Alcaldes españoles se eponen al matrimonio del mismo sexo
Un grupo de alcaldes españoles manifestaron que se negarán a la celebración de matrimonios del mismo sexo. Apelarán a la "objeción de conciencia" para evitar el cumplimiento de la ley aprobada recientemente por el parlamento español permitiendo esa celebración.
El Vaticano condenó la ley y pidió que su feligresía se opusiera a ella. Un sector de los Alcaldes que son del Partido Popular (PP), opositores al actual gobierno de España, lanzaron un movimiento manifestando que se negaran a esas celebraciones matrimoniales amparándose en la "objeción de conciencia.".
Según asesores de la Iglesia Católica Romana de España, entre ellos Rafael Navarro Valls, Catedrático de la Universidad Complutense, los y las objetores de conciencia contarían con un gran apoyo legal en España. A esa legislación local se agregarían otras instancias, como la legislación de Dinamarca, que defiende a las personas que por causa de sus convicciones se niegan a realizar esas ceremonias o el caso de Canadá que dejo abierta una instancia similar. Por otro lado, los y las objetores de conciencia de España tienen apoyatura en la Constitución Europea
No todo es claro en ese movimiento opositor ya que hay quienes están de acuerdo con la unión de parejas del mismo sexo pero objetan que se les llame "matrimonios", es decir que diferencia entre el hecho y la categoría que se le asigna.
Hubo también casos de excesos en los cuales algún alcalde aprovechó la circunstancias para denigrar a los homosexuales, como el de un pueblo catalán, por lo que mereció la suspensión del Partido Popular quien salio a diferenciar entre lo que fue una opinión particular y la posición del PP.
Por cierto que tampoco dentro del PSOE, que ejerce el gobierno, hubo unanimidad sobre esa ley. De todas formas el Gobierno advirtió que los funcionarios gubernamentales no pueden evadir la ley sin que se le aplique la reglamentación correspondiente ya que un hecho de ese tipo -evadir la ley cualquiera sea- se considera un delito.
La ley entra en ejercicio pleno en julio de este año.
+ (PE)
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