Contra la siniestralidad laboral

 

Justo Fernández Rodríguez

 

El pasado 28 de abril, con escaso eco oficial, político, sindical y menor trascendencia pública y ciudadana, se celebró el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, a iniciativa de la Confederación Internacional Sindical y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


En todo el mundo, diariamente, mueren una media de 5.000 trabajadores a causa de accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo. Anualmente, se producen 270 millones de accidentes de trabajo y 150 millones de enfermedades profesionales, lo que significa la pérdida del 4% del producto interior bruto mundial, una cantidad veinte veces superior a los recursos que se dedican a la ayuda al desarrollo en el mundo. Cada año mueren dos millones de hombres y mujeres por culpa de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, de los que 12.000 son niños.


Las sustancias peligrosas matan a 340.000 cada año. Sólo el amianto se cobra unas 100.000 vidas. Se estima que 11 millones de trabajadores de todo el mundo siguen controles debido a su exposición a las radiaciones ionizantes. El cáncer es la causa más importante de muertes relacionadas con el trabajo, un 32% del total. Los accidentes y la violencia causan tantas muertes entre los trabajadores como las enfermedades transmisibles. El estrés es responsable de más del 50% de los días de trabajo que se pierden en Europa.


En los países en desarrollo, la mayor parte de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo se producen en industrias primarias, como la agricultura, la pesca, la industria maderera, la minería y la construcción. Los altos niveles de analfabetismo y la escasa formación sobre los sistemas de seguridad conducen a altos índices de mortalidad, debido a los incendios y la exposición continuada a sustancias peligrosas, que afectan, especialmente, a los que trabajan en la economía informal.


La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se creó para garantizar a los trabadores ganarse su vida en libertad, incluyendo unas condiciones de trabajo dignas y seguras. No puede negarse que, pese a las carencias actuales, durante este siglo los países industrializados han visto reducir notablemente los accidentes y sus consecuencias de muerte, invalidez o lesiones graves. Existen más de setenta convenios y recomendaciones de la OIT sobre cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. En su último informe, denuncia "una clara tendencia al aumento del número de víctimas mortales y lesionadas en el trabajo".


La prevención eficaz de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales empieza en la empresa, pero es imprescindible la participación directa de los gobiernos, las organizaciones empresariales y los sindicatos. Pero el compromiso de las empresas para promover sistemas de seguridad choca con su ambición por la obtención de beneficios al mínimo costo. Por eso, es imprescindible la creación o reforzamiento de sistemas de inspección y sanciones que impidan el riesgo de los trabajadores y la competencia desleal con otras empresas que cumplen las normas de seguridad y salud en el trabajo. Todas las leyes y normativas legales serán inútiles si los gobiernos no mantienen un eficaz e insobornable cuerpo de inspección.


España, durante los ocho años de gobiernos de Aznar y Rajoy, no sólo encabezaba el indeseable récord de accidentes laborales mortales de toda la Unión Europea, ante la inoperancia de una Inspección de Trabajo desmantelada en aras del manipulado "déficit cero", la indiferencia social, la complicidad de una buena parte del empresariado y la incapacidad de las cúpulas sindicales, sino que, cada año, aumentaba el número de siniestros laborales. Durante los ocho años de gobiernos aznaristas, con doce o quince millones de trabajadores de población activa, murieron en accidentes laborales, en 1996, 982 trabajadores; en 1997, 1.070; en 1998, 1.071; en 1999, 1.110; en 2000, 1.130; en 2001, 1.021; en 2002, 1.104; en 2003, 1.033.


Las causas del incremento de los accidentes, leves o mortales, no eran un misterio. Estaban alrededor de la impunidad en el cumplimiento de las normas de seguridad; subcontrataciones y trabajos a destajo; utilización abusiva de la contratación temporal, en los puestos de mayor riesgo; prolongación excesiva de la jornada laboral; ausencia de medidas de protección individual y colectiva; falta de celo e incapacidad de la Inspección de Trabajo y ausencia de voluntad política de la mayoría de gobiernos municipales, autonómicos y, especialmente, del Gobierno central, para defender a los trabajadores de las agresiones empresariales, favorecidas por la inoperancia de las instituciones laborales oficiales.


A partir de 2004, cuando gana las elecciones Rodríguez Zapatero, cambia la situación, sin llegar a los niveles exigibles. Continúan muriendo más trabajadores que la media europea. En 2004, en accidentes laborales murieron 955 trabajadores; en 2005, 935; en 2006, 947 y en 2007, 847 trabajadores.


En 2008, con más de veinte millones de trabajadores de población activa, cinco más que en la era aznarista, se consiguieron los niveles de siniestrabilidad más bajos desde la implantación de la democracia, con 831 trabajadores muertos en accidentes laborales. Pese a estas reducciones, cada día laboral fallecen más de tres trabajadores, 23 sufren accidentes graves y 2.499 accidentes leves. Dos tercios de esos accidentes los padecen trabajadores con contrato temporal.


CC.OO. y UGT denuncian que, en España, persiste el fraude de las enfermedades profesionales, que las mutuas ocultan. No se declaran muertes por enfermedad, aunque se incrementan las prestaciones por viudedad y orfandad tras recurrir a los tribunales. Es una lacra y una vergüenza para nuestro país y sus instituciones públicas.


Canarias, ¡cómo no!, fue la comunidad donde más aumentaron los accidentes laborales mortales. En 2007, murieron 18 trabajadores, y en 2008, 40. El incremento fue del 122,22%, sin que Paulino Rivero ni José Manuel Soria pronunciaran una sola palabra de pesar y, mucho menos, una promesa de adoptar medidas que disminuyan esa inadmisible mortalidad en el mercado de trabajo canario.


No se puede aceptar la idea que los accidentes y las enfermedades son "gajes del oficio". UGT manifiesta que "la solución pasa por un gran compromiso para que todos, Gobierno, sindicatos y patronal, lleven la prevención de riesgos, la cultura preventiva a todas y cada una de la empresas, a todos y cada uno de los trabajadores españoles, aunando esfuerzos para acabar con esta lacra social que azota España, la pérdida de la integridad física, cuando no la vida, en el desarrollo del trabajo diario".


Pero, más allá del acierto del texto de un comunicado, es preciso que el Gobierno tenga la percepción de que no se trata de un papel más para acallar a determinados sectores obreros. Y, eso, el respeto del Gobierno, lo saben los dirigentes de UGT y los de CC.OO., se consigue con movilizaciones.