Soria decreta el estado de excepción en la educación pública canaria

“Hay que iniciar la resistencia a estas políticas reaccionarias”

Manuel Marrero Morales *

¿Golpe de estado, toque de queda, estado de excepción? ¿No son estas las causas que traen consigo en las dictaduras la prohibición de los derechos y libertades fundamentales? Pues parece que en el Parlamento Canario en el día de ayer, el Vicepresidente económico, el Sr. Soria, ha decretado que se eliminan los derechos y libertades sindicales, o lo que es lo mismo, ha dictaminado que quedan en suspenso todos los acuerdos anteriores que se han firmado entre Gobierno y Sindicatos referidos al profesorado. ¿Dónde está el Estado de Derecho y los responsables de preservarlo?

Los trabajadores públicos dependientes del Gobierno Autónomo Canario ya hace años venimos sufriendo el continuo incumplimiento de los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales; no obstante, jamás se había llegado a los límites de los dos últimos años. Recordemos, como el caso más escandaloso, el incumplimiento del referendum sobre el asunto de la homologación, convocado por el Gobierno, y que no tuvo sonrojo alguno en incumplirlo, frente a un 80% de rechazo del profesorado consultado.

Este anuncio del Sr. Soria significa el mayor atentado del Gobierno Canario a los derechos de los trabajadores y a los acuerdos firmados entre sus representantes y, en este caso, la Consejería de Educación. Acuerdos todos, que en su mayor parte son el producto de las luchas de los trabajadores, por mejorar la Escuela Pública y también las condiciones de trabajo del profesorado.

Han comenzado el año cerrando ciclos en la Formación Profesional, continuaron produciendo el mayor expediente de regulación de empleo de la historia reciente de Canarias dejando en la calle a centenares de profesores, en los centros no se cubre la mayor parte de las sustituciones del profesorado que está de baja por enfermedad, se han recortado todos los proyectos, se intenta aplicar todas las normas de desregulación laboral eliminando los criterios de antigüedad y méritos con que durante tres décadas se han ido confeccionando las listas de interinos y sustitutos (únicas sujetas a control democrático en toda la Función Pública Canaria) para introducir elementos escasamente objetivables y absolutamente irrecurribles como son las calificaciones de una oposición. ¡Qué tremenda responsabilidad les traslada el Gobierno a los tribunales, cuya función era la de valorar la valía de cada opositor ante unas pruebas determinadas y que, sin embargo, se van a convertir en los que decidan quiénes tendrán un puesto de trabajo y quiénes no, al curso siguiente!

Pero la gota que colma el vaso de estos desmanes es el comentado anuncio del Sr. Soria, hecho en sede parlamentaria, por el cual “deja en suspenso” (¡qué ostentación de poder dictatorial!) todos los acuerdos suscritos hasta ahora con los sindicatos de enseñanza. La crisis lo justifica todo, todo lo que no les concierne a sus bolsillos o al de sus amigos o familiares. Con este motivo, recuerdo Tebeto, no me olvido del caso éolico, ni del caso de la pesca del salmón, ni de Las Teresitas, ni tampoco del Puerto de Granadilla, ni de Arona, ni de lo que te rondaré morena con otros negocios similares, ni de otros muchos asuntos que han salpicado de escándalos recientemente a la sociedad canaria, y que hemos visto con estupor e indignación cómo cientos de millones de euros se han ido por el sumidero de la corrupción a enriquecer los bolsillos de algunos elegidos.

Estos gobernantes son un peligro para la democracia. A los afectados nos toca organizarnos para resistir, y no ceder ni un ápice en las conquistas de los trabajadores. Si permitimos estas agresiones, les estamos dando el permiso definitivo para que nos pierdan el respeto. El año y medio que les resta en el poder tienen que mirarse cada día al espejo, cada semana nos tienen que oir frente a sus palacetes, en cada inauguración la bienvenida debe ser una pancarta recordándoles lo que están haciendo con los servicios públicos esenciales como son la sanidad y la educación.

Estos gobernantes no nos los merecemos. Y no se marcharán si no los echamos con nuestros votos en las urnas y nuestras movilizaciones en las calles.

* Miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC