¿Transparencia
municipal?
Justo
Fernández Rodríguez
Estaba leyendo el Informe de Transparencia
Internacional España sobre la politica municipal
española cuando me llaman por telefono para
comunicarme que Miguel Zerolo había cesado a Ángel
Llanos de todos sus cargos municipales. No me sorprendió, porque las últimas
declaraciones de ambos lo anunciaban. Todo comenzó con la denuncia de Miguel Zerolo de su hartazgo “de tantas estupideces y juegos de
niños”; “a partir de ahora será el PP el que, con su
modo de actuar, determine el futuro del pacto”, en referencia a Llanos, que,
lógicamente, tendrían consecuencias inmediatas. Llanos respondió aludiendo a
las dificultades de gestión en el Ayuntamiento, cuando tres de los partidos que
conforman el consistorio tienen concejales, incluido el alcalde, imputados por
la justicia. Esa afirmación, aunque se corresponde con la realidad, requiere
una matizacion. Es cierto que el propio alcalde está
imputado de varios delitos desde hace demasiados años, porque la justicia en Canarias
parece querer eternizar la causa sin tomar decisiones. Sin embargo, en el caso
de Guillermo Guigou y Ángel Isidro Guimerá, su imputacion nada tiene
que ver con su gestión municipal. La reacción de Miguel Zerolo
fue inmediata, destituyendo a Ángel Llanos de todos sus numerosos cargos,
responsabilidades y sueldos. Al PP no le quedó otro
remedio que solidarizarse con su apuesta santacrucera y abandonar todos los
cargos municipales, excepto su condición de concejales. Llanos respondió a la
decisión de Zerolo con una frase que entraña una
acusación inadmisible: “Se han quedado los imputados, nos hemos ido los
honrados”. ¿Si se han ido los honrados, significa que los que se quedan no lo
son?
Desde su fundación, en 1993, Transparency
Internacional (TI) es una organización internacional, no gubernamental, no
partidista y sin fines de lucro, dedicada a combatir la corrupción a nivel
nacional e internacional. Su principal objetivo consiste en mantener el tema de
la corrupción como un tema prioritario en la conciencia global. A través de sus
investigaciones, aborda diferentes facetas de la corrupción, tanto en el
interior de los países como en el plano de las relaciones económicas,
comerciales y políticas internacionales, teniendo como herramienta principal de
su lucha su divulgación. Que la especulación inmobiliaria, la construcción de
obras públicas, la recalificación de terrenos rústicos en urbanizables, la
concesión de licencias variadas a empresarios amigos y familiares condiciona el
funcionamiento participativo de la democracia municipal no parece que necesite
de demasiados informes. Por segundo año, Transparencia Internacional España
publica un estudio para medir el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos
(ITA), los cien mayores de España, ante los ciudadanos, medido por un conjunto
de ochenta indicadores y cinco áreas de actividad: a) información sobre la
corporación municipal; b) relaciones con los ciudadanos y la sociedad; c)
transparencia económica-financiera; d)transparencia en las contrataciones de
servicios; e) transparencia en las contrataciones de servicios; f)
transparencia en materias de urbanismo y obras públicas.
En la valoración global, en el informe de 2007, con una puntuación entre 1 y
100, fue el Ayuntamiento de Bilbao el que obtuvo el primer puesto,
con 90,6% puntos. Detrás se clasificaron Gijón (82,5), Cartagena
(81,9), Barcelona (81,3), Vigo, Sevilla, Oviedo, Alcobendas, Hospitalet, Madrid y Málaga. Los ayuntamientos canarios
representados en el citado informe, lograron unas mediocres puntuaciones, tanto
en el aspecto global como en el parcial, de cada uno de los aspectos
analizados. En el puesto 47, aparecía Las Palmas (55,0 puntos); en el 51, Santa
Cruz de Tenerife (52,5) y en el 62,
El pasado 22 de julio tuvo lugar la presentación pública de los resultados del
segundo Índice de Transparencia de los ayuntamientos 2009. Esta vez, la
evaluación se hizo basada en el estudio de los 110 mayores ayuntamientos de
España, y siguiendo los mismos criterios del anterior informe, entre 1 y 100
puntos, la clasificación, en sus primeros diez puestos, fue para los
ayuntamientos de Sant Cugat del Vallés (98,8 puntos),
Alcobendas (97,5), Avilés (97,5), Bilbao (97,5), Gijón (97,5), Mataró(97,5), Elche (93,8), Sabadell (93,8), Sevilla
(93,8) y Madrid (91,3). La clasificación de los ayuntamientos canarios
constituye la prueba más clara de la desastrosa gestión de los responsables
políticos que, entre la indiferencia y estupidez de una buena parte de
ciudadanos y el sistema clientelar establecido, se
instalan en cargos políticos de responsabilidad para beneficiarse ellos, sus
familiares, amigos o los grupos económicos que los manejan. Las Palmas ha
descendido, en transparencia global, del puesto 47 en 2007 al 56 en 2009; Santa
Cruz de Tenerife, del 51 en 2007 al 72 en 2009, y
Los tinerfeños y laguneros soportamos los ayuntamientos con peores índices de
transparencia, en todos sus aspectos, de la absoluta mayoría de ayuntamientos
españoles. Nadie pondrá en duda que la ausencia de transparencia en la
información sobre la acción municipal; la relacion
con los ciudadanos; la situación económico-financiera; la contratación de
servicios y el urbanismo y las obras públicas es el mejor parapeto para ocultar
las irregularidades, el abuso y la corrupción.
El conflicto creado en Santa Cruz de Tenerife no ha sido para aumentar la
transparencia, honestidad y voluntad de servicio de quienes dirigen el
Ayuntamiento. Se trata, simplemente, de la eliminación de un rival peligroso
ante una próxima confrontación electoral. Tambien lo
dijo Llanos, explicando su destitucion múltiple,
señalando las dos razones de Zerolo, “temor
electoral” y “porque resultamos incómodos”. Tenía razón, Zerolo no podía tolerar que Llanos se hubiera convertido en
el más efectivo imitador de su política de clientelismo electoral en
fiestas, deportes, barrios y asociaciones de vecinos.