Escribo este artículo con el pañuelo palestino liado al cuello y dándole la razón a Aznar sobre la envidia que muchos sentimos por no haber estado en las Azores, con Blair, Bush y el propio Aznar. De haberlo hecho, hubiera tenido la satisfacción de llamar, por su verdadero nombre, a los tres farsantes que, con mentiras, falsedades y manipulaciones, pusieron en práctica una guerra 'preventiva', ilegal, innecesaria e inútil, que ha costado casi cien mil víctimas, en su gran mayoría civiles indefensos, entre los que abundaban mujeres, niños y ancianos.

Rajoy, impuesto y vigilado desde la FAES, refugio político del empleado de Murdoch, siguiendo el guión marcado, condenaba las manifestaciones contra la agresión israelí: "Somos el primer país que ha organizado una manifestación tan ridícula, tan grotesca, tan antigua y tan paleta". Manifestarse por la paz para el "líder designado" resulta grotesco, ridículo, antiguo y paleto. Sólo dos días después, miles de británicos, "antiguos" y "paletos", se manifestaron en diversas ciudades para protestar contra los ataques de Israel en el Líbano. Defender las masacres indiscriminadas, en Irak o el Líbano, no es un discurso moderno. Huele a rancio, trasnochado y fascistoide. Al mismo tiempo, Aznar, con renovado ardor bélico, ofrecía la solución al conflicto: la OTAN debe combatir el terrorismo internacional. Israel debe ser admitida en la OTAN. Luego la OTAN está legitimada para bombardear el Líbano.

Las declaraciones de José Blanco, secretario de Organización del PSOE, denunciando que los civiles, hombres, mujeres y niños, asesinados por las bombas israelíes no pueden considerarse "daños colaterales", sino "objetivos buscados", han vuelto a evidenciar la desvergüenza y el cinismo de los dirigentes del PP y de sus terminales mediáticas. Cuando se decide bombardear zonas urbanas en las que no existe objetivo militar alguno, no se pueden eludir las responsabilidades sobre las víctimas inocentes. El objetivo es aterrorizar a la población civil, precisamente. El subsecretario para Asuntos Humanitarios de la ONU se ha declarado "horrorizado", afirmando que los bombardeos israelíes "violan la ley humanitaria internacional". Las rectificaciones de Blanco, por "obligaciones" diplomáticas, se adelantaron a la evidencia de la veracidad y consistencia de sus afirmaciones.

Aviones y tanques de Israel bombardearon, de forma reiterada, un centro de la ONU, en el Líbano, asesinando a cuatro observadores militares, 'cascos azules'', pese a que Naciones Unidas pidió, hasta en diez ocasiones, el cese del bombardeo. Kofi Annan, secretario general de la ONU, ha denunciado que se buscaban las muertes, porque fue un "ataque deliberado". Marie Okabe, portavoz de la ONU, denunció que, incluso cuando intentaban rescatar los cuerpos de los observadores asesinados, los israelíes continuaban disparando. Un consejo a José Blanco: hay que apretarse el cinturón, para que no se caigan los pantalones.

En las Naciones Unidas, EE.UU. impuso su criterio, ante la tibieza y cobardía de la mayoría de los países, impidiendo cualquier resolución en la que apareciera la condena de Israel por el ataque a la misión de observación de la ONU.

Acoso laboral. Después del artículo del pasado domingo, donde denunciaba los diferentes sistemas de acoso en el puesto de trabajo, la incapacidad sindical, las complicidades en el acoso y las carencias legislativas, he recibido decenas de llamadas telefónicas y correos electrónicos; me han abordado en las calles, centros comerciales y actos a los que he acudido, para denunciar la situación en las administraciones municipal, autonómica o estatal o en empresas públicas y privadas. Aunque llevo mucho tiempo analizando y denunciando el problema del acoso psicológico y laboral, me ha sorprendido su extensión, profundidad y matices.

Si el pasado domingo, dejaba constancia de las dificultades encontradas por sindicatos, víctimas y abogados, para conseguir sentencias condenatorias, por hostigamiento psicológico o acoso laboral en España, ahora me causa honda preocupación el pesimismo y la escasa confianza de una gran parte de las víctimas en la solución del problema y la superación de sus negativas consecuencias. En todos los contactos, una pregunta surgía, indefectiblemente: ¿por qué no existe una legislación que evite la impunidad de estos comportamientos, individuales o colectivos, despreciables y repugnantes?

Durante los gobiernos de Aznar, en dos ocasiones el Grupo Parlamentario Socialista, presentó iniciativas para incluir la figura del acoso moral en el Código Penal y el Estatuto de los Trabajadores. Ambas propuestas tuvieron el apoyo de todos los grupos parlamentarios y el voto en contra del Partido Popular, en apoyo del rechazo que, tal reforma, producía de los sectores más poderosos y reaccionarios de la patronal CEOE.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero, en medio de una amplia reforma del Código Penal -que refuerza la lucha contra la criminalidad organizada; endurece las penas a los delincuentes profesionales; aumenta el control de los derechos de los menores; tipifica los delitos contra la seguridad vial; adopta medidas contra la especulación y el respeto del medio ambiente; se amplía el castigo para la corrupción, de funcionarios, cargos y particulares-, introduce un nuevo apartado en al artículo 173 del Título VII, "De las torturas y otros delitos contra la integridad moral".

Al contenido del artículo -"el que infringiera a otra persona trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, sera castigado con la pena de prision de seis meses a dos años"- ha propuesto añadir: "Con la misma pena serán castigados los que, en el marco de una relación laboral, realicen contra otro de forma reiterada actos de grave acoso psicológico u hostilidad que generen en la víctima sentimientos de humillación y los que, en el marco de cualquier otra relación contractual, provoquen situaciones gravemente ofensivas en la dignidad moral de la otra parte, mediante la alteración sensible de las condiciones de disfrute de los derechos derivados de la misma".

Pienso que hubiera sido preferible una Ley que abordara todos los aspectos que rodean estas prácticas donde se establecieran las penas para empresas, inductores, acosadores y cómplices, fortaleciéndose la presencia activa de los sindicatos en la defensa de los trabajadores acosados.

Los técnicos de las organizaciones patronales están analizando la estrategia para oponerse a algunas de las reformas del Código Penal. Especialmente a los nuevos delitos societarios y económicos. Pero, la mayor preocupación está en las penas de cárcel, entre seis meses y dos años, para los condenados por acoso laboral.

Las organizaciones sindicales deberían iniciar una campaña de información a los trabajadores y de presión al Gobierno, para que no se desperdicie la ocasión de resolver uno de los problemas más graves que afecta a los trabajadores y al que ni legislativa, ni jurídica, ni sindicalmente, se había dado una respuesta adecuada.