Madrid, 13/07/2005 (SPS) -

"Señoras y Señores,

Deseo antes que nada agradecerles la invitación para participar en este evento para abordar la cuestión del Sahara occidental desde la perspectiva de la política y la economía internacionales.

En esta intervención quisiera dejar muy claros cuáles son nuestros principios. A partir de ellos, quiero exponerles nuestro análisis de los recientes acontecimientos políticos y económicos del conflicto.

Tanto la experiencia como la teoría han llegado a una conclusión que, me parece, nadie discute. Si el poder se convierte en un fin en sí mismo, termina fracasando. Hoy nadie discute que sólo aquel poder político que, además de la fuerza, se basa en el asentimiento de los gobernados puede perdurar. Y hoy nadie discute que si el poder político no se somete a reglas, se crea un clima de inseguridad y arbitrariedad que conduce a ese poder a la ruina. Eso es lo que se llama, dentro de los Estados "Estado de Derecho" y en las relaciones internacionales "Derecho Internacional".

Lo mismo ocurre con la economía. Si el dinero se convierte en un fin en sí mismo, es más que probable que una empresa acabe fracasando. Hoy nadie discute que sólo aquellas empresas que, además de buscar ganar más dinero, pretenden un beneficio para la comunidad, pueden perdurar porque sólo ellas terminan generando confianza. Es lo que se llama la "responsabilidad social corporativa".

A la luz de estas ideas, en las que nosotros creemos firmemente quisiera analizar la situación actual del Sáhara Occidental.

Los últimos acontecimientos relacionados con lo que se puede llamar la intifada saharaui han puesto de relieve, y de manera elocuente, la urgencia de una solución justa y definitiva de este conflicto, antes de que la dinámica acción-reacción degenere en un baño de sangre, que haría extremadamente difícil la viabilidad de las perspectivas pacificas hasta ahora mantenidas sobre la mesa.

Para que no haya equívocos, debo decirles con total sinceridad que el bloqueo por Marruecos de los diferentes planes de paz elaborados y aprobados por la ONU, como el Plan de arreglo de 1990 y el Plan Baker de 2003, y la violenta represión que ejerce contra las poblaciones civiles saharauis en las zonas ocupadas, son dos factores que colocan al liderazgo político saharaui ante un dilema difícil de encarar.

Los elementos de este dilema son, de un lado, el debilitamiento de la perspectiva pacifica que resulta de la ausencia de una respuesta apropiada por parte de la Comunidad internacional a la prolongada actitud de intransigencia mostrada por Marruecos. En este contexto, la violación de la legalidad internacional y el atropello de los derechos humanos en el Sahara occidental, derivados de su ocupación ilegal de un país que es Estado miembro de la Unidad Africana, es algo que no puede ser tolerado por mas tiempo por la Comunidad internacional.

De otro lado, la combinación de lo anterior con la justificada frustración del pueblo saharaui en su larga espera por el advenimiento de la solución pacifica del conflicto en la que ha creído, someten al actual cese el fuego a una severa presión.

En otras palabras, no podemos sencillamente esperar con los brazos cruzados cuando estamos viendo que todos los caminos propuestos por las Naciones Unidas, algunos de ellos con el consentimiento formal de Marruecos, se están cerrando en el horizonte.

Debemos concordar todos en que el camino de la violencia, el retorno de la guerra, es algo que nadie, y en primer lugar, los saharauis, debe desear. Nadie, excepto tal vez los actuales dirigentes marroquíes, en la medida en que nos siguen dando la impresión de que prefieren quedar atados a la vieja doctrina en virtud de la cual la permanencia en el poder absoluto descansa en una política de represión interna combinada con la provocación de conflictos y tensiones con los vecinos. La Historia lo prueba. El futuro para ellos es vivir y mantenerse en el pasado.

Al mismo tiempo, debemos concordar igualmente, en que la continuación del status quo actual derivado de la obstrucción marroquí a los múltiples intentos de solución justa y definitiva del conflicto, no puede conducir sino a una represión cada vez más brutal en las zonas ocupadas, o a un retorno de las hostilidades o a ambas cosas a la vez.

Estoy seguro de que este no es el interés verdadero de una potencia como España, ni el interés de sus pueblos, ni el de sus elites económicas y políticas.

No obstante, debemos decir, a tenor de la experiencia y de los hechos registrados en estos 30 años, que España y algún que otro país europeo, en particular Francia, han venido practicando una política respecto al Sahara Occidental y el norte de África o Maghreb, deliberadamente contraproducente.

Dicha política intenta construir, al margen y a veces diametralmente en oposición a la legalidad internacional, una relación con la región sobre la base de dividendos económicos y comerciales que la existencia del conflicto hace o hizo posibles, algunos de ellos ilegales, como los acuerdos pesqueros; otros derivados de la lógica de la tensión, como la venta de armamento.

Dicha visión es prisionera de su propia lógica, la cual requiere que la tensión y el conflicto continúen de manera indefinida. El interés proclamado verbalmente por una paz justa y duradera viene sacrificado por cálculos mercantiles de corto vuelo, que a la larga no solo pueden resultar contraproducentes para los propios beneficiarios, sino también para el propio país que alienta y cree beneficiarse de este juego, como es el caso de Marruecos. Marruecos, aun ocupando el Sahara Occidental y explotando sus riquezas naturales, no es hoy mas estable, mas seguro, mas democrático o mas prospero que en 1976.

Dentro del marco de esa política mercantilista, vieron la luz intereses de grupos y de empresarios de ciertas autonomías cercanas geográficamente a la región, que aceptaron la oferta de emplazar sus empresas y sus negocios dentro de la mencionada lógica que exige la continuidad del conflicto y de la tensión, y por ende, la prolongación del sufrimiento del pueblo saharaui y de la violación de la legalidad internacional.

La causa saharaui, una causa justa y legítima, fue en cierto modo sacrificada por esta visión y por estos intereses en el indigno altar de la ganancia efímera que la violación de la legalidad internacional y de los derechos humanos han permitido.

A la larga, esta perspectiva no conducirá sino a resultados adversos. Las relaciones económicas así entretejidas conllevan una cuádruple debilidad.

De un lado, alimentan la inestabilidad regional al fortalecer la actitud de intransigencia mostrada por Marruecos.

De otro, hacen tabla rasa no solo de la posición hoy de la RASD y de otros actores fundamentales en la región respecto al conflicto sino también del potencial en términos económicos y de seguridad que el mañana comporta tanto con la RASD como con las demás naciones en el área, ya sea en el ámbito bilateral o en el ámbito de una región magrebí de economía integrada.

En tercer lugar, empujan a las empresas que se implican en el expolio de riquezas naturales ajenas a un camino que, tarde o temprano, les hace perder la confianza de los demás actores económicos lo que es preludio de su ruina.

Finalmente, dicha lógica basada en la continuidad del conflicto, puede inflar los bolsillos de algunos en Marruecos, principalmente los directivos de la ONA (Ominium Nord Africa), de algunos generales de la gendarmería y del ejercito, pero no asegura una respuesta satisfactoria al creciente volumen de demandas socio-económicas del pueblo marroquí, a tenor del numero de pateras que arriban regularmente a las costa europeas.

Marruecos, cuyo nivel de desarrollo hace a la ONU colocarlo en el nada honroso puesto 126 de la escala general, padece una grave crisis económica relacionada entre otras cosas por la carga acumulada de una guerra de conquista territorial que no se puede ganar en el terreno militar ni en el terreno de las instancias internacionales. Y aun con la explotación desenfrenada de los recursos saharauis llevada a cabo, principalmente del banco pesquero, de los fosfatos y de la arena, dicha crisis no pudo ser paliada y no es un secreto para nadie que la misma encierra el riesgo real de conducir el país hacia un desastre social y político similar al que conoció Indonesia o Haití, y su corolario de miles de ciudadanos escapando hacia las costas vecinas.

Si se quiere pensar en el bien de la región, del propio Marruecos y de la credibilidad de las Naciones Unidas en tanto que marco ideal para la resolución de los conflictos actualmente existentes o que apuntan en el horizonte, se impone una revisión en profundidad de lo que se ha hecho hasta ahora. Un interés real por la paz así como una reflexión objetiva acerca del futuro, deben incitar esa revisión.

España, y sus elites económicas y políticas, pueden jugar un papel impulsor. A nuestro modo de ver, cuatro elementos son de relevancia en una reflexión orientada al futuro. Los planteo de manera concisa a titulo de flashes para un posible debate.

En primer lugar, la búsqueda de una paz justa y duradera para el conflicto saharaui-marroquí. Si este elemento es por sí solo convincente, debemos sin embargo separar la paja del trigo. Debemos aceptar que no hay más que un camino que nos puede llevar con seguridad a ese objetivo. Ese camino es el indicado por la legalidad internacional, que considera que sólo un referéndum de libre autodeterminación organizado y supervisado por la ONU para que el pueblo saharaui elija libremente su futuro tiene la posibilidad de poner fin al conflicto de manera justa y definitiva, sin vencedor ni vencido. La victoria será en todo caso una victoria de la legalidad internacional. Un Marruecos que pretenda ser democrático no puede ni debe oponerse a este principio. Es más, mientras no se consagre este principio será imposible que pueda hablarse de un Marruecos democrático.

Algunos medios en España, influidos por el miedo histórico nunca superado al país vecino, o por beneficios derivados de la lógica de la continuidad del conflicto instigada por Marruecos, han intentado de vez en cuando apoyar o incluso proponer otras vías de solución aun sabiendo que eliminan lo esencial en la referencia a la legalidad internacional, que es el derecho a la libre determinación en un caso calificado por la ONU de descolonización.

En este contexto, es más prudente y racional recordar que la Comunidad internacional, por consenso de todos sus miembros, considera que el Plan de arreglo o el Plan Baker son las fórmulas adecuadas para la aplicación de la legalidad internacional en el caso del Sahara occidental. Marruecos había aceptado este planteamiento. No se trataría hoy de pedirle algo nuevo, sino de que honre los compromisos contraídos.

En segundo lugar, la paz duradera es la que puede garantizar una estabilidad regional permanente. Al mismo tiempo, una estabilidad basada en la paz permitiría el establecimiento de relaciones económicas y de seguridad duraderas con el conjunto y no con una parte del conjunto. La relación global y equilibrada con el conjunto disminuiría el riesgo del uní lateralismo que fue frecuentemente practicado por algunos países europeos en el marco de la vieja política del fomento de la tensión y desconfianza entre los países del Maghreb. Al mismo tiempo, la relación global y equilibrada comportaría un aliciente para una mayor cohesión regional de nuestros países tanto en el plano vertical como en el horizontal.

En tercer lugar, la paz justa que conduce a una relación estable con el conjunto de la región, debe contar con un contenido político y económico que fortalezca la fe en un futuro mejor para las generaciones marroquíes y saharauis, en particular, y magrebíes en general. La fe en el futuro es antes que nada una obligación histórica que deben asumir nuestros países, pero constituye también una necesidad vital para España y para el conjunto de los países europeos.

Desde el punto de vista del contenido político de la relación global, se debe enfatizar la necesidad ineludible del establecimiento o consolidación en algunos casos, de regímenes democráticos que contemplen a la sociedad civil, organizada en partidos políticos democráticos o en organizaciones no gubernamentales, como el elemento fundamental en la legitimación del poder político y del control de éste en la gestión de los asuntos nacionales. Ello coadyuvaría a la consolidación de la paz.

En cuanto a su contenido económico, todos partimos del principio de la economía de mercado, que al mismo tiempo sepa reservar al Estado el desempeño de un papel relevante en la dinámica del desarrollo, fundamentalmente con el establecimiento de unas claras reglas de juego para los actores. Es también evidente que, en tanto que países del sur sujetos a la creciente presión de la globalización, debemos orientar nuestras economías a la complementariedad regional en todo aquello que lo permita -al ejemplo del MERCOSUR y el ambicioso NEPAD en África- y abrir las potencialidades derivadas de nuestros enormes recursos naturales a la participación de capital público y privado extranjeros. Nos necesitamos mutuamente para avanzar hacia una relación fructífera, estable y duradera. Ello no es factible sin la restauración de la paz.

Finalmente, el Sahara occidental representa para España algo diferente a los otros países de la región. Somos la única nación del Maghreb y del mundo árabe que fue provincia-colonia española. Otros fueron efímeros protectorados de los que no queda más que un recuerdo turístico. Nosotros fuimos colonia y provincia, para bien o para mal, y no podemos modificar hoy el pasado. Esta ahí y los saharauis lo asumimos, y sin complejos.

Esta dimensión hispana, que justifica, entre otras cosas, los actuales lazos particulares entre España y Latinoamérica, la conservamos contra viento y marea, ante la indiferencia española. Es nuestro idioma de enseñanza junto al árabe. Fue la RASD la que junto a Guinea equatorial logró que la Unión Africana aceptara el español como idioma oficial. No obstante, y con el fin de preservar la continuidad de la enseñanza hasta el grado post-universitario, nos vemos obligados a enviar a centenares de estudiantes saharauis a Cuba y a México, -a quienes agradezco sinceramente la generosidad nunca ocultada- pudiendo no ir tan lejos, geográficamente hablando.

La conservación y consolidación de la dimensión hispana es un valor añadido, de extraordinaria importancia política y económica, para unas relaciones bilaterales privilegiadas entre los dos países, cuyos pueblos comparten profundos lazos de amistad y confianza que han sabido consolidar a lo largo de los últimos 30 años.

Junto a la dimensión cultural, es ineludible aludir a la dimensión geográfica. Y conviene recordar que lo que hay a menos de una hora de las Canarias no es, simplemente, el "desierto" del Sahara. Lo que hay es el territorio que reclama un Estado, la RASD, de extensas playas turísticas y rico en pesca, fosfato, petróleo, gas y uranio.

Economía, Cultura, Geografía... pero también Seguridad, sin la que todo lo anterior sería una pesadilla. España debe meditar cuidadosamente, no solo desde el punto de vista de los intercambios e inversiones, sino también desde el de la seguridad, quién va a estar en la otra orilla del Atlántico.

Las opciones son claras. España puede optar por tener enfrente de sus costas exclusivamente a un Marruecos, expandido por la fuerza militar, pero esto conlleva peligros. Por un lado, los derivados de la expansión territorial facilitada en 1975, y los derivables -si cabe el termino- de una relación histórica de desconfianza y de contenciosos y divergencias nunca superadas. Pero, además, por otro lado, los peligros que se derivan del aliciente que supone para el expansionista el que su previa ocupación expansivo se haya premiado en lugar de sancionado. Tampoco pretendemos que la RASD sea el único vecino de la otra orilla, porque, aun siendo esto ideal para nosotros, no es sin embargo, posible ni aconsejable. No pretendemos ser los únicos interlocutores. ¿Por qué no pensar en una mayor pluralidad de actores con la presencia en los límites de sus fronteras internacionalmente reconocidas, de dos Estados?

Señoras y señores,

El Sahara occidental significa para España algo que no se puede borrar. No se puede borrar del pasado, sólo porque la descolonización inacabada del Sahara occidental por España sigue siendo una deuda moral y política que no ha sido todavía saldada de forma satisfactoria. Pero además no se puede borrar del presente ni del futuro. El Sáhara Occidental es para la sociedad civil española una realidad hoy. El Sáhara Occidental es un proyecto de futuro en paz. Ha llegado la hora de asumir la Historia, de reconocer el presente y de construir el futuro. Espero y deseo que este encuentro sirva para estos propósitos que los saharauis tanto deseamos y tanto merecemos como pueblo y como nación.

Muchas gracias."