Ni
Ignacio González ni
defienden los intereses de los tinerfeños,
sólo protegen la
inversión de sus socios más adinerados
Asamblea por Tenerife
cree suficientemente probado, tanto en el plano científico y
técnico como en el social, que la construcción del Puerto de Granadilla
es un despropósito. No sólo sería un atentado
ecológico de primera magnitud, una infraestructura inoperativa por las
condiciones de viento en la zona, comercialmente inviable debido al importante
descenso del tráfico marítimo…, sino que, a pesar de la multimillonaria
inversión inicial –unos 115 millones de €–, su pretendida capacidad para
la creación de empleo no iría más allá de los 50 o 70 puestos de trabajo en
su fase de construcción tal como aparece reflejado en el
Estudio de Seguridad y Salud que acompaña al proyecto. De la actividad
y la generación de empleo que se desarrollaría una vez construido sólo se
puede especular dada la escasa operatividad que tendría; no obstante, podemos
tomar como ejemplo el gemelo puerto de Arinaga (Gran Canaria), donde sólo han
operado tres o cuatro barcos en sus cuatro años de existencia.
A pesar de las numerosas invitaciones cursadas, los promotores del
puerto de Granadilla -Constructores, Cámara de Comercio, CEOE, Gobierno de
Canarias, etc.- siempre se han negado a debatir sosegadamente con quienes nos
oponemos a su construcción. Se han limitado, desde algunos medios de comunicación
sumisos -públicos y privados-, a mentir descaradamente sobre la bondad del
proyecto o a lanzar fútiles consignas sobre la creación de empleo y un
supuesto desarrollo de Tenerife que generaría el puerto, intentando manipular a
una población ávida de soluciones a los numerosos problemas que, paradójicamente,
han sido causados, en gran parte, por la perniciosa connivencia de estas
organizaciones patronales y los sucesivos gobiernos autonómicos.
En esa lógica manipuladora debemos encuadrar el comunicado que hace unos
días emitió Ignacio González, presidente de
Desde Asamblea por Tenerife decimos que “Ya esta bien” de mentiras.
Estos salvapatrias emboscados en las instituciones públicas y privadas, lejos
de pretender una economía sostenible para el conjunto de la ciudadanía y las
clases populares defienden solamente sus propios intereses.
Veamos la nómina de propietarios de los terrenos aledaños al Puerto de
Granadilla: Antonio Plasencia como el más destacado, socio de Ignacio González
y también imputado en el caso de Las Teresitas. Como socios tinerfeños de la
empresa Gascán –el gas es otra de las excusas para la construcción del
puerto– están José Fernando Rodríguez de Azero (CEOE),
Esos y no otros son los intereses que están detrás del puerto y del
comunicado de Ignacio González.
Santa Cruz de Tenerife, 15 de abril de 2009