Recentralización

Juan Jesús Ayala

Término este que está cogiendo cierto auge tanto por parte de los esquemas y líderes políticos del PSOE como de los del PP. Los primeros, y en boca de su secretario general, a la vez presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ante el descalabro que supone su pésima gestión de la economía española y en el afán de levantar cortinas de humo y echar balones fuera. Lo que se le ocurre tras el excesivo endeudamiento del Estado es inculpar este endeudamiento al supergasto generado por las autonomías. Y ante esto ha amenazado con penalizar a aquellas que rebasen su techo de endeudamiento y de esa manera ir hacia una "recentralización", quitando competencias y restringiendo políticas. O sea, que de aquella promesa electoral de fortalecer y abundar en los estatutos de autonomía y transferir competencias las máximas posibles esto se quedará en agua de borrajas y estaremos no en los albores de una necesaria segunda transición en lo que respecta a un nuevo modelo de Estado federalizante o confederal, sino todo lo contrario, lo que ocasionará la vuelta a tiempos pretéritos del ordeno y mando. Pues nada, si es así, a mandar y todos firmes.

Y las autonomías ¿por qué se endeudan? ¿Es más el dinero que sale desde ellas hacia el gobierno central que el que reciben? Dentro de la Seguridad Social, ¿quiénes son aquellas autonomías que tienen superávit y que apuntalan socorriendo el déficit del resto? Mediante los Fondos de Compensación Interterritorial, de Garantía y Suficiencia, si estos desaparecieran y cada cual gestionara lo suyo y solamente el Estado se quedara con tres o cuatro competencias, como el ejército, la moneda, asuntos exteriores y alguna otra, quién nos dice a nosotros que precisamente es ese el sentido de la lógica política progresista y cada cual se las arregle según lo que recauda, que todo se quede en el sitio donde operan las empresas y donde trabajan los trabajadores; si fuera así, ¿no se iría mejor?

Por su parte, el PP aún va más allá y su alegato es que hay que suprimir autonomías (ya dirán cuáles) y que el actual modelo de Estado es insoportable, lo que dicho, entre otros, por el millonario Aznar nos parece por lo menos un chiste de mal gusto; pero si son esas las pretensiones, la vuelta al Estado plenipotenciario y omnímodo está tras la esquina y el avance en la política no solo se encorsetará, sino que también favorecerá la crispación entre los diferentes territorios y se lograrán resultados diametralmente opuestos a los que pretenden obtener. Cuando hay una Alemania Federal, una Bélgica que se diferencia en dos Estados y muchos pueblos en Europa que han logrado su independencia, seguir pensando de esta manera es ir contracorriente y con una venda en los ojos.

Sin embargo, y es una evidencia que canta a gritos, la reforma de la administración pública no puede esperar y hacerse con decisión política, con arrestos a pesar de correr el riesgo del coste político que este comporte. Así, en Canarias, concretamente, el número de ayuntamientos es excesivo, por lo que deben fusionarse, mancomunarse de manera que al menos la mitad desaparezca por mor de la eficiencia. Y con los cabildos pasa otro tanto, ya que en la actualidad no tienen razón de ser. Si la ley de cabildos de 1912 los constituyó, fue en parte para atemperar el pleito insular. Pero con un Gobierno autónomo, donde existen duplicidades de competencias, ya se debe abordar entre expertos y políticos su cuestionamiento, porque los nuevos tiempos así lo dictan.

Hablar, pues, de recentralización no solo es retrógrado, sino una decisión de alto riesgo a todos los niveles.