"El contenido de ese acuerdo privado entre partes alcanzado el pasado 26 de octubre en Rabat aún no ha sido hecho público, aunque del informe al respecto del propio gobierno español se deduce un reparto de intereses que deja el control de la explotación del petróleo canario-saharahui-marroquí en manos marroquíes a cambio de un reparto de las posibles zonas petrolíferas hispano-marroquíes en el Mediterráneo.

"El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana rechaza lo que esto supone de violación del derecho de Canarias a la libre disposición de las riquezas y recursos de su territorio nacional y a establecer su desarrollo económico futuro, tal y como garantiza la resolución 1514 (XV) de las Naciones Unidas y el Estatuto Jurídico Internacional del Mar (Convención del Mar, Montego Bay (Jamaica),1982), ratificado por el Reino de España.

"Igualmente rechaza lo que supone de violación de todas las resoluciones de la ONU sobre el Sahara Occidental, al reconocer de facto soberanía de Marruecos sobre las aguas pertenecientes a un país ocupado.

"El Estatuto Jurídico Internacional del Mar regula de forma precisa aspectos como la zona económica exclusiva y las delimitaciones territoriales de las aguas de los archipiélagos, fijándose la aplicación territorial de las aguas de los archipiélagos exclusivamente a los Estados Archipielágicos.

"Sin embargo, la misma Convención del Mar establece en su artículo 1 que se consideran "Estados parte" las entidades contempladas en los apartados b), c), d) e) y f) del párrafo 1 del artículo 305, que en su apartado e), afirma que dicha Convención puede ser suscrita por "todos los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas, pero no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención, incluida la de celebrar tratados en relación con ellas".

Por todo ello el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana acuerda:

"1. Exigir la revocación de cualquier acuerdo, provisional o definitivo, sobre aguas territoriales canarias realizado a espaldas del pueblo canario.

"2. La paralización de cualquier extracción o prospección petrolífera mientras no se delimiten las aguas territoriales y se establezca la soberanía canaria sobre las mismas, incluyendo plenas competencias para fijar todas las medidas de seguridad, la capacidad de suscribir tratados internacionales en materia de derecho marítimo y la extracción por parte de una empresa pública canaria.

"3. Requerir al Gobierno de España que se dirija a las Naciones Unidas para el reconocimiento de Canarias como territorio con plena autonomía interna conforme a las previsiones de la Resolución 1514 de la Asamblea General.

"4. Igualmente, exigir del Gobierno de España que adecue su Constitución y sus leyes cumplir con el punto anterior, y de forma que se ceda a Canarias todas las competencias sobre sus aguas territoriales.

"5. De la misma manera, requerir al Estado español que dé a Canarias la capacidad de suscribir tratados internacionales en materia de derecho marítimo.

"6. Dirigirse al Parlamento de Canarias y al Gobierno de Canarias para que reclame tales capacidades y, en virtud de ellas, suscriba la Convención del Mar de 1982 y delimite las aguas interiores al perímetro archipielágico, y las 350 millas en torno al mismo como Zona Económica Exclusiva".

A pesar de no haber sido aprobada esta última moción, fuentes de UP valoran como positiva la clara delimitación que en este terreno se ha producido entre el resto de fuerzas y Unidad del Pueblo.