El profesorado lleva al Gobierno de Canarias a los tribunales, para exigir la aplicación efectiva de su derecho a la homologación

El momento de crisis socio-económica que atravesamos, de ninguna manera anula los derechos del profesorado.

Desde comienzos del año 2007, momento en el que se inicia la lucha conjunta del profesorado y de las organizaciones sindicales por la defensa de nuestro derecho a la homologación retributiva, nuestra organización siempre ha actuado con coherencia; por un lado, con el sentir del conjunto de los docentes y, por otro, con los principios que hemos defendido. Esto es, que tenemos derecho a la homologación, y que la reivindicación que mantenemos es legal y justa.

Nuestra disposición a una resolución negociada al conflicto por la homologación, ha sido y es absoluta. Pero nos hemos encontrado frente a un interlocutor (la Consejería de Educación), cerrada al diálogo, sin voluntad negociadora, y que no ha mostrado disposición al reconocimiento del hecho objeto de la reivindicación: que la Ley 4/1991 de homologación está vigente. Su no aplicación desde 1995 ha supuesto una pérdida salarial constante para el colectivo docente en su conjunto. El Gobierno, para negar la vigencia de la Ley de Homologación, forzó una resolución parcial e interesada del Consejo Consultivo de Canarias, que no logró ponerse de acuerdo al respecto, ya que al menos dos de sus miembros se expresaron a favor del derecho que asiste a los docentes de Canarias en su reivindicación, extremo en el que coinciden nuestros servicios jurídicos.

Nuestro sindicato se ajusta, en su reivindicación, a lo que ha sido la demanda del profesorado canario durante los dos últimos años: que nuestro complemento específico se equipare estrictamente al de otros funcionarios autonómicos, con igual grupo y nivel de complemento de destino.

El momento de crisis socio-económica que atravesamos, y que nos afecta a todos sin excepción, puede ser motivo para que las centrales sindicales opten por unos medios de reivindicación, u otros, a la hora de canalizar las demandas de sus representados; pero de ninguna manera anula nuestros derechos, o puede servir para que nadie exija que renunciemos a ellos. Podemos discutir cuándo se nos pagará lo que se nos adeuda, o cómo proceder al abono de esas cantidades, pero para nosotros no es negociable el reconocimiento de un derecho que fue otorgado por el Gobierno de Canarias con pleno respaldo del Parlamento Autonómico.

Desde el sindicato Unión Canaria de Profesores Licenciados (UCPL), miembro de la Federación Sindical de Profesores de Secundaria de España (FPS), y del Comité por la Educación Pública y la Homologación Docente de Canarias, queremos hacer público que hemos llevado al Gobierno de Canarias a los tribunales, para exigir la aplicación efectiva de nuestro derecho a la homologación, o equiparación salarial, con el resto de los funcionarios de la comunidad autónoma, tal y como establece la Ley 4/1991 de 29 de abril.

Así, en fechas recientes hemos presentado un recurso contencioso-administrativo, contra la circular nº 6 que fija las retribuciones del año 2009, para el personal al servicio de la comunidad autónoma de Canarias. La razón es que las retribuciones que en esa circular se asignan a los funcionarios docentes no universitarios, vulneran la mencionada Ley 4/1991 de homologación salarial. Además, estamos apoyando a aquellos afiliados que deseen presentar ante la Consejería de Educación reclamaciones administrativas individuales a las retribuciones percibidas durante los últimos cuatro años, para su posterior denuncia ante los Tribunales de Justicia.

El hecho de que el sindicato UCPL haya decidido llevar este conflicto ante los tribunales, no implica que se abandone la vía de la negociación que desarrollamos desde el seno del Comité por la Educación Pública y la Homologación Docente. De hecho, nuestra Organización, que siempre ha defendido una Enseñanza Pública de calidad y la dignificación de la función docente, entiende que una retribución apropiada y ajustada a la Ley es parte de ese proceso de mejora del sistema educativo, y no descartamos ninguna vía para lograrla. Y la vía judicial es una más; es una manera de mantener la lucha que lleva adelante el profesorado canario, al tiempo que se mantienen otras paralelas en consonancia con otras centrales sindicales representativas del sector. Queremos manifestar nuestra voluntad de exigir hasta el final los derechos de nuestro colectivo con todos los medios a nuestro alcance, desde la flexibilidad que todo proceso negociador requiere. De hecho, si se retomase la negociación con el Gobierno de Canarias, y de la misma se derivase una resolución aceptable para el colectivo docente, el Sindicato UCPL podría plantearse la retirada del contencioso presentado. De no ser así, lo llevaríamos hasta donde los tribunales nos permitan.

En otro orden de cosas, queremos hacer público igualmente, que desde el pasado mes de enero, nuestra organización viene realizando una campaña de recogida de firmas para exigir a la Consejería de Educación el cumplimiento del artículo 105.2 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que insta a las comunidades autónomas al reconocimiento de la función que realizan los tutores en los centros educativos, mediante incentivos profesionales y económicos. El territorio dependiente del Ministerio de Educación, Política Social y Deportes ya ha establecido ese reconocimiento de la función tutorial, una iniciativa a la que ya se han sumado otras cinco comunidades autónomas. Canarias aún no se ha planteado siquiera hacerlo. Sin embargo, desde UCPL entendemos que los tutores son uno de los pilares indiscutibles para el buen funcionamiento del sistema educativo y, por tanto, defendemos el necesario reconocimiento del trabajo que realizan los compañeros y compañeras que asumen una tutoría. Apostamos además por que el Gobierno de Canarias demuestre en este aspecto la misma celeridad con la que han puesto en marcha y retribuido la acogida temprana y el refuerzo educativo, unas medidas mucho más discutibles en cuanto a su necesidad y eficacia en el sistema.

Finalmente, nos congratulamos de la decisión del Tribunal Supremo de eliminar la posibilidad de compartir asignaturas de 1º y 2º de Bachillerato, conformando una especie de curso puente “a la carta” para el alumnado con 4 asignaturas de 1º suspendidas, y reiteramos que UCPL siempre ha defendido la necesidad de un Bachillerato de 3 años, que forme apropiadamente al alumnado que cursará con posterioridad los Ciclos Superiores de Formación Profesional y los estudios universitarios.

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Las Palmas de Gran Canaria/Santa Cruz de Tenerife, 19 de marzo de 2009.