Lo de las aguas territoriales canarias pasa de castaño oscuro. Como no somos un archipiélago-Estado, sino un archipiélago bajo soberanía de otro Estado, y según la Convención del Mar de 1982, celebrada en Montego Bay (Jamaica) y ratificada por el Reino de España, no tenemos derecho a establecer las aguas interiores al perímetro archipielágico ni, mucho menos, a fijar la zona económica exclusiva (establecida en 200 millas náuticas, pudiéndose ampliar hasta las 350 a partir de enero de 2005).

España, como estado parte firmante del tratado, puede establecer su zona económica exclusiva desde su costa continental, pero no desde el territorio insular canario, por lo que solamente se le reconoce internacionalmente soberanía sobre las doce millas alrededor de cada isla. Evidentemente, tampoco puede fijar la mediana con Marruecos.

Es decir que, cuando vamos de Gran Canaria a Tenerife o viceversa, atravesamos aguas internacionales. Unas aguas que cabe entender dentro de la zona económica exclusiva marroquí, que se extendería hasta La Gomera. Por ello, el petróleo canario no puede ser explotado por los canarios (ni, desde el punto de vista del derecho internacional, tampoco por España), salvo que seamos un país independiente.

Claro que se podría interpretar la Convención del Mar favorablemente a Canarias porque, en su artículo 305, apartado e), afirma que puede ser suscrita por "todos los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas, pero no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la resolución 1514 de la Asamblea General (territorios en proceso de descolonización), y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención, incluida la de celebrar tratados en relación con ellas".

Para ello la ONU tendría que reconocernos como territorio archipielágico con plena autonomía interna en fase de descolonización. Y España tendría que reformar su Constitución cediendo a Canarias todas las competencias sobre sus aguas territoriales, incluso la de suscribir tratados internacionales. Mientras eso no pase, el petróleo canario podrá ser saqueado y aquí no quedará ni un euro. Eso sí, nos dejarán los vertidos, porque no tenemos capacidad para fijar la normativa de seguridad. Para las multinacionales la mamanza, y para nosotros la porquería, o sea.