EL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN APUESTAN POR EL DESMANTELAMIENTO
DE LA EDUCACIÓN
PÚBLICA CANARIA
Tras la supuesta “optimización de
recursos”, a la que aluden nuestros mandatarios educativos, se esconde una
salvaje reconversión de nuestro sistema educativo en favor de su privatización.
El curso escolar 2010-11 se
ha iniciado con recortes salvajes en prácticamente todos los ámbitos del
Sistema Educativo Público en Canarias. Pese a que el Gobierno Autonómico, con los
señores Soria y Rivero a la cabeza, intente por todos los medios transmitir una
imagen de supuesta “normalidad” y buen funcionamiento, la realidad es muy
diferente en los centros educativos de nuestro archipiélago. Con la manida
escusa de la “crisis económica” y la necesidad de “optimizar recursos” se han
realizado multitud de recortes entre el pasado y el presente curso, que
responden claramente a la “hoja de ruta” trazada por el Gobierno de Canarias en
su claro afán de desmantelar a medio plazo el Sistema Público Educativo en
Canarias, abandonando progresivamente este sector, vital para el progreso y
futuro de nuestra población, en manos de la empresa privada.
El acoso y derribo contra el
Sistema Público Educativo afectan de
manera flagrante al derecho a la Educación de la población canaria, reflejándose
en múltiples aspectos y muy especialmente en el desmantelamiento y
privatización de gran parte de nuestra Formación Profesional. Unos 140 grupos
han sido suprimidos y son en torno a 5000 los/as alumnos/as expulsados del
Sistema Educativo por el déficit de plazas y que, como única alternativa, se
ven obligados a acudir a los centros privados para, a cambio de un suculento
desembolso económico, iniciar o culminar sus estudios profesionales. Sin
embargo, no sólo en la
Formación Profesional se hacen sentir los
drásticos recortes. Así por ejemplo, los mismos también han tenido efectos en
aspectos tales como: la supresión casi absoluta de las imprescindibles medidas
de atención a la diversidad para el alumnado; el cierre inopinado de centros
escolares sin ningún tipo de negociación con las comunidades educativas
afectadas; el desprecio hacia las escuelas unitarias de Canarias, incumpliendo
sistemáticamente el acuerdo suscrito al efecto en el año 2007; la alocada
adjudicación de destinos provisionales para el curso 2010-11, plagada de
infinidad de errores que deben sufrir los docentes canarios; la masificación de
las aulas con el incremento desmesurado de las ratios; el atropello continuado
hacia profesorado interino y sustituto, en connivencia con determinadas
centrales sindicales ajenas a los intereses de este colectivo; la desaparición
de los coordinadores de formación cuyas funciones se incorporan a la Jefatura de Estudios; el
acoso al profesorado de baja por incapacidad temporal; la deficiente (o
inexistente según el caso) cobertura de
bajas del profesorado; el estrangulamiento y paralización de la oferta
idiomática de las Escuelas Oficiales de Idiomas (supresión del árabe, ruso,
chino, japonés y otras lenguas); el desmantelamiento de los Centros de
Educación Permanente de Adultos, negándoles la posibilidad de ofertar la
mayoría de las enseñanzas que hasta la fecha impartían; el cierre o disminución
de plazas de comedores escolares y un suma y sigue de incontables atropellos
que colocan a la
Educación Pública Canaria al borde del
precipicio.
Esta política del Gobierno de CC y del PP no sólo
provoca el desmantelamiento de la Educación pública y empeora la calidad educativa,
sino que al tiempo conlleva el deterioro de los derechos laborales de los enseñantes canarios. La disminución drástica de las
plantillas de los docentes trae consigo despidos masivos del profesorado o una
carga de trabajo abusiva para los que quedan. En Secundaria, por ejemplo, se ha
producido un incremento (lo llaman disponibilidad para sustituciones) de un 25
% de la jornada laboral de forma unilateral (evitando así que los centros les
reclamen los oportunos y necesarios sustitutos en cada momento). Este deterioro
de las condiciones laborales se ve agudizado por los recortes salariales (7%) y
por la actual deshomologación retributiva que nos
coloca con unos salarios muy inferiores a los del resto de empleados públicos
de Canarias. Cada día es más evidente el divorcio entre la gestión burocrática y
administrativa de la consejería y la labor pedagógica de los docentes, estando
cada vez más la segunda y más importante al servicio de la primera, cual
fábrica de tornillos.
Como es de sobra conocido, todos
los estudios e informes nacionales e internacionales avalan con contundencia
los nefastos resultados obtenidos por la Educación Canaria
en cualquier parámetro que se contemple (tasas de fracaso escolar, índices de
abandono prematuro, índice de población adulta con estudios superiores...) lo
cual se traduce en la necesidad inequívoca de aumentar la inversión en materia
educativa para poder mejorar los actuales resultados. Frente a esta evidencia, el
Gobierno de Canarias ha disminuido año tras año la inversión en relación con el
incremento del PIB y de los propios presupuestos autonómicos (el déficit
inversor en los últimos 10 años en educación se sitúa en torno a los 500
millones de euros). Esta política de descapitalización de la Educación
Pública se ha acentuado aún más para el presente ejercicio
2010 con un recorte de 40 millones de euros en los Presupuestos Generales de la CCAA. Ello coloca a Canarias
en unos índices de inversión muy por debajo de lo que correspondería realmente
en relación a la población y al alumnado matriculado, si lo comparamos con
otras Comunidades Autónomas similares del estado español. La realidad es, sin
lugar a dudas, que Canarias sigue contando, pese a las
enormes deficiencias existentes, con una tasa de inversión por alumno muy por
debajo de la media estatal y, por supuesto, de la media de la Unión Europea
y los países de la OCDE. Consecuencia
de esta evidencia son los profundos recortes introducidos en el Sistema
Educativo Canario, llegando a colocar en entredicho su propia supervivencia.
Desde el STEC-IC exigimos un cambio de rumbo inmediato
en las políticas educativas del Gobierno de Canarias, al tiempo que nos reafirmamos
públicamente ante la sociedad canaria en nuestro compromiso de seguir
trabajando, en coordinación con toda la Comunidad Educativa,
por la defensa y potenciación de nuestro Sistema Público Educativo y en contra
de las ansias privatizadoras del actual Gobierno Autonómico. El futuro de
nuestra población y de nuestro archipiélago es lo que está en juego.
Canarias a 2 de septiembre de 2010
Por el Secretariado Nacional del STEC-IC
Fernando Pellicer Melo