Para detener las agresiones a los

servicios públicos y a sus trabajadores

     

     Canarias vive una situación de extrema gravedad social y laboral, caracterizada  por un desempleo que se acerca al 30% y sobrepasa las 300.000 personas y una tasa de temporalidad que supera el 30%. Un 15,5% de hogares tiene a todos sus miembros en paro, careciendo de empleo el 50% de nuestros los jóvenes. Respecto a la media del estado español, la clase trabajadora de Canarias se haya a la cola de los salarios (450 € menos), de las pensiones y de las percepciones por desempleo. Igualmente sufrimos mayores índices de fracaso y abandono escolar; la más prolongada lista de espera para atención médica; la cesta de la compra más cara y con la menor aplicación de la Ley de Dependencia. Recibimos de los presupuestos estatales 275 euros/persona menos que la media del Estado, y la tercera parte de nuestra población vive bajo el umbral de la pobreza.

     A todo ello se unen las políticas emprendidas por el gobierno de Canarias (CC y PP) de recorte presupuestarios en los servicios a la ciudadanía, especialmente en los sectores de salud, enseñanza y servicios sociales, la privatización de servicios públicos y la apuesta por un modelo de Ley de la Función Pública Canaria, que se aleja de la calidad de los servicios y supondrá un claro atentado a los intereses de las personas que prestan servicios en la administración públicas en Canarias.

     Nos encontramos, además, en la antesala de una eminente reforma laboral que, tal como ya se ha anunciado, incidirá negativamente en las condiciones de vida de la clase trabajadora, despidos más baratos, menor capacidad de negociación colectiva, extensión de las modalidades de contratación para el fomento del empleo juvenil, control y acoso las personas en situación de ILT, congelación de las pensiones.

       El decreto recientemente aprobado por el PSOE, viene a agravar esta ya desoladora situación al rebajar las retribuciones de los trabajadores de los servicios públicos congelar las pensiones, paralizar a las ayudas a la maternidad, eliminar el pago de la retroactividad, así como los planes de jubilación anticipada y parcial.

     Nosotros no hemos creado esta crisis, no queremos pagar sus consecuencias.

     Por todo ello, desde Intersindical Canaria convocamos huelga general en todos los servicios públicos de Canarias para el próximo 8 de junio. Te llamamos a participar y a movilizarte, por:  

¡UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA!

¡LA DIGNIFICACIÓN DE NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO

¡NO AL RECORTE DE LAS PENSIONES!

¡NO A LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS