EL RIQUEL DEBE SER CLAUSURADO PERMANENTEMENTE
Y LAS
EMPRESAS QUE LO HAN DESTRUIDO
COSTEAR LOS
GASTOS DE SU RESTAURACIÓN
¿POR QUÉ EL ALCALDE DE ICOD NO CONVOCA UN REFERÉNDUM SOBRE LAS OBRAS DEL ANILLO INSULAR
COMO QUIERE HACER SOBRE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN EL RIQUEL?
El precinto por orden judicial de 5 de junio
pasado de las empresas que operaban ilegalmente en la zona costera de El Riquel, en Icod de los Vinos,
está ocasionando protestas de los empresarios y trabajadores afectados, que se
han manifestado varias veces durante las últimas semanas, pidiendo el cese de
la prohibición legal que pone en peligro unos doscientos puestos de trabajo. A
esta petición se ha sumado el alcalde de Icod, Diego Afonso, que incluso ha hablado de hacer un referéndum al
efecto.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? El Riquel ha sido durante más de treinta años un espacio
explotado y destruido por actividades industriales prohibidas: desguace y
depósito de vehículos a cielo abierto, extracción y machaqueo de áridos para la
construcción, vertido de fluidos al mar -lubricantes, refrigerantes, líquido de
frenos- sin ningún control, etcétera, etcétera.
Prebasa, Áridos
Abreu, Forthor Canarias, Desguaces Insulares y
Desguaces Tenerife son las empresas que desarrollan esas actividades,
declaradas improcedentes en 1994 por la consejería de Política Territorial del
Gobierno de Canarias, que ordenó su clausura. Sin embargo, en febrero del año
siguiente el Ayuntamiento de Icod de los Vinos,
gobernado entonces por el PSC/PSOE, acordó por unanimidad el reinicio de la
actividad industrial, a pesar de que El Riquel está
clasificado como suelo rústico y de protección paisajística. Ninguna instancia
superior, léase Cabildo y Gobierno de Canarias, puso objeción formal alguna a
esta decisión corporativa de dudoso carácter legal.
Si la anterior corporación permitió que
estas empresas actuaran impunemente durante más de quince años, la
actual, de Coalición Canaria, ha propuesto otorgar licencias provisionales a
las empresas para intentar sortear de esa manera la orden del Juzgado de
Instrucción número 1 de Icod. Existen, pues, unos
responsables directos del delito ecológico, que son los propietarios de las empresas
citadas; y unos responsables políticos, que son los integrantes del anterior
Ayuntamiento icodense, con el ex alcalde Juan José Dorta (Cheo, como es conocido en Icod) al frente; la actual corporación municipal, con su
alcalde Diego Afonso, y las instituciones del Cabildo
y del Gobierno autónomo que deben velar por el cumplimiento de las leyes
medioambientales y, en este caso, no lo han hecho.
Siempre es triste la pérdida de puestos de
trabajo y más en una situación de crisis económica como la que estamos
sufriendo, pero igual de triste es la destrucción del patrimonio público común,
que es lo que han hecho los empresarios de El Riquel
con la anuencia culpable de las autoridades. Si a alguien hay que pedir
responsabilidades y soluciones es a ellos, y no a los ciudadanos y ciudadanas
que han denunciado sus irregularidades y al juez que ha actuado en
consecuencia, prohibiendo que éstas continúen. Lo que caracteriza a una
sociedad democrática es que todos estamos sujetos a las leyes y todos –empresarios,
trabajadores, políticos y simples ciudadanos– debemos
cumplirlas o, en su caso, ser sancionados si no lo hacemos.
Esto es lo que ha ocurrido en El Riquel y nos causa vergüenza ajena ver cómo el alcalde
Diego Afonso, presionado por las movilizaciones de
unos empresarios que no dudan en utilizar a sus trabajadores como escudos
humanos, se saca de la manga la realización de un referéndum para decidir el
futuro de las actividades ilegales y, sin embargo, no atiende la petición en el
mismo sentido de los vecinos afectados por ese descomunal atentado
medioambiental que son las obras del cierre del Anillo Insular, que, entre
otras cosas, se llevarán por delante 110 casas de familias del municipio. Tenga
dignidad, señor alcalde, y antes de expropiarlos y expulsarlos haga un
referéndum para consultar a sus vecinos si están de acuerdo o no con el anillo
insular. Trátelos con el mismo guante blanco con que quiere tratar a los
empresarios de El Riquel.
Sólo nos resta felicitar y ofrecer nuestro
apoyo a los vecinos que con su denuncia judicial han logrado lo que debió hacer
el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, el Cabildo de
Tenerife o el Gobierno de Canarias: el precintado de las empresas que han
quebrantado la ley.
Por todo ello, Asamblea por Tenerife
solicita:
1º.- El cese permanente
de las actividades ilegales de las empresas de El Riquel.
2º.- La reubicación de
los trabajadores en otras actividades no sujetas a interdicción legal. Las
administraciones públicas que han permitido y alentado el atentado contra las
leyes ambientales tendrían mucho que hacer a este respecto.
3º.- Que las empresas que
han destruido este espacio natural corran con los gastos de su restauración,
incluso dando empleo con ello a sus actuales trabajadores.
4º.- Que El Riquel siga siendo suelo rústico y de protección
paisajística, tal y como está considerado y no sea pasto de las especulación
urbanística.
Santa Cruz de Tenerife, a
15 de julio de 2009
ASAMBLEA
POR TENERIFE