Constatamos que año tras año, en todos los países, la política impulsada por la Unión Europea mediante las directivas, los tratados, las políticas dictadas por la Comisión, conduce a una creciente destrucción de nuestros derechos sociales, de nuestros servicios públicos e incluso de nuestros derechos democráticos.

De las medidas contra los parados hasta las amenazas contra el término de la vida laboral, de los ataques a la Seguridad Social hasta el peligro de privatización de todos los servicios públicos, lo que se conoce como Estado de Bienestar está cuestionado por exigencia de la Unión Europea, en todas partes, tanto en los países que ya eran miembros de ella como en los que acaban de incorporarse el 1 de mayo de 2004.

Idéntica situación hallamos en los países de Europa que no son miembros de la Unión Europea, sean o no candidatos a la adhesión. En todos ellos se amenazan o destruyen los derechos y garantías sociales, incluso las más modestas, porque todos los gobiernos se apoyan en la política de "liberalización" y recortes sociales impulsada por la Unión Europea para imponerla en los respectivos países, como estamos viendo en Rusia con el ataque a los derechos en materia de vivienda.

Con motivo de la ampliación de la Unión Europea, asistimos a una aceleración de esta política de destrucción social. Así sucede, por ejemplo, con el proyecto de directiva Bolkenstein sobre los servicios en el mercado interior, que permitiría que una empresa de servicios escape a todas las normas y reglamentaciones de los países en los que se establezca. En todas partes se desarrolla deliberadamente una política destinada a que los trabajadores de toda Europa compitan entre ellos, para destruir en todas partes el empleo, las conquistas sociales, los servicios públicos, en perjuicio de todos los trabajadores, tanto si viven en los "antiguos" como en los "nuevos" miembros de la Unión Europea.

Pongamos sólo algunos ejemplos:

* La Constitución Europea se opone a que se pongan en tela de juicio los tratados antisociales ya existentes (como el de Maastricht) pues incluye esta política en su capítulo III. * «El proyecto de texto constitucional borra literalmente del derecho europeo la noción de servicio público, que tan necesaria resulta. La sustituye por la nueva expresión "servicios de interés general". (...) El proyecto la emprende no sólo con el nombre de los servicios públicos sino con su propia estructura. Esos ataques son de dos tipos: (1) El tratado convierte la competencia en un principio absoluto, lo que naturalmente excluye todo monopolio, ahora bien la rentabilidad de muchos servicios públicos descansa en la existencia de un monopolio.

2) el tratado prohíbe también todas las ayudas estatales, que por naturaleza van contra la competencia. Este doble ataque estrangula literalmente los servicios públicos (...)» (Entrevista al eurodiputado del PS Jean-Maurice Dehousse, que votó contra el proyecto de Constitución Europea.) * La Constitución Europea de la que quiere dotarse la Unión Europea es una amenaza adicional a nuestros derechos y a nuestras libertades democráticas. Subordina completamente las instituciones nacionales existentes a la Unión Europea y a sus instituciones. Extiende el campo de los temas que se deciden por mayoría cualificada, y no por unanimidad. Quedan realmente en entredicho la democracia y la soberanía popular.

* Con la ampliación de la Unión Europea, asistimos a una aceleración de la desindustrialización (minas, astilleros, siderurgia, automóvil, empresas de transporte) y de la deslocalización de empresas, que golpea a los trabajadores de todas las naciones, tanto las que pertenecen a la Unión Europea desde el principio como las que acaban de entrar.

En varios países de Europa tiene lugar en este momento una movilización contra la directiva Bolkenstein, que amenaza, en particular, los servicios públicos. Compartimos la opinión del eurodiputado socialista Jean-Maurice Dehousse, que afirma que «Lo que hemos hecho hasta ahora en relación con la directiva Bolkenstein ha tenido como resultado convertirla en un 'tema delicado', como reconocen las instancias oficiales. Por tanto, hay que continuar la lucha y extenderla al proyecto de tratado constitucional, ya que ¿de qué serviría aplastar el huevo de la serpiente si la máquina de ponerlos queda intacta?

Esta Constitución, si la ratifican los 25 países de la Unión Europea, daría carácter "constitucional" a todos los tratados ya existentes que están en la base de la política de destrucción social a la que se oponen los trabajadores, los beneficiarios de prestaciones sociales y sus sindicatos. Como sólo podría modificarse por unanimidad de los estados miembros, la Constitución Europea impondría una sola política: la de una economía de mercado "altamente competitiva" en nombre de la cual habría que desmantelar todo el Estado de Bienestar y sacrificar todas las conquistas sociales. Con ello quedaría en tela de juicio la democracia, ya que esa supuesta Constitución impediría en lo sucesivo cualquiercualquier opción política y cualquier política social.

Si la próxima cumbre europea aprueba este proyecto de "tratado constitucional", se convertirá en una amenaza inmediata para los derechos sociales y para las organizaciones sindicales, cuya existencia está ligada a esos derechos.

Estimamos que la aprobación del "tratado constitucional" por la cumbre europea pondría de inmediato a la orden del día la movilización contra esta supuesta "Constitución" en toda Europa, contra la ratificación de esa "Constitución" por todos los países miembros de la Unión Europea.

Este "tratado constitucional" es un instrumento al servicio de la patronal y de las multinacionales, contra los derechos de los trabajadores. Por ello hace falta la más amplia unidad de todas las organizaciones de los trabajadores, sindicales y políticas, de toda Europa, para combatirlo e impedir que sea ratificado. Estamos en una encrucijada histórica. Nos jugamos todas las conquistas que permiten que la clase obrera viva y garantice un futuro a sus hijos.

Nos jugamos la democracia. Llamamos a desarrollar la campaña más amplia entre los trabajadores y sus organizaciones para explicar el contenido de este proyecto destructivo a fin de emprender la lucha por el no a la Constitución Europea.