La Inspección Médica, siguiendo instrucciones expresas del Director General de Personal, ha endurecido sus actuaciones para impedir a toda costa las bajas por incapacidad laboral entre los docentes. Se trata de un protocolo de actuación al amparo de una más que discutida orden de la Consejería de Educación publicada en agosto de 2003. Dicha orden prevé la posibilidad de inhabilitar al profesorado interino que se encuentre de baja. Este y otros motivos, que transgreden la constitucionalidad y el derecho de los trabajadores y trabajadoras, han motivado diversos recursos por parte del STEC-IC que aún están pendientes de pronunciamiento judicial.

Entre las medidas recientemente adoptadas por la Inspección Médica, destacan los llamamientos colectivos a docentes que se encuentran actualmente en situación de incapacidad laboral transitoria por motivos de salud. En estos llamamientos, el inspector médico encargado del caso, da a elegir al docente entre incorporarse inmediatamente a su trabajo a pesar de su enfermedad, mediante el pertinente alta de oficio, o incoarle un expediente de incapacitación para la docencia, en cuyo caso el docente será cesado cautelarmente de sus funciones, quedando sin retribuciones, hasta que se resuelva el expediente, pudiendo incapacitársele definitivamente. En el caso de tratarse de un funcionario de carrera, que no puede se cesado, se le presiona para que se incorpore o inicie los trámites para su jubilación anticipada, una medida que supone un gravamen para el sistema público de pensiones. En cualquiera de los casos se desestiman los informes médicos que el paciente pueda aportar. Tampoco se atienden criterios como la edad del paciente, las posibilidades de recuperación a medio plazo, los motivos que han originado la baja o si estas medidas de presión perjudican su recuperación.

Este modo de proceder, más propio de empresas clandestinas que de una administración pública, da una idea de lo poco que a la Consejería de Educación le importan las condiciones de trabajo del personal docente. En muchos casos los motivos de estas bajas son situaciones de estrés, hipertensión o estados depresivos ocasionados por situaciones personales, familiares o laborales. Si además han de soportar que desde la inspección médica se les presione y se les amenace con la jubilación o el despido, únicamente por estar enfermos, es evidente que sus posibilidades de recuperación se verán seriamente reducidas.

Desde el STEC-IC hemos solicitado una entrevista al Director General de Personal, quien ha declinado recibirnos, para hacerle llegar la opinión que al respecto tiene el sindicato mayoritario de la enseñanza pública no universitaria de Canarias.

Rechazamos esta forma de proceder que elude solucionar el problema desde la raíz, pues creemos que la mejor manera de acabar con las bajas laborales es atender a las necesidades que en materia de salud laboral tiene el sistema educativo, y no la persecución indiscriminada de todo aquel que, en un momento dado, padezca alguna enfermedad.

Por el Secretariado Nacional del STEC-IC, Fernando Pellicer Melo