Sahara Occidental
Crónica de una chapuza
España
asiste al conflicto saharaui como si no tuviese nada que ver con él
España asiste desde hace 34 años al
conflicto saharaui como si no tuviese nada que ver con él. Curiosa actitud la
de un estado al que cabe considerar culpable del más desastroso proceso de
descolonización llevado a cabo por un país europeo.
Cuando de gestión pública se trata, el
subconsciente colectivo tiende a identificar el término chapuza con
acontecimientos locales, las más de las veces vinculados a obras. Calles recién
reformadas que quedan anegadas tras las primeras lluvias, estaciones de guaguas
cuyos techos carecen de la altura necesaria para que accedan los vehículos o
pretiles rebajados para el paso de sillas de ruedas junto a árboles que los
inhabilitan forman parte del amplio elenco del museo de los horrores de la
actividad política local. Por la trascendencia de las decisiones que se
adoptan, y por la preparación académica y el sentido común que se les presupone
a quienes las toman, el ámbito de la política internacional queda fuera de toda
sospecha de chapucería. Se puede afinar más o menos, cometer errores, pero de
ahí a actuar a modo de albañil remendón dista un universo. Y así continuaría
siendo si en 1975 un gobierno débil y carente de personalidad, perteneciente a
un país llamado España, no hubiese perpetrado una de las más chapuceras
acciones que recogen los libros de historia: el abandono del Sáhara Occidental sin que concluyera el proceso de
descolonización. Tan absurda fue la decisión adoptada por el ejecutivo que
presidía Carlos Arias Navarro, de tal alcance la chapuza, que 34 años después,
desde el punto de vista estrictamente jurídico, tales territorios continúan
siendo españoles.
En noviembre de aquel año el monarca
alauita Hassan II, conocedor de la desazón que se
cernía sobre la administración española ante la inminente muerte del dictador
Francisco Franco, de la falta de liderazgo de Arias Navarro, de que cualquier
asunto de índole externa, tal era el caso, se consideraba secundario en tan
complicados momentos, se arriesgó a dar un paso adelante con la ´marcha verde´, una muchedumbre
formada por casi 400.000 personas, apoyada por unos pocos miles de soldados,
que fue ocupando el Sáhara Occidental ante la
pasividad de una fuerzas armadas que miraban hacia Madrid a la espera de
órdenes. Pero en la capital estaban a otras cosas y España acabó cediendo: dos
semanas después rubricaba el traspaso administrativo de aquellos territorios a
Marruecos y Mauritania.
El abandono del Sáhara
en febrero de 1976 con el rabo entre las piernas y a la voz de tonto el último
no sólo evidenció la enorme debilidad del entonces agonizante régimen del
general Franco, cuya salud se agravaba al tiempo que languidecía su infantil
política exterior, sino que supuso un atentado tal contra el derecho
internacional, contra el proceso de descolonización que mejor o peor habían
ejecutado los restantes países europeos, que tres décadas más tarde sus
consecuencias continúan siendo imprevisibles.
El gobierno de España de sobra sabía que
las tropas marroquíes iban a entrar a sangre y fuego, y a sangre y fuego
entraron tras quedar abandonados a su suerte cientos de miles de ciudadanos a
los que España se debía legal y moralmente, españoles en la práctica que
sufrieron una invasión de la que se derivaron todo tipo de cruentas tropelías.
Marruecos no estaba dispuesto a dar pábulo
al incipiente movimiento independentista que había aflorado entre la población
saharaui, al que también había tenido que hacer frente España, así que decidió
dar muestras de su aplastante superioridad militar evitando miramientos y
aplicando lo que podría considerarse un castigo preventivo.
El precipitado adiós del ejército español,
el ánimo represor de Marruecos y la intervención armada de Mauritania derivaron
en el conflicto bélico decano del planeta. En plena guerra fría el Sáhara Occidental se convirtió en un foco más donde liberar
las tensiones entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Marruecos, aliado
estratégico de los Estados Unidos y ojito derecho de Francia, país con el que
mantiene una extraordinaria relación y al que le ha unido su histórica
animadversión hacia España, fue apoyado sin fisuras por el bloque occidental.
El Frente Polisario, que a pesar de las iniciales
simpatías llegó a ser denostado por la población española, particularmente por
la canaria, debido a su arraigada querencia por el apresamiento de pesqueros,
acaso la única fórmula con la que contaba para hacer ver al mundo que ejercía
un cierto control territorial, se aprovechó del apoyo bajo cuerda del bloque
soviético. Mauritania, un país cuyas finanzas no estaban para demasiados
trotes, acabó dándose por vencida y capituló ante los saharauis.
En medio de tal maremágnum, España,
absorta en su reconstrucción política y administrativa tras cuarenta años de
dictadura, con un gobierno cuya única preocupación consistía en mirar de reojo
hacia una cúpula militar molesta por la estructura autonomista que se estaba
conformando y escandalizada ante la espiral criminal de ETA, fue dando pasos
hacia atrás y desligándose de cualquier asunto que lo vinculara al Sáhara Occidental. Tan solo las relaciones personales
fraguadas durante años de convivencia entre saharauis y españoles,
principalmente canarios, permitieron mantener viva la llama de un pasado común.
Dichas relaciones desembocaron en la creación de organizaciones de apoyo, que
con el paso del tiempo se han convertido casi en el único sostén efectivo de la
autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD)
Pero acaso lo más sorprendente de lo
ocurrido en los últimos 34 años no haya sido el desapego del último gobierno
franquista y de los primeros ejecutivos democráticos hacia el conflicto.
Después de todo, Adolfo Suárez se hallaba demasiado ocupado arreglando el patio
propio como para ocuparse de lo que ocurría allende las fronteras, y Leopoldo
Calvo Sotelo apenas contó con tiempo para actuar. Lo realmente asombroso ha
sido que los gobiernos posteriores, los de Felipe González, José María Aznar y
José Luis Rodríguez Zapatero, hayan hecho dejación de la responsabilidad
española en el Sáhara Occidental y accedido con
complacencia a convertirse en meros convidados de piedra.
Y es que España lleva tiempo mostrando su
preferencia por una solución que reconozca la soberanía marroquí de forma
paralela al logro de una cierta autonomía política para los saharauis, o lo que
es lo mismo: ha tirado por el camino del medio, justamente el que propone
Marruecos y apoya mayoritariamente la comunidad internacional, pero cuidándose
mucho de no dar la nota, como si no tuviese nada que ver con lo que ha pasado,
concediendo a los saharauis casi el mismo trato que a kurdos y tibetanos. En la
actual coyuntura, si algo cabe reprochar al gobierno español no es la defensa
de una opción u otra, sino su empeño en pasar desapercibido.
Porque guste o disguste a quienes
acompañan estos días en el aeropuerto de Lanzarote a la activista Aminatou Haidar, la realidad ha
acabado por imponerse a la justicia y la única salida posible al conflicto pasa
por la fórmula de la autonomía administrativa. El siempre pendiente referéndum
promovido por Naciones Unidas, una institución ninguneada hasta la humillación,
resulta inconcebible a estas alturas ante la falta de acuerdo sobre el censo,
máxime cuando la posibilidades de alcanzar un pacto
entre ambas partes murieron el año pasado en las fallidas conversaciones de Manhasset, a las afueras de Nueva York. Y es que ni
siquiera a la hora de aportar una sede para las negociaciones el gobierno
español ha estado a la altura.
La RASD carece de apoyos de peso mientras
Marruecos cuenta con los afectos de Estados Unidos y la Unión Europea, que ven
en el reino alauita un freno efectivo al avance del islamismo radical. Ante tal
panorama, la ansiada autodeterminación se torna en una mera utopía. Pero el
gobierno español no parece que tenga intención alguna de recuperar el tiempo
perdido, cuando menos de presionar para que la hipotética autonomía cumpla unos
determinados requisitos. Los saharauis siguen mirando a Madrid mientras Madrid
mira hacia otro lado. Treinta y cuatro años después de la chapuza, España les
sigue dando la espalda.
SANTIAGO DÍAZ BRAVO | SANTA CRUZ DE TENERIFE Publicado en La Opinión de
Tenerife, 29-11-2009