La venganza al campo

Wladimiro Rodríguez Brito

Casi todos los días tenemos que oír quejas de los agricultores sobre los problemas que sufre el campo a causa de unas leyes de protección que protegen todo excepto la agricultura y la ganadería.

De esta forma, nuestros agricultores, que llevan toda la vida cultivando terrenos, ahora cuando quieren levantar una pared, construir un estanque, sorribar, vallar o hacer un cuarto o incluso abrir una cueva, se encuentran con la obligación de demoler, o con multas que no pueden pagar.

Esta semana estuve en una pequeña finca de unos 4.000 metros cuadrados en Güímar a la que, por levantar unas paredes y un cuarto de aperos enterrado en una cueva, le han puesto 28.000 euros de sanción. Esta situación pone la economía de una familia con pocos recursos al límite. Es más, la finca en cuestión, con paredes de cantos del Sur, es un ejemplo del trabajo y el esfuerzo bien hecho, pues no sólo cultiva alimentos sino que, al mismo tiempo, evita que el rabo de gato, los tártagos y los bobos ("Nicotiana glauca") colonicen un amplio espacio. Este esfuerzo también evita la erosión en un lugar que, ahora, declaramos zona de protección, ocupado en la mayor parte por maleza con mucha flora exótica y que, durante los veranos, es un peligro potencial para los incendios. Y lo que no es menos grave, corta toda la ilusión por el campo y la agricultura en nuestra gente alegando, con razón, que la administración quiere el campo baluto.

Por si fuera poco, estamos importando papas para el consumo local en pleno mes de septiembre. Mientras tanto, aquí multamos al que hace un huerto y cultiva la tierra, es decir, maltratamos a los que crean trabajo y nos permiten importar menos alimentos del exterior.

Es en este marco en el que situamos al agricultor de Güímar, igual que ocurre con miles de campesinos de Canarias que tienen multas, que no pueden pagar, por hacer sorribas, paredes, estanques, cuartos de aperos, etc; por preparar suelo para sembrar papas o millo, o plantar una higuera o un naranjo.

Son leyes hechas en Canarias en unos despachos de la administración, cargados de burócratas y ordenadores que no han tenido voluntad para hablar ni entender la cultura del medio rural y, sobre todo, el trabajo, el esfuerzo y la sabiduría popular que esconde cada barranco, chapa o morra. Esta sabiduría ha permitido sobrevivir al hombre y a la naturaleza. Sirvan como ejemplo las eras, construidas en las proximidades del Chinyero, a 1.500 metros de altura o en el Paisaje Lunar, a 2.000 metros; y las cabras que pastaron en el Pico del Teide, antes de que se inventaran todos los mapas de colores y las categorías de protección que prohíben cultivar, levantar una pared o que paste una cabra, a poco más de un kilómetro de la plaza de San Juan en Güímar, y del canal Güímar-Santa Cruz, olvidando que el hombre y la cabra están en este territorio desde hace más de 3.000 años.

Ahora, en nombre del "progreso" y la "modernidad", relegamos a los agricultores aplicando un discurso equivocado: que sobran alimentos, o que el futuro debe mirar hacia otros campos ya que la agricultura es sinónimo del pasado y de la pobreza. Ahora, lo que mola es la modernidad. La sociedad posmoderna ignora los productos agrarios.

Aquí, en Canarias, el campo ha desaparecido del debate público y del modelo económico. Estamos más preocupados por los escarabajos descubiertos en Granadilla que por la subida del precio de los cereales -subida que superará el 40% en unos meses- o por situaciones como las que se dan en la Unión Europea, en las que han desaparecido los excedentes de alimentos.

Mientras, aquí, nuestros vigilantes ambientales continúan aplicando unas leyes hechas desde los despachos urbanos por ignorantes del campo y de la sabiduría popular que protegían todo excepto a los agricultores y ganaderos, el campo y la naturaleza como lugar de contemplación y estudio, olvidando que en el siglo XXI el agua y los alimentos son temas claves para todo el planeta.

En Canarias, en los últimos años, hemos perdido algo más de dos tercios de lo que cultivábamos en los años 50, cuando teníamos menos de la mitad de la población y tuvimos que emigrar a Venezuela. Ahora, ante la situación socioeconómica que vive el Archipiélago, seguimos aplicando unas leyes que marginan y atropellan las pocas iniciativas que miran para el agro.

Importamos papas y plagas, significando este año más del 50% del consumo local y multamos al que levanta una pared y limpia un cantero de maleza. Y todo ello se hace en nombre del medio ambiente.

Una vez más, lamentamos lo que está ocurriendo y pedimos al Parlamento de Canarias y al Gobierno una moratoria para corregir y mejorar un marco de leyes inaplicables en las Islas, en las que medio ambiente y agricultura no sean actividades antagónicas, sino todo lo contrario. Los agricultores no pueden ser pisoteados y humillados en nombre del medio ambiente. Seamos todos más humildes y aprendamos de la sabiduría que aún sobrevive en el medio rural.

Corrijamos las leyes hechas en una época "alegre", en la que suponemos que sobraban alimentos y en la que en el campo había que crear condiciones para que la naturaleza volviera a sus supuestos orígenes. Ahora, la flora exótica invade las tierras balutas y los peligros están en los incendios. Ha sido un gran error de cálculo más que una venganza programada.