Sistema
electoral bananero
Justo
Fernández Rodríguez
El sufragio universal fue una conquista
democrática que puso fin a los sistemas electorales que utilizaban toda clase
de impedimentos para que una parte importante de la ciudadanía no pudiera
ejercer su derecho de voto, en la elección de quienes deberían gobernarlos.
Durante muchos años, la nacionalidad, la edad, la pobreza, la territorialidad,
el sexo, la vecindad o el estado civil han sido utilizados como argumentos que
justificaban las restricciones al principio de universalidad, igualdad y
libertad de voto. En algún momento, ciertos intelectuales, sociólogos y
políticos fascistoides han llegado a insinuar el
distinto valor del voto, según la extracción cultural o social del ciudadano.
La historia de los sistemas electorales y, sobre todo, la concreción de una
determinada geografía electoral, se ha venido utilizando para favorecer
determinados intereses políticos y económicos, a costa de provocar grandes
desigualdades y discriminaciones entre el cuerpo electoral y los representantes
elegidos. El mayor falseamiento del voto de los ciudadanos se corresponde con
el tamaño de las circunscripciones y la cifra atribuida a cada una de ellas,
con independencia del número de sus habitantes.
Hace más de quince años escribí mi primer artículo sobre la insólita agresión a
los derechos de los ciudadanos canarios del sistema electoral más injusto,
arbitrario, abusivo, sectario y desproporcionado de todos los conocidos en
países formalmente democráticos, impuesto por Coalición Canaria con la
complicidad del Partido Popular, en beneficio de sus intereses políticos y de
los económicos de determinados sectores empresariales, locales y foráneos.
Nadie duda que, en Canarias, dada su condición archipielágica,
es necesaria una cierta corrección entre el derecho irrenunciable de igualdad
de todos los ciudadanos y la necesaria presencia representativa de todas las
islas en el Parlamento autonómico. Pero no puede admitirse que el voto de un
palmero tenga un valor de cuatro o cinco veces el de un tinerfeño o
grancanario; que un voto depositado en una urna del Hierro valga dos veces más
que el depositado en las urnas de
En el Estatuto de Autonomía, aprobado en 1982, se establecían unos topes
electorales a superar para acceder al Parlamento. El tope insular obligaba a
superar el 20% y el autonómico el 3%. En 1996, Coalición Canaria y el Partido
Popular, cuyo actual líder, José Manuel Soria, denunciaba la injusticia del
sistema, impusieron una reforma, con la oposición socialista, endureciendo los
topes, hasta el 30% insular y el 6% regional, para impedir que nuevas fuerzas
políticas pudieran tener opciones de ganar un escaño en el Parlamento
autonómico.
Así, en las elecciones de 2003, el Partido Nacionalista Canario, con más de
48.000 votos de ciudadanos canarios, no obtuvo ni un solo parlamentario, mientras
un partido, ahijado de CC en El Hierro, con apenas 2.000 votos obtuvo dos
diputados. En las últimas elecciones, en medio del desencanto y el rechazo,
160.000 canarios que acudieron a votar no obtuvieron representación.
Esta situación, sin parangón en ninguna otra autonomía, ni país democrático,
constituye una agresión a la democracia y al "sufragio universal e
igual", reconocido en el artículo 21 de
En julio de 2007, el acuerdo alcanzado por CC y PSC-PSOE para la renovación del
Estatuto fue calificado por Soria como "el más absoluto fracaso de la
regeneración democrática en Canarias"; "ha olvidado totalmente la
reforma electoral", denunció. No se cortó para definir a CC como
"nacionalismo no ideológico, sino mercantil".
Por aquellas fechas, Soria, en un artículo, decía: "Un nuevo Estatuto de
Autonomía no es una prioridad para los canarios, siempre lo hemos dicho. No hay
nada tan urgente como la cesta de la compra, la más cara del país, o la tasa
del paro, la más alta de España, o como los salarios, los más bajos; (...) o
como el sistema electoral, desproporcionado e injusto". Me alegra que
ratifique lo que vengo denunciando en los últimos quince años.
Soria también coincidía con la opinión de Eligio Hernández, ex fiscal general
del Estado, cuando le preguntaron si se había sorprendido con los resultados electorales:
"No, no me han sorprendido. Con un sistema electoral como el que tenemos
es fácil averiguar cuáles serán los resultados. Yo siempre dije que el PSOE
ganaría las elecciones, con diferencia, pero que corría el riesgo de no
gobernar... Este sistema electoral está planteado para que CC se perpetúe en el
poder por los siglos de los siglos, porque siempre podrá elegir a la fuerza
política con la que quiere formar gobierno. No sólo hay que bajar los topes, es
preciso acabar con la desproporción que lo caracteriza (...). El sistema
electoral de Canarias no tiene precedentes en la historia de los sistemas
electorales del mundo. 150.000 canarios eligen el mismo número de diputados que
el millón y medio restante".
Cuando las relaciones del PP con Coalición Canaria mejoraron por instrucciones
de Madrid y se repartieron el pastel, después de las últimas elecciones,
Soria se erigió en baluarte del rechazo a cualquier reducción de los topes
electorales que había criticado, situándose al nivel de los dirigentes políticos
de Turquía, a los que
Una vez más, se repite la comedia. El PSC exige una reforma que democratice, en
parte, el sistema electoral de Canarias e, inmediatamente, los dirigentes del
PP y CC se niegan, con la excusa de que la democracia, la igualdad de derechos
y la decencia política "no están en el interés de la ciudadanía".
La utilización fraudulenta del sentido del voto es una práctica detestable que
cualquier sistema democrático debe erradicar. ¿Será que el sistema electoral es
una de las imposiciones y agravios de Madrid a los canarios?