia amenazada.