La ampliación del Puerto de Santa Cruz, no termina de arrancar. El clamor popular obligó a la Autoridad Portuaria a reconocer su error inicial y acometer la ampliación de este puerto, pero el proceso administrativo de la obra se prolonga sin razón aparente. Mientras tanto, una serie de obras y concesiones, ajenas todas ellas a la actividad de la estiba, entorpece el trabajo normal en el recinto portuario y sirve para argumentar una deficiencia operativa inexistente, como prueban los índices de productividad.

La muestra más reciente de estas inconsecuencias es el puerto deportivo en Valleseco. Aunque un informe, precisamente de Puertos del Estado, indica la improcedencia operativa, técnica y jurídico-administrativa de este proyecto, la Autoridad Portuaria insiste en otro estorbo más para las operaciones comerciales portuarias.

En cuanto a la ampliación del puerto, se presentan ahora dificultades para el rescate de la concesión de los astilleros existentes en el área afectada y se habla de la exigencia de la empresa concesionaria de altísimas cifras económicas para retirarse. Esto podría indicar la ilegalidad del propio concurso, por actuar sobre suelo no disponible. La Autoridad Portuaria afirma que la fase adjudicada no está relacionada con los astilleros, pero opiniones autorizadas insisten en lo contrario. En todo caso, la misma continuidad operativa del puerto que obliga a dividir la obra en dos fases exige también que ambas fases se sucedan sin interrupción. Con este asunto del astillero, las obras de ampliación se pueden eternizar y las administraciones están obligadas a recurrir a los procedimientos legales de defensa del interés general, respetando, claro está, los derechos de los trabajadores. Y, por cierto, tampoco parece que esté prevista la nueva localización de estos astilleros, imprescindibles para todo puerto importante.

La Autoridad Portuaria sigue insistiendo en el transbordo de contenedores por Granadilla, olvidando que los acuerdos y el sentido común indican que este puerto debe limitarse, como máximo, a la operación de graneles y servicio al polígono. Extremos, incluso, cuestionados, en especial lo relativo al proyecto de gasificación, que está dejando de ser la maravilla medioambiental que se dijo en un principio.

El proceder de la Autoridad Portuaria, avalado por el Gobierno de Canarias y los partidos políticos CC, PP y PSOE, está al borde de causar un serio perjuicio social, comercial y económico para Tenerife y Canarias, e impedirá el proyecto del mismo Gobierno de convertir al archipiélago en una plataforma atlántica de distribución de mercancías.

Tenerife depende de su puerto y, además, la presencia de nuestra isla en el transbordo de contenedores solamente será posible manteniendo el pleno funcionamiento el puerto de Santa Cruz. Las intenciones de atrofiar este puerto para justificar la construcción de uno nuevo constituyen un salto en el vacío, una aventura irracional que pone en peligro el desarrollo económico de Tenerife y la calidad de vida de las clases populares. Si las actuaciones oficiales contra el puerto de Santa Cruz no varían, el futuro cierto de Tenerife será recibir sus importaciones y sacar sus exportaciones por los puertos de otras islas y, por supuesto, quedar marginada del negocio de transbordo internacional, con un agravio comparativo y un perjuicio económico intolerables.

El tejido de servicios del puerto de Santa Cruz crea riqueza y soporta unos puestos de trabajo que benefician a todo el norte insular. Pero las actividades de carga y descarga desaparecerán si se mantienen las actuales políticas y la catástrofe social y económica será pavorosa. La sustitución del manejo de mercancías por la explotación turística y lúdica supondrá una disminución de empleo, en cantidad y calidad, que no podrá ser compensado. Con el actual desequilibrio de actividad entre el norte y el sur, no se puede destruir trabajo de calidad, máxime cuando la viabilidad operativa, comercial y económica de la actividad portuaria en el sur está en entredicho.

La planificación estratégica portuaria que está ejecutando el Gobierno de Canarias a espaldas de la voluntad popular, claramente expresada, desprecia los efectos sociales, económicos y medioambientales previsibles. Es urgente cumplir los compromisos de ampliar el puerto de Santa Cruz para que siga sirviendo al pueblo tinerfeño y canario.