El Colectivo de Escuelas Unitarias de la Zona Este de La Palma, reunido para analizar el comienzo de curso 2005/06, quiere alzar su voz, una vez más, para denunciar que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias continúa este curso aplicando su vieja política de ACOSO Y DERRIBO de las Escuelas Rurales. Un modelo educativo que padres, docentes, alumnos, ayuntamientos, Cabildo de La Palma, Parlamento y Consejo Escolar de Canarias, han reconocido muy necesario para incentivar, potenciar y mantener nuestras raíces culturales y el paisaje humanizado de las zonas de medianías de Canarias.

Rechazamos que nuestra Consejería de Educación, que todos mantenemos con nuestros impuestos, sin atender para nada la realidad social y escolar de nuestros municipios y por exclusivos principios economicistas, siga un año más hincando sus garras en el mapa escolar con su política de recortes, sin respetar recomendaciones y acuerdos del Parlamento y Pleno del Cabildo de La Palma, sin informar ni consultar con los sectores sociales interesados, con una política de hechos consumados, amargando y tensionando la vida de las comunidades educativas.

Vaya por delante nuestra solidaridad a las comunidades educativas de muchos centros de La Palma que han tenido que luchar para conseguir las plantillas necesarias para una enseñanza de calidad para sus hijos y a los sindicatos de la enseñanza que han apoyado.

Denunciamos a la opinión pública que esta vez pretenden cerrar dos unidades, una en La Cadena y otra en Las Lomadas, pertenecientes al C.E.R. Barlovento-Sauces. Las razones o sinrazones de La Consejería se basan en que en Septiembre la matrícula de esos dos centros tienen, por razones de fuerza mayor, un alumno o dos menos que la prevista en Junio. Este criterio estrictamente de número es para las autoridades educativas suficiente y válido para suprimir una unidad, trasladar a un maestro o maestra y desarraigar, desmembrar, despoblar y frenar el desarrollo social del entorno de los colegios afectados. Sin embargo, si como suele suceder, a partir de Septiembre se incorporaran dos o tres alumnos más que la matrícula de Junio y con ellos se superase la relación profesor-alumno legal, la Consejería no se considera obligada a dotar un profesor más, sino que los mismos maestros tendrían que atender a esta matrícula "sobrevenida". ¿Justicia o ley del embudo?.. Y es que las expectativas de matrícula futura nos dicen que estos Centros en el próximo curso escolar van a ver aumentadas sus matrículas. ¿Por qué esa rapidez en la aplicación de criterios de cierre? ¿Es coherente esa política con lo que han predicado el Cabildo y Gobierno de Canarias acerca de su interés por implantar un Desarrollo Sostenible de las zonas de medianías en Canarias? Una vez más las contradicciones entre las políticas de las distintas Consejerías de CC es palpable, o el discurso cuando menos.

El Director Insular de Educación, en declaraciones a medios de comunicación afirmaba: "El descenso de alumnos determina el número de unidades que funcionan, por aplicación de Normativa". Nos preguntamos: ¿Y el aumento de alumnos sobrevenidos en Septiembre determinan el nombramiento de un profesor o una unidad más…? ¿De qué normativa estamos hablando?... ¿De la del profesorado que falta que nombrar según legalidad vigente?... ¿Del nombramiento de profesorado "superespecialista", que tiene que hacerse cargo de áreas para las que no están habilitados?... Hablemos del incumplimiento de la Consejería en el caso de un alumno con discapacidad psíquica y motórica que, integrado en un grupo, es suficiente para mantener abiertas tres unidades y, sin embargo, la Consejería reduce una. Y, ¿dónde está "La Normativa" cuando este niño necesita un cuidador especialista y un profesor de apoyo y aún no lo ha recibido? ¿Es que este alumno no tiene derecho a recibir la atención y respuesta educativa que permita el desarrollo de sus capacidades? Hablemos entonces, sin tapujos, de continuidad de una política salvaje de recortes sociales.

En el caso del Colegio de la Cuesta y Las Lomadas, demandamos que se tengan en cuenta las peculiaridades, las expectativas de futuro, el derecho de las familias a elegir el tipo de centro para la educación de sus hijos. Igualmente defendemos los proyectos de los Ayuntamientos para potenciar y mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y que el lugar que han elegido para vivir reúna las condiciones necesarias que permitan un desarrollo integral de las personas. Para estos proyectos de Desarrollo Sostenible mucho ha aportado y más puede aportar en el futuro una Escuela Rural fuerte, respaldada y por fin reconocida por su Consejería; nuestras "escuelas pequeñas" potencian nuestra identidad, nuestros valores y raíces culturales, y para ello, las unidades escolares que ahora peligran, tienen que permanecer abiertas, vivas, porque su cierre, por muchas promesas que se hagan, avecinan el desarraigo paulatino de nuestra identidad.