Sindicalismo, crisis y violaciones

Justo Fernández Rodríguez

Durante las dos últimas décadas, año tras año, el sindicalismo, por muy diversas causas, no puede considerarse que esté atravesando una etapa positiva. Se ha reducido su influencia en la política económica y social. La globalización, seguida por la crisis financiero-económica y su incapacidad para reaccionar, de forma firme y generalizada, en defensa de los intereses de los trabajadores y pensionistas, no ha contribuido a un reforzamiento del potencial sindical. Después del rotundo triunfo de la derecha y la extrema derecha en las elecciones europeas, ante unas medidas, anunciadas, de recortes en la protección social, mayor precariedad laboral, recortes de la negociación colectiva, menor seguridad en el trabajo y mayores facilidades para el despido, resulta imprescindible una reacción sindical, a todos los niveles: internacionales, nacionales y locales.

Estamos ante una situación de supervivencia. No es posible continuar con un sindicalismo, excesivamente institucional,  de cierto tinte amarillento, dirigido, en buena medida, por subvencionados, en lugar de militantes dispuestos a sacrificarse en defensa de los intereses de los trabajadores. Sin embargo, en todo el mundo continúan produciéndose acosos, persecuciones, encarcelamientos, torturas y asesinatos a militantes y afiliados sindicales. La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha publicado su Informe Anual sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales, en el que se denuncian los abusos de los derechos fundamentales de los trabajadores en 143 países. 2008 fue otro año difícil y peligroso para los sindicalistas de una buena parte del mundo. Un total de 76 sindicalistas fueron asesinados por llevar a cabo acciones en defensa de los derechos de los trabajadores; otros muchos sufrieron agresiones físicas, fueron sometidos a acosos, arrestos, despidos y toda clase de amenazas e intimidaciones. Es de reseñar que el número de víctimas mortales se redujo, desde los 91 sindicalistas asesinados el año anterior. Colombia continúa encabezando la lista de países donde el sindicalismo constituye una práctica peligrosa para la integridad física. Nueve sindicalistas fueron asesinados en Guatemala; cuatro en Filipinas y Venezuela; tres en Honduras; dos en Nepal y uno en Irak, Nigeria, Panamá, Túnez y Zimbabwe. En varios casos, los gobiernos estuvieron directa o indirectamente implicados en los asesinatos.  Las amenazas de muerte superaron el centenar, en siete países, junto con más de cien casos de agresiones físicas en 25 países.

Los casos de despidos de trabajadores y trabajadoras implicados en actividades sindicales superaron los 7.500, en un total de 68 países, de los que 20 son africanos. En cualquier caso, estas cifras son la punta del iceberg de los miles de despidos que no se registran ni se denuncian. En Birmania, China, Laos, Corea del Norte, Vietnam y otros muchos países sólo se permite la actividad de los sindicatos oficiales controlados por los Gobiernos. En África, se ha producido una gran represión contra los trabajadores que intentaban obtener mejoras salariales al verse afectados por la crisis alimentaria, con cifras alarmantes en el número de familias sin capacidad para conseguir alimentos suficientes. En América, asesinatos, secuestros, amenazas de muerte, ataques y violaciones de domicilio son el pan de cada día para numerosos sindicalistas. Los empleadores recurren a despidos arbitrarios y el traslado de dirigentes sindicales, en represalia contra la implantación de nuevos sindicatos.

Escrutando en la búsqueda de algún aspecto positivo, hay que reconocer que los cambios de gobierno en Australia y EE.UU. pueden significar una mejora de la protección de los trabajadores de ambos países, cuyos datos, en años anteriores, habían sido enormemente negativos. En España, pese al reconocimiento legal y práctico de los sindicatos, la negociación colectiva y el derecho de huelga,  existen colectivos de trabajadores que no tienen derecho a sindicarse. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil y algunas policías autonómicas, así como, jueces, magistrados y fiscales, no pueden afiliarse libremente al sindicato de su elección.

El 7 de marzo de 2008, en Mondragón, Isaías Carrasco, miembro de la UGT, fue brutalmente asesinado por los terroristas de ETA.

Pese a su reconocimiento y regulación, el abuso de la contratación temporal, la más alta de los 27 miembros de la Unión Europea, de la que, el 63% corresponde a inmigrantes, distorsiona la negociación colectiva y las relaciones laborales. Los empleadores se aprovechan de esta situación para imponer condiciones laborales abusivas que no se ajustan al marco legislativo.

Con independencia de las violaciones de derechos sindicales, establecidos en los Convenios 87 y 98 de la OIT,  la crisis económica está haciendo sentir, en los países desarrollados, en los emergentes y en los pobres, un fuerte impacto en el aumento del desempleo, el empobrecimiento de familias y comunidades, la reducción de la protección social y los intentos de patronales y gobiernos de aprovechar la ocasión para reducir los derechos de los trabajadores. Todavía, en muchos países, los sindicatos continúan prohibidos o se restringen sus competencias y continuarán siendo detenidos, condenados a penas de prisión o de “reeducación mediante el trabajo”, agredidos o asesinados.

Nuevas fórmulas de empleo afectan a los derechos fundamentales. El empleo disimulado como trabajo por cuenta propia, la subcontratación o las agencias de empleo aumentan en los países desarrollados y en los en vías de desarrollo, donde las multinacionales  amenazan con trasladar las empresas, subcontratar o reducir plantillas, como coacción permanente para que los trabajadores e, incluso, los sindicatos, moderen su acción sobre el cumplimiento de la normativa laboral y el respeto a los derechos sindicales. ¿Reaccionarán los sindicatos ante esta situación?